sábado, 25 de septiembre de 2010

El diputado Marcelo Parrilli defiende a militares presos

¿O acaso unos son mas “iguales” que otros?
¿O acaso unos tienen mas derechos que otros?
¿O acaso a unos les cabe el principio de inocencia y a otros no?

El diputado porteño Marcelo Parrilli del Movimiento Socialista de los Trabajadores por Una Nueva Izquierda (MST) fue Miembro fundador del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), organismo que contó entre sus miembros al tristemente célebre terrorista Jorge Baños, muerto durante el cruento asalto al Regimiento de La Tablada. Hecho terrorista cometido contra el Presidente Raúl Alfonsín, al haberse restablecido el sistema democrático en nuestro país.

En las contradicciones de esta “Nueva Izquierda” fundan una organización (el CELS) que se subvenciona con fondos de la Fundación Ford.
Marcelo Parrilli, quien hoy se opone a la extradición del terrorista Galvarino Sergio Apablaza Guerra, al que se acusa de cometer atentados contra la democracia chilena, también defiende a capa y espada a su “asesor y amigo personal” Antonio Liurgo, acusado de haber dejado un mensaje intimidatorio al Diputado Cristian Ritondo, lo que estaría probado por las cámaras que grabaron el momento en que dejaba el “paquete”.
En defensa del acusado, el “democrático” diputado Marcelo Parrilli, expresó “Es mi asesor y mi amigo personal. Además es un ciudadano y tiene derechos. Por ende, es inocente hasta que se pruebe lo contrario”.

Es infinita la cantidad de militares, miembros de las fuerzas de seguridad, personal policial y de los servicios penitenciarios detenidos durante años, acusados por supuestos delitos de lesa humanidad, que no tienen condena firme.
Han sido despojados de derechos adquiridos por aplicación de leyes que luego fueron inconstitucionalmente anuladas.
Han sido privados de beneficios de indultos otorgados constitucionalmente.
Se les aplican normas penales con efecto retroactivo.
Violándose los más elementales principios del derecho, se prolonga indefinidamente su prisión preventiva.
Ilegalmente se les niega derecho a prisión domiciliaria a quienes pueden acogerse a este beneficio.
Se les niega el libre acceso ala atención médica necesaria.
Se toma como base para su detención, denuncias con testigos falsos y manifestaciones inconsistentes, hechas en la mayoría de los casos por peligrosos delincuentes terroristas, que en connivencia con jueces y funcionarios políticos, además de buscar satisfacer deseos de venganza, procuran beneficios económicos.

Pero parece que sólo “esta clase” política tiene derechos.
Sólo ellos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

Orlando Agustín Gauna

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