...Se quedaron sin el “curro”
Y no me refiero al hombre que acusaron de delitos de “lesa humanidad”. No me refiero al “Curro” Ramos. Me refiero al curro de lograr buenos beneficios económicos a partir del asesinato de Silvia Suppo.
Silvia Suppo murió víctima de la inseguridad cotidiana promovida y facilitada por los defensores de los derechos humanos de los delincuentes. La asesinaron dos “trapitos”.
Dos infelices que no tienen ni adonde caerse muertos. No se les puede sacar ni una moneda.
Pero si el crimen quedaba impune se podía culpar a los represores; usarlo de bandera política y obtener “buena plata” en indemnizaciones y subsidios por esta nueva víctima de otro “delito de lesa humanidad”.
Pero esta “policía de mierda” vino a descubrir a los asesinos.
La misma “policía de mierda” que descubrió al “choro” que cometió el robo en el estudio jurídico de Lucila Puyol, la militante de H.I.J.O.S. en Santa Fe .
Y vinieron a capturar al ladrón, justo después que la entonces vice gobernadora Griselda Tessio, el terrorista y Diputado Antonio “Tony” Riestra y otras lacras hicieron declaraciones a los medios, culpando a los represores.
Pero lo del robo no era demasiado redituable. Sólo se podía usar políticamente para demonizar a los represores.
La muerte de Silvia Suppo era un “negoción”.
Decir que la habían asesinado para intimidar a los testigos de los juicios fabricados por delitos de lesa humanidad.
¡¡¡REPRESORES ASESINOS!!!
Correspondía pedir indemnizaciones y subsidios por este nuevo crimen de los represores.
El delirante periodista Carlos del Frade, escribía: El lunes a las diez de la mañana, en pleno centro rafaelino, muy cerca de una comisaría, Silvia fue ejecutada de nueve puñaladas realizadas por un experto.
La policía quiso arrebatar el cuerpo y enseguida sostuvo que se había tratado de un hecho de robo. La reacción de la familia fue fulminante. Exigieron el cuerpo de Silvia y lo llevaron a practicarle una autopsia en la ciudad de Santa Fe.
Hasta la propia vicegobernadora de la provincia, la ex fiscal federal Griselda Tessio comenzó a hablar de sicarios pagados y que es necesario esclarecer cuanto antes lo que sucedió con Silvia.
(http://www.pelotadetrapo.org.ar/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=3603&Itemid=0)
Esta “policía de mierda” vino a arruinar el negocio.
Había que seguir peleando para culpar a los represores y obtener los beneficios.
Para eso utilizaron los medios adictos para desacreditar a la policía, al juez y a cualquiera que dijera la VERDAD.
Fabricaron un “testigo de identidad reservada” para que mintiera tratando de inculpar al hijo de uno de los acusados por delitos de lesa humanidad.
¿Cuánto le habrán pagado?Marina Destéfani, hija de la víctima, declaraba: En lo que respecta a la causa del asesinato, tiene que ver con la decisión de sobreseer a dos personas que habían sido señaladas por un testigo de identidad reservada. Que se decide desvincularlas de la causa. Las dos personas no son Cóceres ni Sosa (actualmente acusados de la autoría material del hecho), son otras dos personas (Miguel Á. Mendoza y Emiliano M. Rodríguez) que habían sido identificadas como cómplices o partícipes del hecho por un testigo de identidad reservada en agosto del 2011. Y esta decisión fue apelada porque se toma sin ninguna medida previa, de forma injusta, consideramos nosotros, porque ni siquiera se les toma ninguna declaración.
Sin ninguna diligencia previa se toma una medida de este valor. Y así lo entendió la Cámara de Apelaciones de Rosario, dando lugar a nuestra apelatoria. Y no sólo en este sentido, sino que el fallo es mucho más amplio y trasciende esta medida concreta. Porque nuestra misma apelación era mucho más amplia.
También hace lugar a algo que se nos había negado, que es la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través del Programa Verdad y Justicia, que posibilita la intervención de la Policía Aeroportuaria. Es una fuerza que ha demostrado algunos avances en otros accionares que han tenido en distintos lugares del país. A nosotros nos preocupaba sobre todo que se desvinculara de este caso a la Policía de Santa Fe y particularmente, la de Rafaela, sobre la que pesan graves acusaciones. No sólo por su accionar y desprolijidades que habían cometido en esta investigación, sino por las acusaciones contra la misma que hubo en los testimonios de mi papá (Jorge Destéfani, sobreviviente y querellante, fallecido en 2009) y de Silvia. (http://argentina.indymedia.org/news/2012/06/815502.php)
Andrés Destéfani integrante del espacio Memoria, Verdad y Justicia. otro de los hijos de Silvia Suppo afirmaba en procura de hacer negocio con la muerte de su madre, “Su asesinato es un crimen político por ser testigo en diferentes causas de violación a los derechos humanos durante la última dictadura. A pesar de las pruebas recogidas que descartan la hipótesis del robo, no ha habido voluntad política ni de jueces ni fiscales. Hasta hoy la causa esta paralizada y no hay responsables”, entrevistado por la RNMA .Red Nacional de Medios alternativos
http://www.rnma.org.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=1553&Itemid=1
Y la verdad se impuso. Eran demasiado evidentes la forma y circunstancias del crimen. Ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través del Programa Verdad y Justicia, ni la Policía Aeroportuaria pudieron tergiversar los hechos.
El Diario Uno de Santa Fe publica: Los papers con las conclusiones aportadas a requerimiento del juez federal Reynaldo Rodríguez por recomendación de la Cámara de Apelaciones de Rosario y originada en un planteo de la querella, provienen del Programa Nacional Verdad y Justicia, organismo del Ministerio de Justicia de la Nación, y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El informe de la PSA descarta la línea de investigación tendida a partir de un testigo de identidad reservada que vinculaba a los presuntos autores del crimen, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, como partícipes de una conspiración urdida por el hijo del ex juez federal Víctor Brusa.
A su vez, el dictamen del Programa Nacional Verdad y Justicia, lejos de avalar la teoría conspirativa, concluye en que el “blanco (del homicidio) fue azaroso”, y tampoco consta que los supuestos autores materiales del crimen hayan contado con otro dato de inteligencia (elemento básico de un crimen por encargo) que el conocimiento de que Suppo se encontraba sola en el negocio al momento de cometer el asesinato.
En este reporte, se avala lo actuado por el juez de instrucción rafaelino Alejandro Mognaschi, a la que se cataloga como “prolija”, además de afirmar que no hubo posibilidades de que haya sido alterado el sumario “con algún objetivo impuro”.
Se afirma respecto a las declaraciones de los supuestos autores materiales (Sosa y Cóceres), que “atendiendo al tipo y detalle de las indagatorias y a lo básico de su nivel cultural, de haber existido la participación de un tercero que hubiera ofrecido una contraprestación económica para la comisión de delito y en el marco de una figura sicaria, los declarantes lo hubieran manifestado a las autoridades policiales y judiciales”.
Orlando Agustín Gauna Bracamonte.
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