jueves, 30 de diciembre de 2010

¿Si o no?

¿Podría alguien imaginarse a Cristina Fernández tejiendo escarpines en el verano del año 2012 en El Calafate? La respuesta es no. ¿Aceptaría ella, a cambio de renunciar a la reelección, representar el papel de embajadora itinerante del kirchnerismo o algo por el estilo? Ciertamente, no. ¿Será, entonces, la candidata presidencial del Frente para la Victoria el año que viene? Si bien a Seguro se lo llevaron preso, todo parece indicar que la señora, a más tardar en mayo, se inclinará por dar el sí que sus seguidores -tanto los ciudadanos comunes y silvestres como los funcionarios gubernamentales- aguardan no sin cierta impaciencia.
Quienes dicen conocer los secretos de la familia insisten en considerar el peso que habría tenido el pedido de su hija para que declinara la candidatura y se dedicara a llevar adelante empresas menos expuestas y peligrosas que las propias de la política. Puede que el reclamo haya existido y hasta sería lógico después de la muerte súbita de Néstor Kirchner. Sin embargo, de momento no hay -al menos de manera visible- ningún elemento de juicio, susceptible de ser tenido en cuenta, que permita siquiera insinuar la posibilidad de un paso al costado.
Si CFK pensase retirarse a cuarteles de invierno y sopesase, por tanto, la conveniencia de dejar que otro ocupase su lugar a la hora de definir la fórmula presidencial, su actitud casi con seguridad sería diferente. La viuda que ocupa en soledad la Quinta de Olivos es evidente que ha decidido mostrarle a la sociedad su razón independiente de ser respecto de la sombra de su marido que todavía revolotea por todo el tinglado del poder kirchnerista. Haber cambiado de tal forma sus modales -justamente ella, de ordinario crispada y al borde de un ataque de nervios- no es casualidad. La creación del ministerio de Seguridad, tampoco. Menos aún el reacomodamiento del gabinete hecho sin necesidad -hasta ahora- de fulminar excomuniones públicas y producir renuncias de resonancia.
Nadie obra de esa manera si está a punto de abandonar el poder, menos urgida por circunstancias adversas que por su propia voluntad. Claro que lo dicho no significa que será de la partida en octubre a cualquier precio. Seguramente si el espaldarazo que recibió el 27 de octubre se desvaneciese de un día para el otro -tal como apareció sin anunciarse y a instancias de una muerte fortuita- Cristina Fernández pensaría dos veces antes de aceptar la postulación que está en boca del país. Pero mientras dure el efecto luto y la gestión la acompañe razonablemente bien, lo más probable es que ella encabece la boleta electoral del Frente.
Cuenta hoy, a su favor, con una intención de voto sólida que, sin llegar a 40 %, la ubica en un cómodo primer puesto, lejos de sus dos inmediatos perseguidores: Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín. Tiene, además, el viento de cola económico que podría inflar las velas de su administración en los diez meses que faltan para substanciar los comicios presidenciales. Podrá mermar dos o tres puntos el crecimiento, si se lo compara con el de este año que toca a su fin, lo cual no quita que le sobren recursos para repartir antes de las elecciones.
Por último la sigue ayudando la dispersión del arco opositor y las disputas en las que se hallan enredados los radicales, el peronismo disidente, el socialismo y el PRO. Si acaso despuntase en el horizonte un candidato capaz de suscitar una gran expectativa y de generar un debate de ideas novedoso en el anquilosado sistema político argentino, la actual presidente tendría razones para preocuparse. Como lo contrario es cierto, el arco opositor continúa representando para Cristina Fernández una ventaja inapreciable.
Pasadas en limpio las buenas, analicemos las malas. Durante los siete años en que el santacruceño manejó los hilos del gobierno y del estado como un titiritero impiadoso, permitió la protesta social allí donde apareciese pero nunca perdió el control de la calle. La promesa -cumplida a rajatabla- de no reprimir los cortes de ruta, bloqueos de calle o lo que fuera, tenía una contracara tácita: mantener con los manifestantes, encubiertamente, vínculos suficientes para evitar que sus actos se saliesen de cauce. Cuando no pudo hacerlo, sufrió su primera derrota estratégica a manos del campo.
La situación ahora es otra. Distintas fuerzas de izquierda, en aquel entonces acotadas, han roto todo lazo con el oficialismo y amenazan escalar hasta límites impensados. Las tribus suburbanas, sintiéndose libre de hacer lo que les viene en gana, avanzan sobre barrios donde los vecinos se arman para impedir que se establezcan allí sus tolderías. Sectores enteros de clase media y media baja, cansados de que nadie los escuche, han decidido por las suyas cortar algunas de las arterias claves de acceso y salida de la capital y el Gran Buenos Aires en protesta por los cortes de luz que los afecta. En resumidas cuentas: si no ha perdido el control de la calle, por este camino y a este ritmo el gobierno lo perderá en cualquier momento.
Son cada vez más lo que comprenden que, para hacerse oír, nada hay mejor que crear un caos en el tráfico automotor. Venciendo no pocas prevenciones y muchas veces contra sus convicciones más íntimas, barrios enteros se pliegan a las formas de protesta que eran patrimonio de los piqueteros. Aunque no lo sepan o no quieran escucharlo, para ellos el fin justifica los medios. Así, pues, la caja de resonancia de la Argentina -la llamada, por Martínez Estrada, "cabeza de Goliath"- se ha trasformado en un pandemonio.
¿Con qué consecuencias políticas? De momento, el descontrol que ha ganado a la ciudad capital y parte del conurbano, lejos de perjudicar a su jefe de gobierno, Mauricio Macri, lo ha catapultado hacia arriba. En cambio, ha obrado en desmedro de Cistina Fernández de una manera que debería ser materia de análisis para sus incondicionales. Está visto que les ha jugado una mala pasada a los estrategas del kirchnerismo, siempre tan interesados de proclamar a los cuatro vientos su respeto absoluto por la protesta social y su decisión firme de no reprimirla.
Que el oficialismo no sabe para qué lado disparar lo demuestra la pobreza de sus argumentos frente a desmanes como los de Constitución y Villa Soldati. Si lo único que se le ocurre sostener es que Eduardo Duhalde, Mauricio Macri y el Partido Obrero conspiran en las sombras para desestabilizarlo, refuerza la idea -hoy generalizada- de que no tiene respuestas serias para hacer frente a la situación que amenaza escapársele de las manos.
Como no hay razones para suponer que el comentado descontrol vaya a desaparecer por arte de magia, el gobierno tiene un frente abierto que se irá ensanchando conforme pase el tiempo, y a los problemas de falta de viviendas, cortes de energía y ausencia del estado, se le sumen las presiones salariales que ya se hacen sentir.
A esta altura la administración de Cristina Fernández no puede ponerle freno a una inflación que difícilmente sea menor a 33 % el año próximo. Sería ilógico, pues, que frente a tamaña evidencia las fuerzas sindicales convalidasen las cifras del INDEC. En eso la góndola del supermercado ni miente ni perdona y Hugo Moyano es el primero en reconocerlo. No hay pacto social capaz de resistir semejante crecimiento de precios y no hay poder gremial que, por conformar al gobierno de turno, se subordine disciplinadamente a sus caprichos.
Sostener que el oficialismo no puede ponerle coto a la inflación es indistinto a decir que estará condenado, en un año electoral, a convalidar las presiones salariales de las bases o a perder su apoyo. El espectro que comienza a dibujarse en el empíreo político no resulta el de una hiperinflación agazapada. El escenario que se avecina es la falta de orden público unido a la inflación y las tensiones y demandas que habrá de generar en el corto plazo. Sumados estos factores, plantean la incógnita de cuán preparada está Cristina Fernández para salirles al cruce. Porque no estamos en la antesala de una crisis. La crisis ya estalló. De lo contrario habría que creer que la seguidilla de conflictos que vienen sucediéndose -principalmente en Capital Federal- son pura casualidad o fruto de una serie de complots cruzados.
Es realidad ni la teoría de la conspiración ni la del azar hacen pie en este asunto. El fenómeno de la privatización de la violencia y la recusación del orden público han echado raíces tan hondas en nuestra sociedad que es imposible cortarlas de cuajo. Por eso desde hace años convivimos en espacios sociales cada vez más degradados. Hoy el problema lo tiene el gobierno y si no acertase con el remedio Cristina Fernández podría tejer escarpines. Pero, inmediatamente, lo heredaría su sucesor, sea quien fuese, Scioli o Alfonsín, Sanz o Macri, Duhalde o Solanas.


¡Feliz Año Nuevo!



Por Vicente Massot
Fuente: Tábano informa


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domingo, 12 de diciembre de 2010

CUIDADO CON LA XENOFOBIA

La situación planteada en el llamado Parque Indoamericano no es nueva. Es un caso más de los muchísimos que cotidianamente se reiteran especialmente en las ciudades más importantes del país y no hace más que ratificar algunas cuestiones básicas.
Es evidente que existen organizaciones mafiosas vinculadas también con grupos radicalizados que se encargan de armar a los supuestos necesitados de viviendas: los proveen de los elementos necesarios y los dirigen hacia un objetivo determinado, de manera perfectamente orgánica y estructurada.
Detrás de las necesidades de la gente y también de intereses vinculados con el facilismo y la inmoralidad se anotan rápidamente intereses económicos y políticos. No creemos que nada de esto resulte novedoso para nadie.
La política y los políticos en general tienen una posición bastante laxa en cuanto a las medidas a tomar para evitar la usurpación de espacios no solamente públicos, sino también privados.
Siempre aparece el fantasma de la culpa, que normalmente juega con la idea de que los "pobres" deben ser de algún modo perdonados y ayudados, con lo cual cualquier actitud contraria a estos "principios" suele ser mal vista y por  consiguiente "impopular".

Así las cosas, los episodios de ocupación ilegal se multiplican, las bandas mafiosas o vinculadas a grupos políticos se multiplican. El "mercado" es rentable, esa es la verdad.
La gran cantidad de familias que de la noche a la mañana aparecieron ocupando el Parque muestra a las claras lo que aquí decimos.
En otros tiempos las villas se armaban poco a poco. La gente iba llegando del Interior o del Exterior y así iban poblando ciertos lugares en general en los alrededores o en las cercanías del límite de la Capital Federal. Ahora no. Ahora aparece un verdadero ejército de gente que un día para el otro no tiene dónde vivir, dónde dormir ni dónde comer.  Es evidente que alguien está detrás de este juego.
Si bien esto es sabido y también suele ser mencionado por el periodismo en general,  es factible observar cómo se avanza sobre ideas vinculadas con la llegada de inmigrantes ilegales, generalmente provenientes de países limítrofes, como la causa primordial de este problema.
De consuno, los llamados a los medios y los comentarios escritos en los sitios de Internet multiplican expresiones racistas y xenófobas. 
Todos parecen convergir en el hecho de que no existirían los "okupas" o se reducirían a una mínima expresión si  se controlara la llegada de inmigrantes de manera debida. Pero al mismo tiempo se utilizan términos descalificadores y francamente racistas hacia tales inmigrantes. 
Es necesario que la dirigencia argentina sin excepción ponga las cosas en su lugar. Acá hay que distinguir y muy seriamente cuestiones racistas o xenófobas de las ocupaciones ilegales de propiedades. Quien ocupa una vivienda o un terreno de modo ilegal comete un delito contra la propiedad con independencia de su origen, nacionalidad, color de piel o lo que fuere. Esto es demasiado obvio pero parece que para unos cuantos no lo es.
Hay que distinguir entre las necesidades de las gentes, cualquiera sea su origen, y la actitud dadivosa de la política en general, que concede títulos de propiedad y facilidades de todo tipo a quienes se han apropiado de lo ajeno.  Porque éste es el verdadero problema.
Se dice que en este caso en particular más de la mitad de los ocupantes son extranjeros, lo cual significa que si éstos no estuvieran, el problema se reduciría a la mitad, no a cero.
Ahora bien, cómo es posible que se centre el problema en la extranjería cuando debería centrarse en el respeto de las leyes.  
Es bien clara la cuestión: en la Argentina se obtienen dádivas con bastante facilidad presionando a los políticos de turno porque éstos sienten una gran dosis de culpa y prefieren ser "políticamente correctos", es decir, consentir. Consienten en este tema como consienten en muchos otros. Los cortes de rutas, las tomas de universidades, las capuchas y los palos, los bloqueos de las salidas de las fábricas y hasta los saqueos del año 2001.
A ello se suma un sistema de salud y escolar que está a años luz del de varios países de la región en cuanto a su gratuidad. 
En la Argentina es factible asistir a la escuela de manera gratuita. Es factible atenderse en los hospitales públicos de manera universal. No discutimos acá si es mejor o peor el servicio. Incluso si es pésimo en algunos casos. Lo cierto es que existe y existe desde hace muchos años.
Sabemos de extranjeros que se sorprenden por eso. Y no solamente de países limítrofes o latinoamericanos en general. 
Entonces: acá se suma lo "políticamente correcto" a un sistema de salud y educación muy superior al vigente en la inmensa mayoría de los países.
Cerrar las fronteras como intentan hacerlo países como los EEUU no resuelve el problema de la ocupación ilegal de propiedades. Ese problema se soluciona aplicando la ley. Y en el caso de tratarse de personas ingresas ilegalmente debe resolverse también recurriendo a la colaboración de consulados y embajadas.
Pero hay que tener sumo cuidado con el tema de la extranjería. La gente suele ser propensa a poner la culpa en el otro. Y los sentimientos xenófobos siempre están presentes.
Hay sobrada experiencia de lo ocurrido en otros países. De lo que ocurre en Europa. En España particularmente.
Los delincuentes son delincuentes con independencia de su nacionalidad. No solamente son "okupas" los extranjeros, sino también los argentinos. Y acá debe privar la igualdad ante la ley, con más razón cuando se trata de delitos.
La policía debería investigar, y el Ministerio del Interior es el principal responsable de ello, cómo se conforman las mafias vinculadas al tráfico de ocupaciones ilegales. Ni una sola palabra hemos oído del ministro del Interior. Esto no es un problema de la Ciudad de Buenos Aires o de Macri. Hay que dejarse de pavadas.
Llamamos la atención y lo reiteramos una vez más: cuidado con la xenofobia. Porque alentar ese sentimiento confunde el eje del problema y dispara la barbarie.
Por Héctor B. Trillo
Fuente:Tábano Informa