lunes, 19 de octubre de 2009

A la caza de brujas

Los jueces, funcionarios políticos y muchos medios de comunicación social se prestan al juego de “La Caza de brujas”.
Denuncias de amenazas. Imputaciones sin sustento. Radio abierta Todo sirve para incentivar “La caza de brujas”.
Hace pocos meses, ante un ilícito cometido contra el estudio jurídico de la representante de la agrupación HIJOS, Dra. Lucila Puyol, la misma, el Diputado Provincial y militante montonero Antonio Riestra, además de otros funcionarios, con total ligereza, atribuyeron el hecho a personas vinculadas con los acusados por delitos de “lesa humanidad”. Se habló de un “mensaje mafioso” al quebrarle las piernas a una estatuilla y dejar la llave de gas abierta. Cuando el hecho fue esclarecido, se comprobó que se trataba de un delito común, consecuencia de la exclusión social y la inseguridad.
Después fue otro “mensaje mafioso” llevado a cabo mediante un dibujo sobre un retrato familiar en el despacho de la esposa del Fiscal José Ignacio Candioti, Susana Almeida. Este hecho, también fue atribuido a los mismos grupos, pero los medios no dijeron que “sirvió” para favorecer el traslado tan ansiado de la Sra. De Candioti a un destino más próximo al lugar de trabajo de su esposo.
Después vinieron las amenazas a la Sra. Patricia Isasa, mediante mensajes de texto. La gravedad atribuida a las amenazas llevó a la denunciante a de una conferencia de prensa.
Ahora se reflota una denuncia que atribuye a la Sra. María Eva Aebi, la apropiación de un hijo de desaparecido.
Pero ninguna de estas imputaciones contra los “represores” tiene sustento. Ninguna de estas imputaciones, pese a los adelantos tecnológicos y científicos, pudo ser comprobada. En tanto que el primero de los hechos mencionados que se imputaba a los mismos sectores, se comprobó, al ser esclarecido, que fue un delincuente común el autor del mismo.
Estas imputaciones mediáticas a las que el periodismo de izquierda motoriza, además de carecer de mayor sustento, permitirían comprobar, mediante una seria investigación, que se trata de falsas imputaciones.
Basta para ello, determinar desde que aparato telefónico se enviaron los mensajes de texto amenazadores, contra Patricia Isasa, o hacer los pertinentes estudios de ADN entre la detenida María Eva Aebi y sus hijos. O averiguar como obtuvo el dinero necesario para levantar la hipoteca o embargo que pesaba sobre su propiedad, el Sub Comisario retirado Juan Rafael Loréfice (a) “Lamparita”, en época contemporánea a su declaración ante el Juzgado Federal, imputando a sus camaradas policiales.
Pero hacer esto, dejaría mal parados a los terroristas de la década del ´70 y a sus cómplices y simpatizantes.
Todas sus acusaciones se basan y sostienen con testimonios cargados de odios, realizados por personas que de una u otra manera han obtenido beneficios económicos al manifestarse victimas de la represión estatal contra el terrorismo subversivo.
Por eso, estos hechos de la actualidad, no van mas allá de las denuncias mediáticas.

Orlando Agustín Gauna

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