El diputado Marcelo Parrilli defiende a militares presos

¿O acaso unos son mas “iguales” que otros?

¿O acaso unos tienen mas derechos que otros?
¿O acaso a unos les cabe el principio de inocencia y a otros no?

El diputado porteño Marcelo Parrilli del Movimiento Socialista de los Trabajadores por Una Nueva Izquierda (MST) fue Miembro fundador del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), organismo que contó entre sus miembros al tristemente célebre terrorista Jorge Baños, muerto durante el cruento asalto al Regimiento de La Tablada. Hecho terrorista cometido contra el Presidente Raúl Alfonsín, al haberse restablecido el sistema democrático en nuestro país.

En las contradicciones de esta “Nueva Izquierda” fundan una organización (el CELS) que se subvenciona con fondos de la Fundación Ford.
Marcelo Parrilli, quien hoy se opone a la extradición del terrorista Galvarino Sergio Apablaza Guerra, al que se acusa de cometer atentados contra la democracia chilena, también defiende a capa y espada a su “asesor y amigo personal” Antonio Liurgo, acusado de haber dejado un mensaje intimidatorio al Diputado Cristian Ritondo, lo que estaría probado por las cámaras que grabaron el momento en que dejaba el “paquete”.
En defensa del acusado, el “democrático” diputado Marcelo Parrilli, expresó “Es mi asesor y mi amigo personal. Además es un ciudadano y tiene derechos. Por ende, es inocente hasta que se pruebe lo contrario”.

Es infinita la cantidad de militares, miembros de las fuerzas de seguridad, personal policial y de los servicios penitenciarios detenidos durante años, acusados por supuestos delitos de lesa humanidad, que no tienen condena firme.
Han sido despojados de derechos adquiridos por aplicación de leyes que luego fueron inconstitucionalmente anuladas.
Han sido privados de beneficios de indultos otorgados constitucionalmente.
Se les aplican normas penales con efecto retroactivo.
Violándose los más elementales principios del derecho, se prolonga indefinidamente su prisión preventiva.
Ilegalmente se les niega derecho a prisión domiciliaria a quienes pueden acogerse a este beneficio.
Se les niega el libre acceso ala atención médica necesaria.
Se toma como base para su detención, denuncias con testigos falsos y manifestaciones inconsistentes, hechas en la mayoría de los casos por peligrosos delincuentes terroristas, que en connivencia con jueces y funcionarios políticos, además de buscar satisfacer deseos de venganza, procuran beneficios económicos.

Pero parece que sólo “esta clase” política tiene derechos.
Sólo ellos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

Orlando Agustín Gauna

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Inseguridad e hipocresía

Hoy son varias las causas

de la inseguridad que nos conmueve y aflige.

La exclusión social es la gran usina fabricadora de delincuentes. La exclusión social a la que son expulsadas muchas personas del sistema socio-económico, motiva en éstas, sentimientos de odio, violencia y resentimiento. Su propia vida, carece de valor. Por eso tienen total desprecio por la vida de los otros, desprecio que se potencia cuando se trata de la vida de personas que tienen un “buen pasar”. Desprecio que se eleva a la enésima potencia con el consumo de alucinógenos.
Con este coctel de exclusión y droga, el resto de los mortales queda expuesto a ser victima de la violencia de estas personas.
Porque no se puede olvidar que los excluidos, son personas. Personas a las que las malas políticas gubernamentales han expulsado del sistema socio-económico. Personas a las que desde hace varios años se les inculca la cultura del ocio mediante planes sociales, con la única contraprestación de ser fieles seguidores en marchas y piquetes que fomenten los dirigentes que les brindaron tales planes.
La mayoría de estos excluidos, se radican en viviendas precarias, carecen de los servicios más elementales, agua potable, gas natural, están “enganchados” a la red del servicio eléctrico (con los consiguientes riesgos). No tienen acceso a créditos, y la falta de estudios les dificulta la obtención de empleos dignos.
Frente a ello, los gobernantes de turno dibujan las estadísticas para ocultar el constante crecimiento de los índices de pobreza e indigencia. Pero son incapaces de fomentar políticas que aumenten la demanda de ocupación de mano de obra.

La impunidad fomenta que se intente imitar conductas delictivas…total no pasa nada…
A la Presidente de la Nación se la acusa de usurpación de títulos, por presentarse como abogada sin haber obtenido tal título. Muy ufana, no exhibe su certificado analítico para desmentir las acusaciones. ¿Lo tendrá?
El incremento vergonzoso del patrimonio de los Kirchner solo recibe tibias críticas de algunos sectores de la clase política y de los medios.
Una de las páginas negras de nuestra historia se titula “Sobornos en el Senado de la Nación”. Desde allí, para abajo, es interminable la gama de sobornos, coimas, negociados y evasiones que todos conocemos y que permanecen impunes.
Jueces sobornados o presionados por el poder político o por el Consejo de la Magistratura.
Políticas que para evitar “una mala imagen” en vez de construir cárceles, modifican los códigos para que la mayoría de los delitos sean excarcelables. De esta forma, no se pune a los delitos. Reina la impunidad.
Un trabajador del gremio de la construcción fue asesinado. Poco le importa a la CGT y a los distintos gremios la vida de los trabajadores. Nadie dijo nada. Semanas después fueron detenidos dos dirigentes de la U.O.C.R.A. sospechados del crimen. En el momento se verificó que uno de ellos tenía ilegalmente armas de guerra. De inmediato el gremio se movilizó para exigir la impunidad del delincuente capturado con armas de tenencia ilegal.
Los gremios de taxistas y remiseros son los únicos que se movilizan en reclamo de seguridad para el desarrollo de sus actividades, porque los afecta directamente.
Hace pocas horas, un docente fue baleado mientras desempeñaba sus tareas, por un delincuente que ingresó al establecimiento con aparentes fines de robo. Entonces el gremio docente se enteró que la inseguridad también los afecta a ellos.

Una falaz política de derechos humanos ATA LAS MANOS A LA POLICÍA.
SI, la policía tiene las manos atadas frente a los delitos comunes que afectan a los ciudadanos. Cualquier delincuente, al ser detenido lo primero que hace es acusar al personal actuante de apremiarlo ilegalmente. Si se produce un enfrentamiento y es abatido el delincuente, espontáneamente aparecen en los medios, las palabras “gatillo fácil”. En ambos casos, “madres y abuelas de Plaza de mayo” y organismos que se dicen defensores de los derechos humanos comienzan una cacería insaciable contra los participantes de esos procedimientos. Abogados inescrupulosos, conseguirán fácilmente entre el ambiente del hampa, falsos testigos que imputen a los policías de delitos inexistentes. Ante esa perspectiva, ¿qué agente policial va a proceder contras los delincuentes?
Hace pocas semanas, en la localidad de San José de Rincón, próxima a Santa Fe, fueron detenidos unos menores de edad involucrados en delitos contra la propiedad, de inmediato los menores acusaron al personal policial y con la premura del caso, los agentes fueron separados de su cargo y detenidos. Premura que esos jueces no emplean contra funcionarios políticos, ya sea por connivencia delictiva o por temor a consecuencias imprevisibles.
En Santa Fe, el Dr. Martín Gainza, hoy Jefe Regional de ANSES, junto a otros funcionarios y empresarios, fue imputado penalmente por el manejo irregular de subsidios para el transporte urbano de pasajeros, cuando se desempeñaba como funcionario muinicipal.. Esto ocurrió fines de 2003. A fines de 2006, tres años después, el Juez Federal Reinaldo Rodríguez, le recibió declaración indagatoria. Pero este Juez que le debe favores al gobierno Kirchnerista y al Consejo de la Magistratura, tiene cajoneada la causa contra el funcionario kirchnerista.
“Doña Rosa” se acuerda muy bien cuando en el barrio comentaban “ahí lo llevaron preso a ese malandra. Con un par de cachetadas, vas a ver como canta todos los robos que tiene”. Porque los apremios ilegales siempre existieron. Los jueces haciendo una virtual aplicación del Artículo 34 del Código Penal, toleraban tales apremios como una necesidad para evitar males mayores. Pero eran rigurosos en la aplicación de condenas por apremios ilegales cuando se cometían excesos o tales apremios carecían de justificativos.
Hoy no se puede mirar mal a un delincuente porque cae la “justicia” con todo el peso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de los defensores de los derechos humanos (de los delincuentes).

La prevención es otro factor importante para brindar seguridad a los ciudadanos.
La ciudad de Santa Fe se extiende en un radio de aproximadamente16.000 manzanas. Para la prevención de los delitos estaba resguardada por el servicio 911 que contaba con cuatro móviles policiales. Un móvil cada 4.000 manzanas. Pero la falta de personal policial se suplanta con inútiles funcionarios políticos, que ante la falta de espacio, en Santa Fe, echaron a la Policía del edificio que ocupaba la Jefatura frente a la plaza San Martín, para destinarlo al Ministerio de Inseguridad.

El poder político se niega a utilizar móviles policial es a GNC, que abarataría costos, por el simple motivo de que al GNC no se lo puede “ordeñar”.
Pero se economiza en municiones. Jamás se instruye al personal policial en prácticas de tiro.
No es muy difícil combatir la inseguridad. Hay que implementar de inmediato, políticas de inclusión social a corto, mediano y largo plazo, brindando a todos por igual trabajo genuino, condiciones de vida digna y amplio acceso al estudio.
Pero los ciudadanos necesitan seguridad desde “ayer” y para eso, es imprescindible sancionar con todo el rigor de la ley a TODOS los delincuentes.
Tampoco es muy difícil sancionar leyes que impongan muy severas penas a los tenedores de cosas robadas. Así, ladrones de bicicletas, celulares y otros objetos, no verían facilitada la reducción del producto del robo.

Hasta tanto, TODOS los funcionarios políticos son responsables de cada hecho de inseguridad.

Orlando Agustín Gauna

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Solidaridad con un enemigo de la democracia chilena

Galvarino Sergio Apablaza Guerra, (a) “Salvador” es un delincuente terrorista chileno.

Delincuente que a pesar de haberse restablecido el sistema democrático en el vecino país, optó por regresar clandestinamente a Chile a comienzos de 1986, cuando se integró al Trabajo Político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero después de conocida la internación de armas de Carrizal Bajo y fracasado el atentado contra Augusto Pinochet, debió regresar rápidamente a Cuba. Protegido por el régimen cubano y primero en la línea jerárquica de los oficiales chilenos de las FAR, nunca estuvo en misiones arriesgadas.
Sólo volvió a ingresar a Chile tras la muerte de Raúl Pellegrin en octubre de 1988. Entonces, asumió plenamente la jefatura del FPMR-Autónomo, la facción más radical del frentismo, que un año antes se había separado del Partido Comunista. Para conducir al FPMR-A, “Salvador” articuló una dirección junto a Juan Gutiérrez Fischmann, (a) “Chele” y Mauricio Hernández Norambuena, “Ramiro”. Según consta en las investigaciones judiciales posteriores, de este trío surgieron las órdenes para el asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991. Durante la vigencia del estado de derecho impuesto por instituciones de la democracia. Luego de estos sucesos, Apablaza nuevamente debió abandonar el país, regresando a Cuba. En 1994 el “comandante Salvador” decidió trasladarse definitivamente a Sudamérica, para establecerse en Argentina.
No se volvieron a tener noticias concretas de él hasta el 29 de noviembre del 2004, cuando en un operativo especial de la policía argentina, el “comandante Salvador” fue capturado, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde residía desde hacia varios años junto a su pareja, la periodista chilena Paula Chain, y sus tres hijos de nacionalidad argentina. Allí, Apablaza utilizaba el nombre supuesto de Héctor Daniel Mondaca.
Debió permanecer recluido durante siete meses en la Cárcel de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de Buenos Aires, en espera que se resolviera su situación procesal. Esto se produjo el 5 de julio del 2005, cuando el juez del caso, Claudio Bonadio, decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, argumentando que en el país trasandino no estaban dadas las condiciones para un juicio justo al ex líder del FPMR. Por consecuencia, y durante la tarde de ese día, Apablaza fue dejado en libertad, con expresa prohibición de abandonar Moreno, Argentina, donde reside hasta la actualidad.
Este delincuente terrorista ingresó en su propia patria, clandestinamente y con identidad falsa, pese a que se había restablecido el sistema democrático. Su ingreso, no tenía por finalidad luchar contra ninguna dictadura. Intentaba socavar los cimientos de un sistema democrático.
Solicitada su extradición por jueces de la democracia chilena, un juez de “la servilleta” la niega aduciendo que no están dadas en Chile las condiciones para un juicio justo.
Era desperar algo así de un juez como Claudio Bonadio, si se analizan sus antecedentes.
En los años 70 militó en Guardia de Hierro, una organización de la derecha peronista que sería semillero de notorios cuadros como José Luis Manzano y Matilde Menéndez.
En 1983, con el retorno de la democracia, Bonadío se vinculó al Frente de Unidad Peronista, la línea interna de Eduardo Vaca y Miguel Angel Toma aliada al megadenunciado intendente Carlos Grosso.
En los albores del menemismo Vaca lo acercó al estudio jurídico de Carlos Corach, quien lo insertó en la Justicia Federal luego de acceder al Ministerio del Interior de la Nación, aún cuando carecía de la más mínima “carrera judicial” y a pesar de no ser jurista de nota en especialidad alguna.
Bonadío no olvidará ese enorme favor y lo pagará con creces sobreseyendo a diversos funcionarios públicos del menemismo acusados por hechos de corrupción, de la talla del ex interventor del PAMI, Víctor Alderete. Por este último expediente, será denunciado por la Oficina Anticorrupción, quien lo acusará de haber realizado “manejos sospechosos” en una causa judicial para beneficiar al cuestionado personaje.
En sentido similar, a principios de agosto de 2009, Bonadío será citado a declarar por el Consejo de la Magistratura acusado de "mal desempeño" por presuntas irregularidades en el trámite de una causa que investigaba créditos otorgados al grupo Yoma.
Si su costado profesional es cuestionable, aún más lo es su perfil financiero. A pesar de ostentar un elevadísimo nivel de vida, Bonadío ha tenido una carrera estrepitosa: el Banco Ciudad cerró su cuenta en 1991 y fue inhabilitado por el Banco Central hasta 1993. Designado juez, Bonadío recuperó su cuenta en el Banco Ciudad.
La mayor celebridad de Bonadío llegará de la mano del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lo incluyó en la célebre servilleta donde reposaban los nombres de jueces federales entonces afines al gobierno.
Derrumbado el menemismo, rápido de reflejos, Bonadío se alineará rápidamente al kirchnerismo a partir de su llegada al poder, en el año 2003, siendo una importante herramienta a la hora de desestimar denuncias contra funcionarios señalados por hechos de corrupción y perseguir a aquellos que se muestran críticos a las políticas del oficialismo. Baste recordar lo ocurrido en su momento con los ex ministros Gustavo Béliz y Horacio Rosatti.
De la misma manera sabrá cajonear y demorar importantes expedientes que comprometían a funcionarios del gobierno. Dos de ellos han sido la irregular importación de autos diplomáticos por parte de funcionarios de Cancillería —donde avanzó sólo sobre un par de “perejiles”— y la célebre causa Skanska.
A su vez, en gesto de gratitud, el kirchnerismo paralizará oportunamente las denuncias que pesaban sobre Bonadío ante el Consejo de la Magistratura.
Completando el cuadro de encubrimiento a terroristas, la presidente de la Nación tiene como empleada de la Oficina de prensa de la Nación a la pareja del terrorista chileno.
En tanto que “destacadas personalidades e instituciones” solicitan que se otorgue asilo político a un delincuente terrorista reclamado por la justicia de un gobierno democrático y reclaman al gobierno argentino que no se siga prolongando el calvario personal y familiar de Galvarino Apablaza.

Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo
Marta Vásquez, Nora de Cortiñas, Tati Almeyda, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz
Juan Gelman, poeta, premio Cervantes 2007
Fray Antonio Puigjané
Víctor Heredia, cantautor
Servicio Paz y Justicia, Serpaj
H.I.J.O.S Regional Capital en la Red Nacional
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MEDH
Fernando "Pino" Solanas, cineasta
Teresa Parodi, cantautora
Ana Careaga, Espacio para la Memoria
María Victoria Donda, nieta recuperada, diputada nacional
Juan Cabandié, nieto recuperado y legislador porteño
Emiliano Lautaro Huaravillo, nieto recuperado
Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Patricio Contreras, actor
Claudio Morgado, locutor, diputado nacional
Gabriela Alegre, legisladora porteña
Graciela Daleo, Carlos García, Alfredo Margari, Miriam Lewin, sobrevivientes ESMA
Atilio Borón, politólogo
Emilio Pérsico, Presidente Movimiento Evita
Santiago Martorelli, secretario Movimiento Evita
Edgardo Binstock, director DD. HH Movimiento Evita
Patricio Echegaray, PCA
Carlos Chile, MTL
Luis Santucho, Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos FUNLADDHH
Ricardo Peidró, encargado de DD.HH-CTA
Vilma Ripoll, Diputada de la Ciudad (mc)
Héctor Bidonde, actor, diputado de la Ciudad
Tomás Devoto, diputado de la Ciudad (mc)
Marcelo Parrilli, presidente del CADHU (Centro de Abogados por los DDHH)
María Damasseno, Co-presidenta de la FUBA
Agustín Vanella, Consejero Superior de la UBA
Fundación Liga por los Derechos Humanos, FUNLADDHH
Cátedra de Cultura de la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales -UBA
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Mara La Madrid, psicoanalista y escritora
Araceli Méndez, diputada nacional m/c
Rodolfo Casals, diputado provincial m/c
Claudio Lozano, diputado nacional Buenos Aires para Todos
Patricia Walsh, Diputada de la Ciudad de Buenos Aires
Agrupación Chilena de Derechos Humanos
Comisión de DDHH paraguayos residentes en Argentina
Comisión de DDHH uruguayos en Argentina
Laura García Tuñón, Secretaría de Género de CTA Nacional
Fernando Cardozo Secretaría de Relacion Internacional CTA Nacional
Carlos Zamorano, Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPRODH
Lucho Soria, Comisión Campo de Mayo
Carlos "Nica" González, Defensorías Populares Autónomas
Pablo Pozzi, académico
Favio Nigra académico
Osvaldo Cugcana Psicólogo.Integrante Cátedra Libre DD.HH de la UBA.
Rodolfo Amado Sobko, Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela DDHH", Chaco
Instituto de Relaciones Ecuménicas
CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos).
Laura E. Figueroa, abogada de DDHH de Tucumán
Graciela Rosemblut, Vicepresidenta Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Mirta Argañaraz de Clerici, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, filial Catamarca
Isabel Bartoli y María Aquino por Agrupación MARTIN FIERRO
Martín Fresneda, abogado organismos de derechos humanos de Córdoba
Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy
Centro Cultural Pablo Neruda
Departamento de DD.HH Asociación Argentina de Actores
Luis A. Gómez, Lucha de Espacio contra la Impunidad, La Rioja
Asociacion de ex Detenidos Desaparecidos
FIDELA
David Leiva , Encuentro por la Memoria, la Verdad y Justicia de Salta.
Andrés Ruarte , Colegio de Abogados de Salta
Luis Garay , Asociación por la Memoria, la Verdad y Justicia de Santiago del Estero
Emiliano Fessia , Juan Enrique Villa , organismos de Derechos Humanos de Córdoba
Mirta Clara , Ex PP. Familiares de la Masacre de Margarita Belén.
Oscar Castelnovo Periodista
Luis A. Pastene Biologo Marino, Ph.D.- Japón
Raúl Domínguez Liberpueblo
Cultura en Movimiento
Jorge Machi, director de Teatro
Valeria Vanini, actriz
Miguel Angel Fernandez Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno ,integrante de la com.de Campo de Mayo.
Flavio Guberman Sociólogo. Universidad de Bs. As

Orlando Agustín Gauna

Fuentes: http://www.mdzol.com/mdz/nota/188244

http://www.informadorpublico.com/100450.html

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