Liga Argentina por los Derechos del Hombre

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre en una declaración que firman su presidenta, Graciela Rosenblum y su secretario, José Schulman, se oponen a que un privado de libertad, que no trató de eludir la acción de la Justicia, llevando cumplida casi la mitad de su condena, pueda estudiar.

Según la Liga, el Tribunal Federal de Santa Fe que lo condenó a 23 años de prisión, desconoce "la peligrosidad manifiesta de (Eduardo) Ramos" y "el carácter especial de los delitos cometidos por él, que llevó en su momento al Tribunal Federal de La Plata a decir en una sentencia que quienes los hubieran cometido, no pueden pasar ni un solo día fuera de la cárcel". Sin embargo, "el Tribunal a cargo de la sentencia acaba de otorgarle a Ramos el derecho a salir tres veces por semana para 'estudiar letras'. Una provocación contra las víctimas y la sociedad toda", apuntó.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, le niega a un hombre privado de su libertad, el derecho a capacitarse, para que cuando cumpla su condena pueda reinsertarse en la sociedad como un ciudadano útil.

Se habla de la “peligrosidad manifiesta” de Eduardo Ramos.

Desde el restablecimiento de la democracia en 1983 a la fecha, ¿cometió algún delito? ¿No estuvo trabajando en la Legislatura Provincial? ¿No estuvo trabajando en el Concejo Municipal de Santa Fe? ¿No estuvo siempre viviendo en Santa Fe y transitando por sus calles? ¿Cuál es su peligrosidad?

Se lo acusó y condenó por presuntos delitos cometidos como miembro de los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo subversivo.

Hoy, Eduardo Ramos no trabaja mas para los servicios de inteligencia, no tiene ningún poder ni capacidad para investigar y perseguir a los que pretendieron y pretenden instalar una dictadura comunista en nuestro país. Solo puede confrontar ideas y debatirlas dentro del marco establecido por la democracia. Carece de la peligrosidad que se le pretende atribuir.

Además, aquellos terroristas subversivos, hoy se han enquistado en las instituciones de la democracia, se dicen defensores de los derechos humanos y han suspendido su accionar criminal terrorista. Un palmario ejemplo es el Dr. Jorge Daniel Pedraza, capturado por los vecinos del centro santafesino, cuando en pleno gobierno democrático, participaba de un atentado terrorista contra el local comercial de la firma “Fiat Grossi” de calle San Martín entre Suipacha y Junín. Cumplida su condena y recibido de abogado, se declaró enemigo acérrimo de la dictadura militar, no de las dictaduras comunistas, y ahora como “tenaz luchador por los derechos humanos”, se desempeña como Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de la Provincia de Santa Fe.

En su sitio de Internet, http://www.liga.org.ar/ la Liga Argentina por los Derechos del Hombre señala entre sus objetivos “la solidaridad por una sociedad mejor” y en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales se manifiesta que la Liga, sin dejar ni por un instante su tradicional brega por los derechos civiles y políticos, tuviera que centrar su atención en la solidaridad con quienes están siendo desposeídos del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, a salarios y jubilaciones dignas.

Vaya contradicción, pretenden desposeer del derecho a estudiar a EDUARDO RAMOS.

Son los que se llaman a silencio cuando el pueblo es víctima de la peligrosa delincuencia que asola las calles y de la violencia cotidiana a que son sometidos los argentinos. A la fecha, se han cometido CUARENTA Y SEIS HOMICIDIOS (46) en Santa Fe y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre no se ha manifestado contra la peligrosidad de esos delincuentes. Entonces cabe preguntarse ¿por los derechos de qué hombres se preocupan?

Orlando Agustín Gauna

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Carta Abierta de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 28 de abril de 2010

Señor

Presidente de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación,

Dr. Ricardo Luis Lorenzetti

Palacio de Justicia

S / D.-

De nuestra consideración:

El pasado 7 de abril solicitamos formalmente una entrevista a ese alto Tribunal, para dar cuenta de la fundación de nuestra Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia, ocurrida el 12 de agosto de 2009, que hoy integramos más de trescientos abogados pertenecientes al foro de la ciudad de Buenos Aires.

Hasta hoy, no hemos recibido respuesta e, interpretando el silencio del excelentísimo Tribunal como una declinación tácita a la posibilidad de recibirnos, nos dirigimos públicamente a usted y, por su intermedio, a los demás ministros del cuerpo, para expresar, de este modo, lo que hubiéramos manifestado en el despacho del señor Presidente de haber sido recibidos.

Nos hemos asociado, señor Presidente, porque la Justicia está desvirtuada y la Concordia desconocida. Como abogados, tenemos el deber que surge de nuestro juramento profesional, por el cual, a través de la Constitución, nos comprometimos a"afianzar la justicia", de modo que ella pueda, así, alcanzar su objetivo, que es dar a cada uno su derecho. Como ciudadanos, tenemos el deber de procurar la concordia, la paz interior, bien común fundamental de cualquier sociedad política.

Desde luego, señor Presidente, cuando estamos a punto de celebrar los doscientos años de gobierno propio, podemos rememorar las muchas ocasiones en que justicia y concordia han sido vulneradas entre nosotros. También sabemos, señor Presidente, y saben usted y los ministros de excelentísimo Tribunal, qué papel airoso o desgraciado pudo caberle a la administración de justicia en la instauración, el mantenimiento o la condena a aquellas vulneraciones. A nuestra Asociación le preocupa, señor Presidente, la situación actual de injusticia y enemistad interna, que también -seguramente- desvela al alto Tribunal.

Nos inquieta, señor Presidente, la instauración, a través de fallos dictados por este Tribunal a partir del año 2003, de una suerte de derecho en dos velocidades, donde las garantías básicas contenidas en la Constitución, que este mismo cuerpo proclamó, hace ciento veintitrés años, "arca sagrada" y"palladium de la libertad", valen para unos y resultan absolutamente ineficaces para otros. A través de los precedentes "Arancibia Clavel", "Simón", "Mazzeo" y "Lariz Iriondo", a los militares y fuerzas de seguridad, empleados para combatir el terrorismo, se les han negado derechos y principios que rigen, desde siempre, para todos los ciudadanos que, en enumeración no taxativa, pasamos a exponer:

· Se ha desconocido el principio de legalidad, siendo estos ciudadanos juzgados por delitos llamados de "lesa humanidad", que no existían como tales al momento de los hechos y que, todavía, no han recibido tratamiento legislativo para que se los defina como a todo delito, evitando así el caos interpretativo que impera actualmente, y su consecuente utilización como fines políticos contra adversarios del poder de turno. Delitos o agravantes que no estuvieron, ni están, en el Código Penal, sino en un Tratado internacional ratificado con posterioridad a los hechos, cuya aplicación retroactiva está expresamente prohibida en su artículo 24, al igual que en la Constitución Nacional.

· Se han desconocido, también, y sólo a ellos, los institutos de la prescripción de la acción penal, de la cosa juzgada, del non bis in idem y de la aplicación de la ley penal más benigna.

· Se ha invocado, dogmáticamente, la costumbre internacional como sucedáneo de la ley penal escrita, sin tener precedentes de esa costumbre y atribuyéndole fuerza imperativa.

· Se les ha quitado al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo los dos instrumentos que la Constitución les otorga para cumplir el mandato de "consolidar la paz interior", revisando e invalidando los indultos y las dos leyes de amnistía dictadas por el Parlamento, llamadas "de obediencia debida" y "punto final". Y sólo en perjuicio de ellos.

Sólo a ellos no se les aplica el "plazo razonable" para su juzgamiento, consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, y se les agravan las condiciones de encierro, manteniendo prisiones preventivas por tiempo indefinido y a personas que superan los setenta años, edad en que los jueces deben conceder la prisión domiciliaria. Las cárceles no deben ser instrumentos de tortura y no están preparadas para recibir ancianos ni enfermos; haberlo olvidado ha generado decenas de muertos en cautiverio.

La conculcación de los principios apuntados permite afirmar que todos los ciudadanos estamos en libertad condicional. Abandonar la legalidad para alcanzar lo que, algunos, creen que sería justo, significa la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo, y ningún hombre de Derecho dejar de denunciarlo.

Entienda el señor Presidente, y entiendan los señores ministros, que nuestra Asociación no es un grupo de presión, como otros que pululan para continuar librando la desgraciada contienda de los años setenta bajo registro forense. A nosotros no mueve, repetimos, nuestro deber irrevocable de abogados, y nuestra obligación primaria de ciudadanos, por la Justicia y la Concordia. No exaltamos, retrospectivamente, los crímenes de unos u otros, ni propiciamos repetir hoy las demasías de ayer, como esos grupos de presión que, convertidos en parásitos de la curia, lo hacen a diario. No intentamos, tampoco, legalizar en actas judiciales una versión sagrada de la historia, haciendo que los jueces no juzguen personas sino que juzguen el pasado, como también oímos repetir diariamente. Queremos recuperar un derecho que dé a cada uno lo suyo, sin negar a nadie, por razones ideológicas, lo suyo correspondiente, y queremos recuperar la paz interior para poder, con espíritu de misericordia, acariciar cada herida del pasado y retirar la mano seca, en lugar de dejarlas sangrar a designio.

Esto es lo que hubiéramos querido plantearle en la audiencia que oportunamente solicitamos. De todos modos, señor Presidente, sea en su despacho o aquí, en la vereda de nuestro Palacio de Justicia, tenga en cuenta que hay una Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que no cejará en alcanzar sus objetivos; que a cada iniquidad y a cada desunión opondrá el derecho; y que estará recordando continuamente a los jueces el principio clásico de que "peor que sufrir una injusticia, es cometerla".

No se nos escapa, señor Presidente, señores ministros de la Corte, que están sufriendo ustedes, en este momento, inicuas presiones por parte del Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de los grupos de presión que recordábamos más arriba, esto es, de todos aquellos que pretenden convertir la justicia en su propia venganza, y la paz en el regodeo de su triunfo. No contentos con haber conseguido, en los estrados, un derecho ínfimo para sus enemigos, ahora van por más. No dude, excelentísimo Tribunal, que esta Asociación está a su lado frente a este intento de subyugación, precisamente porque están en juego la justicia y la concordia. Estamos a su lado, aunque sea en la calle.

Mariano Gradín (Secretario) Alberto Solanet (Presidente)

Adhieren:

ABERG COBO, Juan; AICEGA, Juan Luciano; ALFONSO CORREAS, Julio C.; ALGORTA, Rafael J.; ALVAREZ GARCÍA, Diego Emilio; AMADEO, Sofía; ANAYA, Jaime Luis;ANZOÁTEGUI, Martín; ARAMBURU, Eugenio; ARAMBURU, Pedro Eugenio; ARIAS, Darío Facundo; ARRIZABALAGA, Arturo José; AVOGADRO, Enrique Guillermo; BANDIERI BLANCO, Luis María; BARBOSA MOYANO, Carlos; BECCAR VARELA, Damián F.; BENITES, Manuel; BERISSO, Juan Carlos; BIEULE, Eduardo Alberto; BOTTA, María de Fátima;BILBAO, Carlos A.; BOSCH, Carlos; BOSCH, Fernando Miguel;BOSCH, Juan; BOSCH, Martín L.; BRADY ALET, Carlos A.;BRAGA MENÉNDEZ, Aníbal Antonio; BRUNETTA, José;BRYANS, Alberto Eduardo; BUSTAMANTE, Alejandro E.;BUTLER, Alejandro Tomás; CABALLERO, Adolfo;CARASSALE, Juan Manuel; CARÚ SARÁCHAGA, Eduardo P.;CHEVALLIER BOUTELL, Juan Pablo; DAIREAUX, Emilio;D'ANGELO RODRÍGUEZ, Aníbal; DARAIO, Alfonso;DAURAT, Jorge O.; de LEZICA, Miguel; de SAN MARTÍN,José; del CARRIL, Enrique V.; DELACRE, Santiago Tomás;DIEHL, Carlos; DUFOURQ, Félix; ESTEVA, Fernando;FERNÁNDEZ, Juan Esteban; FERNÁNDEZ HUERGO, Luis Daniel; FOURCADE, José Luis; FROLA, Edgardo; FROLA, Maximiliano; GALARCE, Lino B.; GALLARDO, Diego;GALLARDO, Juan Luis; GALLO, Eduardo Juan; GARCÍA GONZÁLEZ, Ernesto; GARONA, José Ignacio; GILLETA, Norberto Nicolás; GOLDARACENA, Fernando; GONZÁLEZ NOVILLO, Jorge Raúl; GOROSTIAGA, Adrián Nicolás;GUTIÉRREZ, Eduardo Sebastián; HARDOY, Emilio; IBARBIA, Diego M.; IGLESIAS VICTORÍN, Gervasio; IGOUNET, Oscar Gustavo; JULIANELLI, Pablo; KENNY, Alejandro J.; KLEIN, Guillermo Walter; LAGOS, Hilario; LAGO, Marcelo Guillermo;LAMAS, Jorge Leonardo; LANARDONNE, Tomás; LANDINI, Raúl; LANÚS, Marcelo; LENNON, Lucas J.; LIENDO, Gustavo Carlos; LIENDO, Horacio Tomás; LÓPEZ, Jorge Aldo; LOZA, Emilio; LUCHIA PUIG, Horacio M.; LLORENTE, Matías M.;MAGGIO, Pablo E.; MAIORANO, Carlos; MANSILLA MARTÍNEZ PAZ, Gustavo A.; MARTÍN, Marcelo E. (h);MARTÍNEZ DE HOZ, José (h); MARTÍNEZ ECHENIQUE, Luis M.; MÉNDEZ CURUTCHET, Tomás; MENÉNDEZ, Bernardo José; MIGUEL, Emilio A.; MILANO, Rodolfo Mario;MILIA, José Luis; MOLINARI, Ignacio; MONGUILLOT, María del Carmen; MORENO HUEYO, Guillermo; MUNILLA, Enrique; NEUMAN JONES, Diana Isabel; NOSEDA, Pablo;OJAM CALZADA, Juan Carlos; OLIVIERI, Julio; OLMEDO BARRIOS, Sebastián; ORONA, Oscar Alberto; OTAMENDI, Jorge; PADILLA, Augusto José; PALACIOS BACQUE, Norberto; PALACIOS HARDY, Diego; PALACIOS HARDY, Gerardo; PEDEFLOUS, Juan; PEPPE, Sergio Lázaro; PEREYRA ZORRAQUÍN, Esteban; PÉREZ IZQUIERDO, Gastón;PETERSEN, Patricio E.; PIFFARETTI, Rodolfo; PISANI, Alejo; PODESTÁ, Carlos Eduardo; PONS, Maximiliano Luis;POSSE, Abel; POUYSSEGUR, Martín; QUANTIN, Norberto;QUESTA, Carlos A.; RIAT, Juan Rodolfo; RICHARDS, José Patricio; RICCA, Luis Felipe; RINALDI, José Luis;RODRÍGUEZ, Germán; RODRÍGUEZ VARELA, Alberto;ROTH, Roberto; RUEDA, Pablo; SAINT JEAN, Daniel;SAINT JEAN, Federico; SAINT JEAN, Ricardo; SÁNCHEZ SORONDO, Matías; SARAVIA, Fernando Ignacio;SCHIAVONE, Edgar; SCHINDLER, Octavio; SCHINDLER, Octavio Martín; SICARDI, Jacinto; SPOTORNO, José María;SOMOZA, Lucio César; TOMMASI, Pablo; URDAPILLETA, Diego; VEGA OLMOS, Jimena; VERGARA del CARRIL, Juan Antonio; VERGARA, José Patricio; VIDELA, María Eugenia;VIGLIANI, Oscar Antonio; WHITE PUEYRREDÓN, Marcelo;YOUNG, Federico A.; ZAMBRANO, Luis María; ZAMBRANO, Rafael; ZOPPI, Fernando.

Publicada en diario La Nación (17 May 10)

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¿Patricia Isasa hizo una falsa denuncia?

Santa Fe de la Vera Cruz, 19 de mayo de 2010.

A la Señora Fiscal Dra. GRACIELA MARIA DE LOS MILAGROS PARMA DE CHAMPEAU

El que suscribe, Orlando Agustín Gauna, argentino, de 65 años de edad, domiciliado en el Barrio El Pozo, Manzana Nº 1, Vivienda Nº 19 de esta Ciudad, D.N.I. Nº 6.255.319, de conformidad a lo establecido por el Artículo 262 del Código Procesal Penal, se presenta espontáneamente ante esa Fiscalía y en conocimiento de las penalidades con que se reprime el falso testimonio, DENUNCIA:
Que por informaciones periodísticas, ha tomado conocimiento de que la Arquitecta Patricia Isasa habría denunciado a principios del mes de septiembre ppdo. haber sido víctima del delito de acción pública de AMENAZAS. Que tales amenazas habrían sido mediante mensajes de texto hechos desde un teléfono móvil con código de área de Reconquista. Que con el objeto de dar mayor trascendencia a su denuncia, convocó a una conferencia de prensa. Que en razón de que la denunciante ha sido querellante en la denominada “Causa Brusa”, cuyo juicio oral se iniciaba en esos días, los medios de comunicación social dieron amplia repercusión a sus manifestaciones.

La Señora Vice Gobernadora, Doña GriseldaTessio a través de comentarios a los distintos medios de comunicación social y de la página del Senado de la Provincia, http://www.senadosantafe.gov.ar/dpro-p.asp?id=3313 manifestó su repudio a las amenazas denunciadas por Patricia Isasa. Las informaciones periodísticas señalaban que la denunciante dio cuenta de las amenazas sufridas ante el Programa de Protección a Testigos, cuyos integrantes la acompañaban en su denuncia.
El dicente, que debido a su edad, ha vivido plenamente el ataque perverso y sanguinario a nuestro país de las bandas terroristas que asolaron décadas atrás, y que en su momento visitaba a uno de los detenidos en la Guardia de Infantería a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en todo momento dudó sobre la veracidad de los dichos de la Sra. Isasa respecto a los padecimientos sufridos durante su detención, y también dudó de la veracidad sobre su denuncia de las amenazas mediante mensajes de texto. Esto último, partiendo del supuesto que de manera fácil se podía lograr identificar al emisor de los mensajes.
Tiempo después de estas supuestas amenazas mediante mensajes de texto, el exponente comenzó a recibir mensajes de texto en su teléfono móvil 0342 155036171, vía correo electrónico en su dirección oagauna150@yahoo.com.ar, y comentarios en su blog http://orlando-gauna.blogspot.com/, de quien dice llamarse MARÍA ALICIA GIORGINA GARCIA FACINO, D.N.I.Nº 16.238878, domiciliada en calle Belgrano Nº 960 de la Ciudad de Reconquista, quien manifestaba ser la autora de los mensajes.
Que en virtud de ello, el compareciente se dirigió mediante correo electrónico a omblando@santafe.gov.ar, que según consta en el Portal del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, corresponde al Director Provincial de Programas de Derechos Humanos Sr. OSCAR MANUEL BLANDO, de quien depende el Programa de Protección a testigos, solicitando información del Juzgado actuante a los fines de testimoniar en la causa, aportando los elementos reunidos. Ante la falta de respuesta, mediante nota con el correspondiente acuse de recibo, ratificó el pedido de información ante el Sr. Blando. Su pertinaz silencio, dio lugar a que haciendo uso del Decreto que habilita el acceso a la información, requiera saber el Juzgado actuante por las amenazas que dice haber sufrido Patricia Isasa Se dió inicio al expediente 02001 - 0006075 – 3, que como se puede constatar en el Sistema de Información de expedientes, desde el 31 de marzo último, se encuentra en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, pese a haber excedido con creces el plazo que establece la norma legal, para brindar la información requerida.
Hace varios días, mediante fax, recibió el dicente una copia de la escritura 266, fechada el 14 de setiembre de2009, por la Escribana Marisel Ros de Vicentin, Registro Público Notarial Nº 32, que certifica que en el teléfono móvil exhibido por García Facino, consta que ha mandado un mensaje de texto el 4 de setiembre de 2009 a las 22:22:57 que dice: la amenaza a la esposa de Candioti resultó ser una broma que podés leerla en www.reconquista.com.ar. Que en dicho celular consta que el mismo día a las 22:26:38 recibió un mensaje del destinatario de aquel mensaje, con el texto: Quien lo envía? Y consta una respuesta enviada a las 22:34:21. También se certifica la existencia de un tercer mensaje enviado por Garcia Facino el 8 de setiembre de 2009 a las 18:40:47, con el texto: Yo te avisé, te quedaste callada ¿Estás contenta de que aquí publiquen que ustedes inventan las amenazas?
Así, del primero y del tercero de los mensajes de texto, que son los dos que la Sra. Isasa denuncia como amenazantes, surge que la Sra. Garcia Facino, que sería simpatizante de lo querellantes de las causas contra la represión, primero le avisa a Isasa que las amenazas contra la esposa del Fiscal Federal José Candiotti no eran tales, como podía comprobarse en lo publicado por el portal de Reconquista, como para advertirle que era conveniente quedarse callada y no pasar el papelón de repudiar amenazas que no existieron. Y luego le reprocha que se pueda publicar que se inventan las amenazas.

Cabe suponer que la Sra. Patricia Isasa tiene amplios conocimientos de informática, ya que publica una página en Internet http://www.patriciaisasa.com.ar/ donde describe su versión sobre los que combatieron el terrorismo en la Argentina. Con tales conocimientos pudo fácilmente acceder al portal www.reconquista.com.ar, en el que ese día 4 de setiembre, el mismo día en que recibió el primer mensaje, se publicaba bajo el título “FUE LA NENA”, en http://www.reconquista.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=4971&Itemid=42, una información en la que se daba cuenta que las presuntas amenazas sufridas por la Sra. Susana Almeida, esposa del Fiscal Federal José Candiotti mediante unos dibujos hechos sobre una foto familiar, no eran tales, sino que había sido una travesura de una nena hija de la secretaria penal del juzgado federal de Reconquista, Dra María Eugenia Zarza, aclaración que tampoco tuvo la debida difusión y llamó a engaño a toda la sociedad, dando lugar a expresiones de repudio a las amenazas (inexistentes) que dicen sufrió la Sra. De Candiotti y que gracias a esas inexistentes amenazas, la Sra. De Candiotti fue favorecida con un inmediato traslado a un destino próximo a su esposo.
De todo ello surgen elementos suficientes para sospechar que la señora Patricia Isasa habría cometido el delito de FALSA DENUNCIA, previsto y penado por el Código Penal Argentino en su Artículo 245. Falsa denuncia que habría tenido por objeto aumentar la victimización de los denunciantes por los delitos denominados de lesa humanidad, demonizando aún mas a los imputados. No pudiendo alegarse que desconocía que los mensajes de texto no tenían entidad suficiente para sospechar la mas mínima amenaza o intimidación que pudiera constituir delito, mas aún contando con el asesoramiento o acompañamiento del abogado OSCAR MANUEL BLANDO, del Programa de Protección a testigos y de quien en varios portales de Internet figura como abogado y Secretario Nacional de la Liga Argentina por Los Derechos del Hombre. JOSÉ SCHULMAN.
A la vez, su denuncia, fue útil para dar mayor trascendencia al supuesto “mensaje mafioso” contra Susana Almeida y favorecer el traslado de la misma a un destino próximo a su esposo José Candioti, el Fiscal de la “Causa Brusa”, donde como queda dicho, Patricia Isasa era querellante.
Por todo lo expuesto, se solicita a la Señora Fiscal, promueva el correspondiente requerimiento de instrucción al Magistrado competente para que se de inicio a la investigación tendiente a comprobar si Patricia Isasa cometió el delito de FALSA DENUNCIA y si Oscar Manuel Blando, José Schulman y/u otras personas intervinieron como cómplices, auxiliadores o instigadores del hecho, conforme los deberes y atribuciones establecidas en los Artículos 84 y 85 del Código Procesal Penal de la Provincia.
DAR LUGARA LO SOLICITADO
SERÁ JUSTICIA.

Orlando Agustín Gauna

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Inseguridad sin madres, ni abuelas, ni H.I.J.O.S.

45 homicidios se han cometido en lo que va del año, en una Santa Fe que atraviesa el período mas violento de su historia.
Estas muertes no fueron causadas por las fuerzas policiales. No se puede hablar de “gatillo fácil”. No se puede hacer juicio al Estado. Acá no hay “curro”.

Será por eso que no se ven manifestaciones de las “madres y abuelas de Plaza de mayo” reclamando “justicia”.Ni siquiera están los H.I.J.O.S.
Tampoco se ven ni escuchan manifestaciones ni declaraciones altisonantes de los grupos de izquierda o pseudo progresistas. Ellos no pueden pedir represión. Ellos son los únicos que se reconocen aptos para ejercer la represión, como se advierte en cualquier país comunista.

Una mujer y su hijo son detenidos por haber embestido y provocado la muerte del delincuente que les robara una motocicleta. Está actuando la justicia. No obstante, otros delincuentes, familiares o amigos del occiso tirotean la casa de las victimas del robo de la moto. Los pañuelos blancos y los trapos rojos no se ven reclamando justicia.
Una joven y humilde trabajadora, víctima de arrebatadores, cae de su bicicleta y muere por el golpe. Los pañuelos blancos y los trapos rojos no se ven reclamando justicia.
Un anciano es asesinado por menores en su domicilio, con fines de robo. Los pañuelos blancos y los trapos rojos no se ven reclamando justicia.
Una joven prostituta es asesinada de dos tiros. Pero nuestros legisladores despenalizan el ejercicio de la prostitución en Santa Fe para que no puedan ser molestadas cuando, como esclavas sexuales ofrecen su cuerpo por un dinero que casi en su totalidad va a manos de sus explotadores. Los pañuelos blancos y los trapos rojos no se ven reclamando justicia.

Son innumerables los robos que con mayor o menor violencia, se cometen a diario en la Ciudad de Santa Fe. Todos estamos expuestos y temerosos, por nosotros mismos y por nuestros seres queridos. Pero los pañuelos blancos y los trapos rojos no se ven reclamando justicia. Sus portadores quisieran gritar ¡NO A LA REPRESIÓN! Pero esa expresión resultaría demasiada antipática en estos momentos. Entonces se llaman a silencio.
Y la clase política, responsable de brindar seguridad y culpable de la inseguridad...

¿Qué hace?

Orlando Agustín Gauna

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Alegato del Gral. Santiago Omar Riveros

Señores miembros del Tribunal,

Me he enterado por un matutino de la Capital que en este nuevo juicio ya estoy condenado, si esto es así me lleva a pensar que en nada puede influir lo que manifieste en este momento sobre la decisión que ustedes tomarán sobre mi suerte.
De cualquier manera y con todo respeto y con la misma convicción con la que me expresé en mi juicio anterior les digo; Uds. pueden juzgarme cada vez que me presente ante este tribunal pero no deben hacerlo ya que no son mis jueces naturales como sostiene el Art. 18 de la Constitución Nacional y que hasta hoy no ha sido modificado.

En la primera causa caso Avellaneda ya expresé lo que tenía que decir en un simple alegato: jamás tuve participación como Comandante de Institutos Militares en dicha causa. No tenía autoridad ni misiones ni responsabilidades en esas circunstancias en la guerra contra el terrorismo.

Es imposible demostrar lo contrario a pesar de la cantidad enorme de testigos que desfilaron ante este tribunal. Sin embargo estoy cumpliendo una condena dictada por este tribunal en una cárcel que por su estructura y sus diversos sistemas es incompatible para preservar mi estado de salud adecuado para mi avanzada edad.

Otros asiduos testigos ex pertenecientes al Ejército se han manifestado con vehemencia en estos tribunales. Sería importante investigar por qué lo hacen en nombre de la democracia cuando estaban sublevados para derrocar a un Presidente de facto que había convocado a elecciones.

Otros que hablan de órdenes inmorales impartidas cuando han cumplido sin chistar todas las órdenes durante la guerra contra el terrorismo, y otras de un Gobierno Constitucional sobre cuestiones que hasta hoy no han sido debidamente investigados (caso Armas y Río Tercero).

Otros que arrojan zapatos y sillas que por buenos reflejos no dieron en el blanco, y así sucesivamente.

LA OBEDIENCIA DEBIDA

En primer lugar debo reconocer expresamente que soy el único y exclusivo responsable por todo lo actuado por quienes fueron mis subordinados en el Comando de Institutos Militares durante la guerra contra el terrorismo.- Ellos, en base a lo ordenado por el Art. 514 del Código de Justicia Militar, cumplieron órdenes legítimas impartidas por mí que bajo ninguna circunstancia pudieron resistir o desobedecer so capa de violar lo establecido por los arts. 674, 675, 677 y 678 del citado Código y ser penados incluso con la pena de muerte.- Por las mismas razones y bajo las mismas circunstancias, tuve la obligación de cumplir con las órdenes que me impartiera el Comandante del Ejército a través del Jefe del Estado Mayor que estrictamente cumplí.-

Ha sido el propio Estado Argentino quien desde el ingreso al Colegio Militar de la Nación nos educó y formó en el sistema disciplinario basado en el cumplimiento estricto de las órdenes impartidas por los superiores cualquiera fuere su contenido, dado que el subordinado carecía del derecho de inspección siendo su único deber constatar si quien impartía la orden era el autorizado para ello, pues él era el único responsable por las consecuencias de su cumplimiento. La unidad de un ejército se sustenta en el acatamiento a rajatabla del principio de obediencia al superior por parte de sus subordinados.-

El principio de la obediencia es el que fundamenta la justificación de las acciones de los subordinados por el Art. 514 del Código de Justicia Militar.- Probada la existencia de la orden, el subordinado nada tiene que acreditar para justificar su conducta toda vez que estamos frente a una presunción legal que no admite prueba en contrario.- Fué solo a partir de la ley 23.049, sancionada con posterioridad a los hechos de la causa y por lo tanto no aplicable a ellos, que los subordinados no están obligados a cumplir las que implicasen la comisión de hechos aberrantes.-

En base a los antecedentes citados cabe destacar que el subordinado tendrá mayores razones para creer en la legitimidad de la orden en tiempo de guerra que en tiempo de paz, ya que en tiempo de guerra resulta difícil encontrar órdenes que por sí solas puedan revelar su ilegitimidad.- En relación a este punto, la Cámara Federal al condenar a los Comandantes dijo: en consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la república argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria .

Lo dispuesto por el Art. 514 del Código de Justicia Militar no implica la impunidad ante un hecho delictivo sino que esa norma atribuye su autoría a la persona que impartió la orden por ser ella exclusivamente quien actuó con dolo y utilizó a sus subordinados como medios inertes para lograr la comisión del delito.- La naturaleza jurídica de esta causal de justificación de las conductas se apoya en los mismos principios que animan a las causales contempladas en los siete incisos del Art.34 del Código Penal y en este caso, a la contemplada en el inciso 5° con la diferencia que el militar subordinado carece de facultades para inspeccionar la calidad de la orden que recibe.

Cuando se acredita la existencia de la orden y la condición de subordinado del imputado obligado a cumplirla, la presunción de la ley ordenada en el Art.514 del Código de Justicia Militar debe ser respetada en base no solo a la falta de dolo sino al hecho de que ha sido el propio Estado Argentino quien nos educó y formó como militares en el sistema de obediencia analizado e impuesto legalmente en el Art. 514 del Código de Justicia Militar en su versión a la época de los hechos. Los hechos denunciados están comprendidos en forma evidente dentro de las órdenes impartidas por los Comandantes según determinado por la Cámara Federal en el juicio a las Juntas Militares con el carácter de la cosa juzgada.

Todas las órdenes que impartí a mis subordinados fueron conforme a los reglamentos militares.- Yo no ordené el secuestro de nadie, ni torturar ni robar, sí la detención de algunas personas tenidas por terroristas cuyas responsabilidades y destino no fueron apreciadas ni determinados por mí como será explicado durante el patrullaje y control de población, misión de guerra que tuvo el CIIMM en la función de su orgánica y capacidades operacionales.

ANTECEDENTES DE LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO

El terrorismo, método utilizado por un sector de la clase política en la década del 60/70, llegó a su punto culminante a principios de 1975 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón donde las Fuerzas Armadas por orden expresa de las autoridades constitucionales, adoptando una organización acorde al tipo de operaciones a ejecutar, iniciaron las mismas con el fin de individualizar a los terroristas, capturarlos e identificados como tales, proceder a su ejecución.- Ese procedimiento fue continuado durante el gobierno de facto nacido el 24 de marzo de 1976 que nada cambió pues siguió haciendo exactamente lo mismo que hasta entonces había realizado el gobierno constitucional derrocado.-

El Gral. Acdeel Vilas, cuando asumió la Jefatura del Operativo Independencia en Tucumán a principios de 1975 dijo: juro exterminar a los apátridas, empleando métodos no convencionales de lucha y a partir de ello comienzan las bajas terroristas en Tucumán.

El precio pagado ha sido enorme y las bajas constituyeron con el tiempo una carga insoportable que se convirtió en la fuente permanente donde siguió abrevando el odio que ha llevado a los terroristas luego de derrotados ferozmente en el campo de las armas, a violentar el sistema de la ley a través del desconocimiento de sus principios fundamentales para satisfacer sus deseos de venganza, pretendiendo en base a esas distorsiones cambiar la historia tratando de mostrarlos como jóvenes idealistas paladines de la democracia exentos de toda responsabilidad por el drama que con su locura desencadenaron en la República.-

Ellos fueron el brazo armado de la política imperante.

Cuando el 12 de octubre de 1973 asumió la presidencia el Gral. Juan D. Perón, al hablar desde el balcón de la casa de gobierno lo hizo detrás de un vidrio blindado.- Poco tiempo después, el 22 de enero de 1974, el mismo Perón en carta dirigida a la guarnición del Ejército de Azul por el ataque terrorista sufrido el día 19 de ese mes, decía: Quiero, asimismo, hacerles presente que esta lucha en que estamos empeñados, es larga y requiere en consecuencia una estrategia sin tiempo.- El objetivo perseguido por estos grupos minoritarios, es el pueblo argentino, y para ello llevan a cabo una agresión integral. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía, harán que el reducido número de psicópatas que va quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la República.

Perón en la quinta de Olivos el 31 de enero de 1974 dijo: La Tendencia no es justicialista, es socialista. Por ello levanta el grito de la Patria Socialista.- Nosotros somos justicialistas y el socialismo nacional del cual hablamos nada tiene que ver con el marxismo. No vamos a permitir que nos estafe la Tendencia con su afirmación de que es revolucionaria, porque aquí los únicos revolucionarios somos nosotros, revolucionarios justicialistas.- Primero vamos a reconstruir al país y luego lo vamos a liberar. Los que se oponen a esta reconstrucción son quienes quieren el caos y la destrucción y no constituyen solamente un problema político, el ERP tiene un 50% en la clandestinidad saqueando, secuestrando y el otro 50% dentro nuestro, disfrazado con la camiseta peronista en el entrismo. Los diputados que se fueron, los de la Tendencia Revolucionaria, hicieron bien en renunciar porque no estaban de acuerdo con la ley que castiga a los delincuentes.

En junio de 1974 el ERP había publicado en El Combatiente: Para ir destruyendo paulatinamente a la fuerza oponente se necesita construir un ejército popular de carácter regular. Ese es el objetivo hacia el que se dirige la iniciación de la guerrilla rural. La actividad de ésta debe asegurar la existencia de unidades militares que disputen el terreno y logren en determinado lapso la existencia de bases de apoyo y posteriormente zonas liberadas.

Miguel Bonasso, hoy diputado nacional, un terrorista nunca juzgado que tuvo una alta responsabilidad en la conducción de los Montoneros, en su libro EL PRESIDENTE QUE NO FUE avala lo dicho hasta aquí en cuanto a la profundidad y complejidad del problema, como así también que los enfrentados no fueron un grupo de militares enloquecidos que súbitamente y perversamente combatieron a jóvenes idealistas e inocentes movidos por su solo su entusiasmo veinteañero.- Allí dijo:

El 24 de marzo, encerrado en su refugio clandestino de Villa Martelli (donde poco después lo encontraría la muerte) Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), había escrito su proclama: Argentinos a las armas, donde auguraba: El paso dado por los militares da comienzo a un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria (página 37).

Emilio Maza y Norma Arrostito redactaron cinco comunicados.- El 5 presentaba a los integrantes de Montoneros como hombres y mujeres profundamente argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la mano por la toma del poder para Perón y para su pueblo.(página 145)

La inmensa mayoría de los presos políticos que poblaban las cárceles de la dictadura militar eran combatientes de las organizaciones guerrilleras.- (página 476).

Al frente de la veintena de guerrilleros que participó directamente en la captura de los Born, iba el antiguo líder de la JP, Rodolfo Galimberti, devenido Secretario militar de la columna norte, la más temeraria de las columnas montoneras.- (página 610).

El Washington Post elogiaba el patriotismo de los militares. La cultura encarnada en Borges, Sábato y Castellani almorzaba con el general Videla en la Rosada y el Partido Comunista daba su apoyo crítico a estos mandos liberales para evitar el siempre temido arribo de los fascistas.- (página 36).

Eduardo Anguita miembro del ERP que participó en el acto terrorista del copamiento del Comando de Sanidad del Ejército ocurrido el 6 de setiembre de 1973 donde perdiera la vida el Coronel Emilio Duarte Hardoy y heridos otros militares, con Martín Caparrós, también ex-terrorista, son los autores del libro titulado LA VOLUNTAD donde en el segundo tomo dijeron:

En el diario Noticias la mayoría de los periodistas militaban en agrupaciones montoneras o acordaban con su línea, pero había algunos que no.- Era dirigido por un ámbito de conducción donde estaban Miguel Bonasso, Juan Gelman, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Horacio Verbitsky, Goyo Levenson y Silvia Rudni. Entre sus redactores se encontraban Silvina Walger, Zelmar Michelini, Alicia Barrios, Carlos Ulanovsky, Jorge Carnevale, Pedro Uzquiza, el muy novato Martín Caparrós, Eduardo Rafael y otros, siendo su Secretario de Redacción Pablo Giussani.- Goyo Levenson era su administrador: el que solía recibir paquetes de dinero fresco, que venían, en buena parte, de un par de secuestros de gerentes de empresas extranjeras que los Montoneros habían cobrado en esos días. (página 227).

El Che Guevara movía la cabeza de un lado al otro y para sorpresa de Manuel (Gaggero) tenía una cierta papada y una guayabera muy civil.- Pero después, los 25 argentinos fueron a parar a un campamento, más precario que espartano, con comida fea y arañas pollito en el baño. A cada uno le dieron un Garand y una mochila bastante pesada.- Después de la primera salida larga de instrucción, volvió a ver al Che.- Esta vez vestido de comandante, acompañado de unos cubanos que no hablaban y hubo asamblea.- El discurso de Guevara era simple.- Bueno, lo que hicieron acá, hay que hacerlo en Tucumán, en Salta.- Formar bases, irradiar grupos a otras zonas.- (página 223).

Perón a los ocho diputados que respondían a la Juventud Peronista: Estamos enfrentando una responsabilidad que nos ha dado plesbicitariamente el pueblo argentino.- No nos han pegado con saliva.- Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios.- Si no tenemos la ley, el camino será otro, y les aseguro que puestos a enfrentar violencia contra violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarlos, y lo haremos a cualquier precio.- Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia.- (página 247).-

Graciela Daleo ante la muerte del sacerdote católico Carlos Mujica.- Carlos Mujica había sido su maestro, el primero que le fundamentó la necesidad de apelar a la lucha violenta para acabar con la explotación cuando todas las otras vías estaban cerradas y agotadas.- Sentía que, como alumna, lo había superado: que se había quedado atrás, que les había dado los elementos y la manija para ir a doscientos por hora y había seguido caminando a paso de tortuga.- Se decía que, en realidad, eran los límites que solían tener lo curas: que podían comprometerse mucho pero tenían un tope, el techo que les ponía la iglesia, y que su única posibilidad de saltar ese tope era romper con ella.- Pero era terrible que ahora estuviera muerto.- (página 318).

Y los montoneros aumentaron sus operaciones militares con una campaña de ajusticiamientos de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de los traidores a la causa de los trabajadores, para continuar construyendo el poder militar del pueblo.- (página 416).

A Carlos Menem: Que opina de la participación del Ejército en la lucha antiguerrillera?.- En particular, estoy profundamente de acuerdo.- La participación de las Fuerzas Armadas es un hecho que no podía demorarse, además los compañeros de las fuerzas conjuntas y de seguridad están haciendo patria con mayúsculas.- (página 493).

Desde la muerte de Perón, la violencia política había producido 503 muertos, de los cuales 53 eran policías, 22 militares, 13 empresarios, 38 eran activistas de derecha y el resto, 377, eran militantes de la izquierda y el peronismo revolucionario.- (página 512).

Yael, el palestino, tenía sus ideas: Las FAP son peronistas. Los montoneros son fascistas. No, no es así. Sí, yo les conozco bien, estudié bien.- Les conozco: vinieron por entrenamiento aquí con nosotros.- Yael era uno de los Jefes del Frente Popular por la Liberación de Palestina. (página 514).

Revista Gente julio de 1975: Ahora la guerra está entre nosotros, en la sirena de los patrulleros, en el vértigo de las autobombas, en el coraje sereno de la Brigada de Explosivos, en nuestro Ejército en Tucumán.- Sentimos que nuestra forma de vivir......

ha sido dominada por la violencia. ....
De allí que nos neguemos a aceptar este aquelarre de sangre, bombas, secuestros, asesinatos, terrorismo urbano, terrorismo rural, etc. esté ocurriendo aquí, en la Argentina de nosotros......

Primero que nada debemos asumir nuestra realidad. Estamos en guerra y nadie nos salvará sino nosotros mismos........

El blanco de ésta guerra no es el gobierno, ni una clase social, ni los militares, ni la universidad, ni los empresarios, ni los dirigentes obreros, sino el país en su conjunto.-

Por ello ésta es una guerra ideológica, porque a todos nos quieren imponer otro destino.- Lo que está en juego es el poder, es decir el mando político de la comunidad, y con ello nuestro albedrío para decidir nuestro futuro. Cuando éste devastador incentivo ingresa en cualquier contienda, la lucha es a muerte y definitiva.- (página 562).

El argumento de la dirección del PRT era que las Fuerzas Armadas no iban a poder reprimir simultáneamente las insurrecciones urbanas y las guerrillas rurales. Una vez que pudieran declarar una zona liberada lanzarían una campaña internacional para sumar aliados y, sobre todo, para que la comunidad internacional aceptara la existencia de una guerra civil y se respetaran las normas de la guerra. Santucho insistía con la necesidad de reglas:.......si hacían las cosas bien, en cinco o seis años se podía tomar el poder y que ya había un grupo preparado para el establecimiento de un segundo frente rural en El Cadillal, en la zona norte de Tucumán, donde había montañas para esconderse, cerca de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.-(página 565).

El pelotón Montonero de combate Arturo Lewinger voló la fragata misilística Santísima Trinidad, que estaba siendo alistada en los astilleros de Río Santiago de la Armada. (página 570).

Dos días después apareció en un baldío de Rosario el cuerpo del mayor Julio Larrabure, que llevaba más de un año secuestrado por el ERP. (página 570).

Y, en el aeropuerto de Tucumán, una bomba montonera alcanzó a un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que llevaba 114 gendarmes que venían de pasarse dos meses de operaciones antiguerrilleras en el Aconquija.- No hubo cifras oficiales, pero se supo que murieron unos treinta.- (página 571).

Aunque era muy difícil hacer un cálculo preciso, se suponía que, en ese momento, la organización Montoneros tenía de 5.000 a 10.000 combatientes y milicianos.- Sus simpatizantes eran muchos más.- (página 571).

Marzo 1976. El lunes 15, un coche preparado con veinte kilos de trotyl y un detonador teledirigido explotó en la puerta del edificio Libertador, el comando general del Ejército, justo cuando entraba una comitiva de altos oficiales. Los Montoneros dijeron que el general Videla estaba entre ellos y que se había salvado por un pelito.- Cuatro Coroneles y otros doce oficiales quedaron heridos y un camionero que pasaba murió. (página 655).

Ricardo Balbín dijo que no tenía soluciones.Ahí está la guerrilla ¿por qué vino y quién la trajo? poniendo al país en peligro y encendiendo una mecha en el continente americano. Nadie se preocupa de eso. Pero para la destrucción por la violencia de la Argentina, la guerrilla intensificada en el país pasa las fronteras. Y puede llegar el día en que, sin querer o queriendo, encuentre convulsionado su país, amenazada su República. Por eso traigo nada más que una invitación.- Conozco todos los rumores.- Sé de todas las inquietudes.-Se conjugan los movimientos de las Fuerzas Armadas argentinas, esas importantes fuerzas argentinas. Las que soportaron todo. Las que enterraban a sus muertos y hablaban de las instituciones del país. Estas Fuerzas Armadas que no vi nunca, que están ahí defendiendo y sufriendo, ayer nomás, el atentado brutal, sumado a los otros atentados. (página 656).

Luis Mattini, de la máxima conducción del ERP, en el reportaje publicado en La Nación el día l2 de enero de l997 admitió que el ERP tenía alrededor de 600 hombres en armas e influían además en 8.000 personas que colaboraban económicamente, prestaba una casa o daban un dato, ocu¬rriendo todo eso en l975. Por su parte los Montoneros tenían 2.000 hombres en armas a los que hay que sumar los que estaban bajo su influencia que no precisa, pero que si mantiene la misma relación que en el caso del ERP sumarían 26.600 personas.

La periodista Viviana Gorbato en su libro Montoneros, soldados de Menem ¿soldados de Duhalde? en las páginas 97 y 98 transcribe las palabras de Jorge Falcone relacionadas con su hermana adolescente que fuera una de las protagonistas de la llamada La noche de los lápices: Mi hermana no era una chica ingenua quien peleaba por el boleto estudiantil.

Ella era toda una militante convencida.......¿Tu hermana y vos eran montoneros convencidos?.- Sí. Nadie nos usó ni nadie nos pagó.- No fuimos perejiles como dice la película de Héctor Olivera, que yo mismo asesoré hasta donde pude.- Nadie nos escribió los libretos.-Fuimos a la conquista de la vida o la muerte.- ¿Vos sentís que la película no muestra eso? En el departamento donde cayó mi hermana se guardaba el arsenal de la UES de La Plata.......Cuando se dio la película, yo fui llevado en andas con Pablo Díaz, el sobreviviente, del cine al Obelisco. Allí dije que mi hermana estaba en la clandestinidad con documento trucho, que respondía a una orgánica revolucionaria.- Eso puso a todos nerviosos.- No querían escuchar esas cosas. Mi hermana no era una Caperucita Roja a la que se tragó el lobo, aunque tampoco tengo intención de convertirla en una guerrillera heroica.- Era una militante revolucionaria.

En el mismo libro, Alicia Pierini a partir de la página 117, luego de haber admitido su militancia montonera y narrado aspectos muy duros de su experiencia en la organización, concluyó diciendo en relación a los juicios a las Juntas Militares: "Con este tema siempre mantuve una línea original si se quiere: siempre cuestioné toda la política del Alfonsinismo, cuestioné que se viera enmarcado dentro del ámbito penal lo que había sido una lucha política, con crímenes de guerra, pero lucha política.- Cuando se hace el juicio a las Juntas en el 85, yo cuestioné que esto jurídicamente no tendría destino, que sería un hecho político con formato jurídico. Porque en derecho penal hay autores, coautores, cómplices, encubridores.- Si seguíamos aplicando el derecho, acá no quedaba nadie en pié o por lo menos medio país iba a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. La verdad es más importante que el castigo.-Es más importante el hecho político que el jurídico.- El indulto corta definitivamente con esa cuestión juridicista y abre una etapa política. Con eso estuve de acuerdo: con que había que poner el conflicto en el espacio político".

Por su parte los diarios de sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores ilustran sobre el punto que estamos tratando y así puede leerse en ellos:

Cámara de Senadores, Marzo 10 / 11 de 1976, Diario de Sesiones, página 3880.-

Senador Allende. Córdoba.....viene siendo asolada por actos de violencia..... En mi ciudad hay miedo....y lo digo responsablemente porque hay que ir a Córdoba y salir al atardecer.- Las calles a esa hora comienzan a estar desiertas.

Senador Angeloz. Los hechos ocurridos ayer en Córdoba (secuestro de un ex-Ministro del Interior y del Secretario de la Bolsa de Comercio) se han venido repitiendo a lo largo de estos dos últimos años....Debo confesar que en el día de hoy he golpeado las puertas: la del señor Ministro del Interior, la de la Policía Federal, la de algunos hombres del Ejército. Y el silencio es toda la respuesta que he encontrado.....Desde esta banca aparezco impotente para proteger la vida de los habitantes de Córdoba....Los senadores de la Nación tenemos las manos atadas y no encontramos solución para asegurarles la vida.

Senador Bravo.- En nuestro país....hay un vacío de poder y no hay conducción de gobierno. Esto hay que decirlo con toda claridad. Sabíamos que había allí un ministro, un señor López Rega que había creado las Tres A y de una u otra manera evitábamos considerar el tema.

Senador de la Rúa.-El señor senador ha aludido a la perspectiva de guerra civil. Diría señor Presidente que estamos al borde del abismo......Mueren policías a diario. Caen soldados. La violencia y la inseguridad están en la calle.

Senador Bravo. este gobierno del cual también somos parte, está en una pendiente inclinada y viene cayendo. Si no lo recogemos entre todos, y ponemos orden, alguien va a tomar la conducción del país.- Ningún país queda un día sin gobierno.

Diario de Sesiones página 3421, Diciembre 12 de 1975.-

Senador Perette. Las Fuerzas Armadas están luchando para asegurar el estilo de vida de la Nación.

Senador Brizuela. una violencia desatada, inhumana, bestial, que asesina brutalmente, que secuestra, que tortura sin piedad, rapta, bajo pretexto de servir a ideales políticos.

Senadora Minicheli de Constanzo. Esta de hoy no puede ser mi patria.

Cabe destacar las elocuentes manifestaciones del diputado Stecco del Frejuli Por eso ésta Cámara de Diputados, dicta las leyes del país, debe dar amplios poderes a nuestras FFAA y de seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguirlos a sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo.

Lo transcripto recrea el ambiente político en los años del terrorismo y prueba que sus actores no eran inocentes jóvenes idealistas como interesadamente suele sostenerse, por el contrario eran fanáticos combatientes que buscaron satisfacer sus ideales por el camino de la violencia que los llevó al terrorismo al cual sirvieron con una lealtad digna de ser reconocida.-

DECISIONES ADOPTADAS POR EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL

El gobierno constitucional, a solo cuatro meses de la amnistía que había concedido, enfrentó el problema del terrorismo primero mediante el Decreto 1454, Boletín Oficial 25/9/73 dictado a de declarando ilegal al ERP, al PRT y a sus colaterales en estos términos:
Visto: La intensificación de los hechos de violencia de grupos subversivos; y

Considerado: Que no obstante la reiterada convocatoria a la pacificación y a la unidad nacional que realiza el Gobierno desde su asunción del mando el 25 de mayo ppdo. materializada en una amplia y generosa ley de amnistía así como en los indultos dispuestos, existen grupos de personas que han resuelto enfrentarse al proceso institucional en curso y a la convivencia política pacífica entre los argentinos;

Tal es el caso del llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, el que ha desatado contra el Gobierno y sus autoridades y diversas instituciones, una campaña de amenazas, difamación y actos concretos de violencia, en abierto desprecio de los valores más sagrados, cuales son las vidas humanas y los derechos de las personas, a las que no vacilan en sacrificar, haciendo juego a las más violentas corrientes reaccionarias;

Nuestra Constitución ha calificado esta actitud como delito de sedición, atribuyéndolo a toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya derechos del pueblo;

No se trata de proscripciones o discriminaciones de tipo ideológico.- El Gobierno reconoce y respeta a todas las asociaciones que se mueven dentro de la ley. Pero nada justifica la ilícita asociación para la violencia o la propaganda que incita a ella y que tienden a destruir las bases de la democracia que procuramos recuperar en plenitud;

La democracia requiere el mantenimiento de un consenso mínimo, y es la capacidad de no considerar al conciudadano como enemigo sino eventualmente como ocasional adversario, y aceptar las reglas de juego correspondientes. La democracia requiere diálogo y el respeto mutuo. Quien elige la violencia se margina voluntariamente y el poder público, al comprobar resta realidad insoslayable, no puede renunciar a su misión de custodio del orden y seguridad comunes;

Por ello,

el Presidente de la H.Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros decreta:

Artículo 1°: Declárase ilegal la actividad el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo.........Firmado: Lastiri, López Rega, Gelbard, Llambí, Taiana, Robledo, Benítez, Vignes y Otero.

A pesar de los esfuerzos realizados, en 1975 como consecuencia del alto grado de peligrosidad y amenaza que significaba el intento de crear una zona liberada en la provincia de Tucumán con el propósito desde allí intentar la conquista del poder político de la Nación, el Gobierno Nacional de María Estela Martínez de Perón, dispone la iniciación de operaciones militares con el denominado Operación Independencia, para aniquilar los elementos subversivos cuya zona de acción comprometía las vidas y los patrimonios de los habitantes de la provincia de Tucumán, elegida como sostén logístico para el desarrollo de operaciones rurales y urbanas.

El plan de operaciones se perfeccionó formalmente con la creación del Consejo de Defensa en octubre de 1975 encabezado por la Presidenta de la Nación en base a la cual la Junta Militar dictó la orden general de operaciones impuesta a los Comandantes de cada Fuerza quienes a su vez impartieron su orden de operaciones a los comandos de cuerpo o de zona y éstos a los comandos de brigadas o subzonas y comandos de áreas.

A partir del año 1975 entró en vigencia el nuevo Reglamento de Operaciones contra Elementos Subversivos en el cual se explican las tres Fases de la Subversión:

1) Clandestina,

2) Abierta con creación de zona dominada y

3) Abierta con acción generalizada.-

Por existir opiniones controvertidas en la interpretación del alcance de los decretos dictados durante el gobierno constitucional, a la luz de la doctrina vigente en ese momento y antes de seguir adelante conviene precisar el significado de los términos: Operaciones Militares como las acciones realizadas para eliminar a la subversión abierta; Operaciones de Seguridad las llevadas a cabo para separar la población de los elementos subversivos asegurando los recursos y bienes tanto públicos como privados y Aniquilamiento como la destrucción o reducción a la nada quebrando la voluntad de lucha del enemigo con el costo en sangre que sea necesario.

El reglamento de Leyes de Guerra, sistematiza y contiene todas las convenciones internacionales referidas a la guerra, suscriptas por nuestro país. En él están aclaradas las condiciones que deben reunir las fuerzas irregulares para ser considerados guerrilleros (uso de uniformes, llevar las armas a la vista, operar bajo las órdenes de un jefe responsable, etc.), los que en caso de rendirse, deben ser considerados prisioneros de guerra, mereciendo el trato establecido en dicho reglamento. Los francotiradores o partisanos, por no respetar las Leyes de Guerra no están protegidos por sus prescripciones y si son capturados no les corresponde el status de prisioneros de guerra.-

Contra las operaciones clandestinas de partisanos o combatientes irregulares como se denomina a los que no respetan las Leyes de Guerra, se ordenó accionar básicamente mediante operaciones de inteligencia y de contrainteligencia para su detección, ubicación, captura y aniquilamiento.

Fue en una situación límite que comenzó a ejecutarse la Operación Independencia siendo el inicial el período más duro y el que produjera la mayor cantidad de muertos y desaparecidos, ocurriendo ello cuando el Gobernador de Tucumán era Amado Juri a quien además, como integrante del Consejo de Seguridad Interior (Decreto 2770/75), le cupo la responsabilidad de brindar todo el apoyo moral y material a las operaciones y lo hizo al extremo de condecorar a su Comandante en oportunidad de su relevo.

Vicente Massot en su documentado libro Matar y Morir donde ha tratado la violencia política en La Argentina, al respecto señaló que el Gral.Vilas entendió que en la capital de Tucumán se resolvería la suerte de la guerra y por ello decidió golpear en todos los frentes sin atenerse a formas ortodoxas de lucha, diferenciándose así la lucha en la ciudad de la del monte pues en la última se guardaban las formas clásicas combatiendo a un enemigo que vestía uniforme en un territorio determinado en cambio, en la primera, fue de carácter irregular combatiendo contra quienes además de operar sin uniforme impidiendo con ello su identificación como efectivos militares, estaban mimetizados en la sociedad . El Gral. Acdeel Vilas, como fuera ya adelantado, no hesitó en emplear métodos no convencionales conforme lo indicado por la doctrina militar.- El aumento masivo de los desaparecidos comienza a principios de 1975 en Tucumán.

En la misma medida en que se fue controlando a las organizaciones terroristas en el monte Tucumano hasta lograr su derrota, se fué incrementando el terrorismo urbano en todo el país circunstancia que por su gravedad extrema llevó al gobierno, repitiendo lo que hiciera en 1973 en relación al ERP, a declarar y calificar a la organización montoneros como una asociación ilícita de carácter terrorista dictando a tal fin en el año 1975 el decreto 2452, Boletín Oficial 12/11/75 en el cual se dijo:

Visto la intensificación, gravedad y características de los hechos de violencia, de los grupos subversivos; y

Considerando: Que el país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no es un fenómeno exclusivamente argentino.-

Que tal internacionalización dificulta en gran medida la total represión del terrorismo y el proceso de pacificación argentino, lo que exige extremar las medidas tendientes a este objetivo.

Que aquella actitud subversiva constitucionalmente configura el delito de sedición.

Que no se trata de proscripciones o discriminaciones ideológicas, toda vez que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan o fomenten.

Que en tal situación se encuentra el grupo subversivo autodenominado Montoneros, sea que actúe bajo esa denominación bajo cualquier otra.-

Por ello, la Presidente de la Nación Argentina, decreta:

Artículo 1°.- Prohíbese el proselitismo, adoctrinamiento, difusión, requerimiento de ayuda para su sostenimiento y cualquier otra actividad que efectúe para lograr sus fines el grupo subversivo Montoneros, ya sea que actué bajo esa denominación o bajo cualquier otra que la sustituya.........Firmado: M. de Perón, Damasco, Garrido, Emery, Corvalán Nanclares, Ruckauf y Arrighi.

Las acciones de inteligencia conforme a la doctrina eran fundamentales para infiltrarse en las organizaciones terroristas e individualizar a sus miembros y conocer sus responsabilidades.- Para ubicar al terrorista era necesario montar un complejo sistema de inteligencia con unidades operativas muy pequeñas con gran autonomía.

Sería una guerra contra un enemigo cuya irregularidad hacía extraordinariamente difícil su identificación ya que no se diferenciaba dentro de la población civil donde vivía disimulando su verdadera condición circunstancia que impedía distinguirlos del hombre común.- Los terroristas adoptaron una organización para llevar adelante sus propósitos que no respondía a los cánones clásicos de la guerra. No había frentes de batalla ni ejércitos uniformados.-Estaban mimetizados en la sociedad.- Su organización celular con nombres de guerra y férreo controles de los movimientos de sus integrantes, demandó un esfuerzo enorme cuyo peso mayor recayó como ya dijera, en las actividades de inteligencia que a un elevado precio lograron primero infiltrar las estructuras terroristas las cuales, una vez conocidas, permitió avanzar en su desarticulación individualizando a sus componentes. Jugó un papel importante la captación de terroristas que pasaron a colaborar con los servicios de inteligencia.-

Concluida la contienda, algunos de ellos se convirtieron en acusadores de militares a fin de justificar sus conductas que entrañaron la entrega de ex compañeros y así evitar represalias.- Sobre ese tipo de guerra las Fuerzas Armadas tenían una formación teórica pero ninguna experiencia.- Esos fueron los datos de la realidad en base a los cuales el Poder Ejecutivo con pleno conocimiento de ella y del plan de operaciones implementado, impartió la orden de entrar en guerra. Los terroristas detenidos que fueran miembros activos de las organizaciones ERP y Montoneros que ya habían sido calificadas por el gobierno como asociaciones terroristas de carácter ilícito mediante los decretos antes transcriptos, debían ser aniquilados o sea eliminados, procedimiento aplicable por no caberles la aplicación de las leyes de la guerra dado que no eran soldados regulares sino partisanos que por tales estaban excluidos de ese tratamiento.-

El Congreso y la dirigencia política tanto oficialista como opositora conocieron el mandato impartido a las Fuerzas Armadas por el Poder Ejecutivo. Nadie levantó su voz. Por decreto 2770 / 75 se creó el Consejo de Seguridad Interna para ejercer la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión, siendo quien debía ejecutar toda tarea que en orden a ello impusiera la Presidencia de la Na¬ción, coordinar a todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales, conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subver¬sión y planear y conducir el empleo de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales para esa lucha. El decreto 2772/75 estable¬ció que las Fuerzas Armadas bajo el comando superior de la Presidencia de la Nación y a través del Consejo de Defensa, debía proceder a ejecutar las operaciones milita¬res y de seguridad a efectos de aniquilar el accionar de la subversión.

Dentro de ese marco centenares de perso¬nas fueron privadas de su liber¬tad y desaparecieron durante el gobierno constitucional durante l975 y el primer trimestre de l976.-(Nicolás Márquez,La otra parte de la verdad, págs. 143/153). No hubo un día D. Tampoco hubo una directiva común para las tres Fuerzas sino que cada una de ellas impartió la suya, siendo el objetivo final de las acciones emprendidas la eliminación física de los terroristas ubicados y capturados. Hubo dos frentes de acción. El primero que era visible llevado adelante por las fuerzas en forma convencional mediante la vigilancia y patrullaje que podía derivar en enfrentamientos abiertos como el de la defensa de los cuarteles de Monte Chingolo ocurrido a fines de 1975. El segundo, estuvo a cargo esencialmente de las fuerzas de Inteligencia que lograron infiltrar a las organizaciones terroristas y quebrarlas. El ataque de Monte Chingolo había sido detectado por la acción de inteligencia y su precio fué la ejecución por parte de los terroristas del agente infiltrado.

Las operaciones se extendieron a todo el país en octubre de 1975. Frente al caso concreto de detenciones cabían tres alternativas:

1) La libertad ante la falta de toda evidencia de culpa o sospecha,

2) La puesta a disposición de Poder Ejecutivo si solo existía un estado de sospecha,

3) El aniquilamiento en los casos que se comprobaba por el procedimiento militar y en base a las pruebas reunidas que se trataba de terroristas, medida que decidía el Comandante en Jefe del Ejército.

Todos los operativos, fueron documentados y hasta su destrucción, estos antecedentes se encontraban en los Estados Mayores de las Fuerzas, en el Ministerio del Interior (coordinador de la información) y en la sede de los respectivos comandos. Debe quedar claro que nadie fue perseguido por su forma de pensar, ideología, raza, nacionalidad, religión o condición social sino exclusivamente por su calidad de terrorista y prueba de ello es que durante el gobierno militar regresaron al país numerosas personas que tuvieron que irse del país perseguidos ideológicamente por la Triple A en 1974 y 1975.

En virtud del decreto 158 dictado por el Presidente Raúl Alfonsín, se llevó a juicio a quienes ejercieron el máximo poder político y militar solo a partir de 24 de marzo de 1976 por los hechos cometidos de allí en más, siendo condenados y posteriormente indultados. Por los mismos hechos cometidos antes de esa fecha durante el gobierno constitucional, por la limitación arbitraria impuesta por el Dr. Alfonsín, no se investigó a nadie, violándose con ello el principio de igualdad ante la ley. No se investigó lo que podría inculpar a los políticos que fueron los responsables directos de establecer el marco para las acciones contra el terrorismo. Todo se limitó a los militares, que han sido y siguen siendo víctimas de una acción mediática perfectamente orquestada y dirigida.

Fueron las autoridades constitucionales las que planearon e iniciaron la lucha contra el terrorismo a partir del año 1975 y es por ello que les caben las mismas responsabilidades que el Presidente Raúl Alfonsín adjudicara en el Decreto 158 de 1983 a los miem¬bros de las Juntas Militares y a los mandos de las Fuer¬zas Armadas como responsables mediatos por las desapari¬ciones ocurridas a partir del 24 de marzo de 1976. Ellas, políti¬ca y militarmente, como expresamente lo reconoció el Alto Tribunal citado, fueron los autores de toda la legislación sancionada, de los planes y de las órdenes para cumplirlos para combatir al terrorismo.

LAS ORDENES IMPARTIDAS A LAS FUERZAS ARMADAS

En octubre de 1975 el Consejo de Defensa impartió la Directiva 1/75 (lucha contra la subversión, de la cual cabe resaltar:
5. Misión.- Las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y demás organismos puestos a disposición de este Consejo de Defensa, a partir de la recepción de la presente Directiva, ejecutarán la ofensiva contra la subversión, en todo el ámbito del territorio nacional, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado.
6. Ideas rectoras.-
A), 1) La complejidad de la subversión y las características del enemigo, imponen la necesidad de emplear los medios disponibles en forma simultánea y concurrente a través de los niveles siguientes: a) Nacional: a cargo del Consejo de Seguridad Interna, en lo relativo a la estrategia general.....b) Conjunto: a cargo de Consejo de Defensa con la asistencia del EMC en la implementación de la estrategia militar y conducción del Poder Militar.- c) Específico: a cargo de cada Fuerza, con su jurisdicción territorial, en lo relativo al cumplimiento de la misión impuesta.-
6, B) 1) Efectos a lograr.- Las acciones deben tender a: 1) Obtener una clara información, sobre los elementos que integran el aparato político-administrativo y sus elementos subversivos clandestinos y abiertos
6, B) 3) Aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre ellas.
6, D), 1) Las operaciones a desarrollar por las Fuerzas serán bajo el concepto del accionar conjunto.- Para ello las Fuerzas establecerán los acuerdos necesarios para lograr un inmediato y efectivo apoyo mutuo.
7, a) Ejército.- a), 2) Conducirá con responsabilidad primaria, el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión, a fin de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a disposición
11, f), 2) Informe semanal. Los días viernes antes de las 12.00 horas conteniendo la síntesis de las operaciones realizadas y resultados obtenidos.
Del contenido del último punto transcripto y del punto 6, B), 3), surge clara e inequívocamente que se ordenó aniquilar a los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas, es decir a sus integrantes, que por ello fueron aniquilados cuando fueron individualizados y detenidos y que todas las operaciones documentadamente fueron informadas semanalmente.
De las órdenes impartidas inicialmente por el gobierno constitucional y mantenidas por el de facto a partir del 24 de marzo de 1976, fueron debidamente informados todos los oficiales del Ejército.

MIS RESPONSABILIDADES MILITARES DURANTE LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO

Para facilitar la determinación de mis responsabilidades durante la lucha contra el terrorismo, describiré donde y en cual tiempo las ejercí.
A fines del año 1975 hasta fines de 1978, bajo la dependencia directa del Comandante en Jefe del Ejército, fui designado Comandante de Institutos Militares cuya sede se encontraba dentro de la guarnición de Campo de Mayo.- De ese Comando dependían las unidades que a continuación detallaré cuyo personal estaba subordinado a mi mando.-
El Colegio Militar en El Palomar.
La Escuela Superior de Guerra en la Capital Federal.
La Escuela Superior Técnica en la Capital Federal.
La Escuela de Inteligencia del Ejército en la Capital Federal, en lo referente a coordinación de cursos en su
Aspecto Doctrinario y Técnico dependía de la JII Inteligencia del EMGE que inspeccionaba dicha Escuela.
La Escuela de Infantería en Campo de Mayo.
La Escuela de Caballería en Campo de Mayo.
La Escuela de Artillería en Campo de Mayo.
La Escuela de Ingenieros en Campo de Mayo.
La Escuela de Comunicaciones en Campo de Mayo.
La Escuela de Sub-Oficiales Sargento Cabral en Campo de Mayo.
La Escuela General Lemos de Servicios y Apoyo para el combate, en Campo de Mayo.
La Escuela de Tropas Andinas en San Carlos de Bariloche, Pcia de Río Negro.
El Liceo General San Martín, en San Martín, Pcia. de Bs. As.-
El Liceo General Belgrano en la ciudad de Santa Dé. Pcia. de Santa Fe.
El Liceo General Paz en la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
El Liceo General Espejo en la Ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza.
El Liceo General Roca en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut.
El 21 de mayo de 1976 se creó la Zona de Defensa IV siéndome adjudicado su comando por el Jefe del Estado Mayor del Ejército ejerciendo desde entonces mi responsabilidad en las misiones operativas haciéndome cargo de lo que hacía a la seguridad y defensa no solo de las unidades que componían el Comando de Institutos cuyo personal como dijera me estaba subordinado sino que comprendió todas las unidades de la Guarnición de Campo de Mayo tales como el Batallón de Aviación; la Cárcel de Encausados, el Batallón de agua; el Hospital de Campo de Mayo; el Batallón de Comunicaciones 101, Destino Móvil de Gendarmería o el Batallón de Intendencia cuyo personal y funcionamiento siguió subordinado a sus comandos naturales, limitándose mi responsabilidad exclusivamente a los aspectos de la seguridad y defensa externas de esas unidades en mi carácter de Jefe de la Guarnición. Ver Comunicado del Ejército sobre Guarnición firmado por el Gral. Alfonso.


LAS ORDENES DE OPERACIONES

Cuando me fueron confiadas responsabilidades operativas en la Zona de Defensa IV el 21 de mayo de 1976, preparé la orden de operaciones por escrito que fue elevada al Jefe del Estado Mayor General del Ejército quien la aprobó.
La zona de defensa IV, en su organización territorial, se diferenció de las otras Zonas de Defensa por no estar dividida en Subzonas al no contar el Comando de Institutos Militares con Brigadas, conformándose directamente por áreas. El citado Comando carecía de Unidades de Combate estando integrado por unidades de Formación y Perfeccionamiento constituidas por las diferentes Escuelas siendo su finalidad y razón de ser, la formación y enseñanza de los cuadros del ejército y no el combate para lo cual no estaban adecuadamente capacitadas y carecía de formaciones de Cuerpo de Ejército.

Los Directores de cada una de las Escuelas tenían asignadas dos responsabilidades: una como Director y la otra como Jefe de una de las áreas en las que fue dividida la Zona IV para combatir al terrorismo que comprendía un número determinado de los partidos del suburbano norte que la integraban. Las operaciones militares impuestas para combatir al terrorismo en el marco de una guerra revolucionaria y por lo tanto no convencional, como ya dijera se clasificaban en operaciones de Seguridad y de Aniquilamiento.
Las operaciones de seguridad eran:

1) Internas: consistentes en la defensa del cuartel que básicamente estaban a cargo de la guardia de prevención y de un retén conformado por un vehículo liviano armado y personal.
2) Externas: ejecutadas fuera del cuartel en estrecha colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba con la relación de comando Control Operacional conforme a lo establecido por la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa (Art.4, inc.d, 1 y Art. 6 inc. d, 3). La misión básica era mantener la seguridad del área ejecutando operaciones tales como controles asistemáticos en distintos lugares, especialmente en rutas y caminos. En caso de enfrentamientos o de detectar a personas sospechosas o con elementos como armas, panfletos etc., o dubitativos en lo que hacía a la guerra contra el terrorismo, los efectivos militares las detenían poniéndolas a disposición de la Jefatura de la Zona en dependencias policiales o en un LRD (lugares de reunión de detenidos) ya descriptos.- Colaboración a su requerimiento con las autoridades comunales y población civil mediante despliegues disuasivos por presencia y patrullajes motorizados.
Prueba lo dicho antiguos antecedentes obrantes en la causa n° 4016 del Juzgado Federal n° 2 de San Martín, en el Caso 145 donde a fs. 123, el 16 de enero de 1984 -hace más de veinte años- dije que los efectivos del Comando de Institutos actuaban dentro de su jurisdicción en virtud de órdenes expresas y los resultados de su cumplimiento con sus respectivos antecedentes eran elevados al Comandante en Jefe del Ejército, quien en forma exclusiva determinaba el sometimiento de las personas detenidas cuando ello ocurría a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o de un consejo de guerra.

Las operaciones de aniquilamiento eran las ordenadas por el Comando de Institutos Militares que para su cumplimiento las impartía por escrito según el tipo de misión a cumplir de acuerdo a las órdenes que a su vez recibía del Estado Mayor General del Ejército.- Entre mis subordinados se encontraron oficiales de prestigio y cinco de ellos llegaron a conducir al Ejército desde la Jefatura del Estado Mayor.
El celo que siempre puse en el ejercicio del mando me llevó a velar permanentemente sobre el desarrollo de las operaciones contra el terrorismo en las cuales la responsabilidad individual era muy alta por las propias características de esa lucha, habiendo tenido que aplicar duras sanciones - afortunadamente en pocos casos- a quienes se apartaron del fiel cumplimiento de las órdenes que impartí.- Se actuaba en esos días con la doctrina militar en la mano cumpliendo estrictamente las órdenes escritas de los superiores inicialmente impartidas en el año 1975 durante el gobierno constitucional, debiendo quedar claro y definitivamente, que he sido el único responsable por las órdenes que por escrito impartí y que mis subordinados cumplieron estrictamente en el marco de la orden de operaciones aprobada por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

En el Plan de Operaciones para la Zona de Defensa IV había disposiciones específicas sobre como proceder en el caso de la aparición de menores de edad en el curso de las operaciones y en ese sentido, la orden era entregarlos a familiares, vecinos o en su caso a las autoridades policiales para que dieran intervención a los jueces a fin de que se hiciesen cargo de ellos para aplicar lo que por ley correspondía.- Si algunos de quienes fueron mis subordinados contravino esa orden expresa, cometió un delito del cual es responsable exclusivo a título personal.- Esta probado que las Fuerzas Armadas al aparecer involucrados en las operaciones de guerra, entregaron 227 menores a familiares, vecinos o autoridades judiciales (Nicolás Márquez, La otra parte de la verdad, 2da. Edición).

Debo asimismo dejar sentado que las Fuerzas de Seguridad, Policías y Servicios Penitenciarios nacionales y provinciales, conforme a lo dispuesto por el Art. 7°, 3) de la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa, estaban bajo control operacional del Ejército a los fines de la guerra contra el terrorismo limitándose a prestar su apoyo a las Fuerzas Armadas, sin capacidad de decisión propia, en la medida que ello fuere ordenado por ellas.

Todas las operaciones que ordené fueron documentadas e informados sus resultados por escrito al Comandante en Jefe del Ejército a través del Jefe del Estado Mayor General del Ejército a los fines de alimentar el informe semanal ordenado en la Directiva del Consejo de Defensa 1/75 de octubre de 1975, punto 11, f) 2).

Debo dejar expresa constancia que nunca ningún subordinado, directa o indirectamente denunció o me hizo conocer o cuestionó las órdenes de operaciones recibidas durante la guerra contra el terrorismo.- Esto tiene particular importancia por las reiteradas declaraciones del ex-Jefe del Estado Mayor General del Ejército Tte. Gral. Martín Balza, pues mientras él estuvo subordinado a mi comando con la jerarquía de Tte. Coronel, sea cumpliendo funciones como oficial de día de la Guarnición o como Jefe de doctrina de la Escuela de Artillería, nunca realizó cuestionamientos, denuncia, observación o queja alguna referida al plan de operaciones para combatir al terrorismo y a la forma en que se ejecutó.- Si él, como cualquier otro militar, no hubiese estado de acuerdo con la forma en que se combatía a la subversión, tenía la obligación legal de presentarse ante sus superiores y denunciar el hecho y si ello no fuere posible, debería haber solicitado su retiro o su baja, pero lo que ningún militar puede hacer, pues además viola el código de honor, es consentir los hechos callando para luego denunciar a sus superiores por sus responsabilidades en esos mismos hechos que él consintió expresamente.- Eso en buen romance se califica como falta de lealtad que constituye el estigma más grave que en su vida puede afectar a un militar.

Enfáticamente reitero que soy el único responsable por los actos cumplidos por mis subordinados destinados en el Comando de Institutos Militares respondiendo a las órdenes que les impartí como su Comandante y por ende, de las detenciones - no secuestros - de personas y su tratamiento legal en los LRD - no centros clandestinos - instalados como consecuencia de las operaciones realizadas en la guerra contra el terrorismo mientras ellas estuvieron bajo mi dependencia.

La Cámara Federal de la Capital Federal reconoció en el juicio a los integrantes de las Juntas Militares, que el proceder de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el terrorismo, respondió a planes aprobados y ordenados a sus respectivas fuerzas por los Comandantes Militares y que la existencia de las órdenes a los subordinados a los Comandantes, a su juicio su emisión resultó evidente dado que los propios Comandantes alegaron haber tenido el control efectivo de sus fuerzas y negaron la existencia de grupos militares que actuaran con independencia de la voluntad del comando.- Asimismo reconoció que la totalidad de los jefes y oficiales que declararon afirmaron que la lucha antisubversiva se ajustó estrictamente a las órdenes de sus comandantes superiores.

Lo dicho por la Cámara Federal es absolutamente cierto pues en el Ejército nadie actuó por su cuenta. Todos sus cuadros como antes dijera, fueron debidamente informados del plan de operaciones en la guerra contra el terrorismo ordenado inicialmente por el gobierno constitucional e instruidos para el cumplimiento de sus obligaciones en ella. Por mi parte di estricto cumplimiento a las órdenes que entonces impartiera el Comandante en Jefe del Ejército a través del Estado Mayor General habiendo recibido periódicamente los informes sobre la marcha del conflicto.

Como dijera al principio estoy arbitrariamente privado de mi libertad por haber cumplido con una orden de servicio dada inicialmente por un gobierno constitucional desde hace once años, teniendo clara conciencia de haber sido sacado de mi juez natural y despojado procedimiento propio de la justicia militar.

Este es el precio que estoy pagando por haber participado en una guerra justa en la cual se derrotó a un enemigo que pretendía imponer un orden basado en el terror, lo acepto con cristiana serenidad porque soy un General de la Nación, haciendo honor a la lealtad que le debo a mi Patria y al Ejército al cual le dí mi vida entera.

Finalmente, Sres. Jueces les solicito en nombre de todos mis camaradas presos desde el grado de cabo hasta oficiales superiores, pasando por agentes subalternos y superiores de todas las Fuerzas de Seguridad Nacionales como Provinciales que el único crimen cometidos por ellos es cumplir las órdenes impartidas por sus superiores.

Comparten conmigo con todo respeto el amargo pan de una cárcel que no está estructurada para Presos Políticos y hombres de avanzada edad. Reitero, les pido, a Uds. Sres. Jueces que dentro de algunas horas me dictarán una nueva condena, lo hagan con el pensamiento en este año del Bicentenario para que sea una realidad la unión y la paz entre todos los argentinos para que se terminen los odios, rencores y las persecuciones a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Por último y a título muy personal quiero expresar que no guardo odio ni rencor alguno hacia nadie, no admite mi espíritu cargas de esa naturaleza. Y ruego para que la dirigencia argentina encuentre de una vez y para siempre un nuevo Cristo de Civil que eche a los ladrones del templo de la República.
Un hálito de eviternidad me advierte que ese día todos los argentinos seremos de nuevo un poco más felices.

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