Orlando Gauna Archivos

Dr. Juan Guillermo Valera. Carta abierta para usted.

2012-01-20T07:55:00.000-03:00

Señor Coordinador del Programa Verdad y Justicia del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Dr. Juan Guillermo Valera
Las informaciones periodísticas dan cuenta de que Ud. mediante una carta dirigida puntualmente al juez de Cámara subrogante, Manuel López Arango acusó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe por su decisión de otorgar permisos para salidas transitorias a Víctor Brusa, Eduardo Curro Ramos y María Eva Aebi de "ignorancia de la ley o bien una clara voluntad de su violación".

Creo que en un Estado democrático, con plena división de poderes, usted como parte de uno de esos poderes, debería dirigir su denuncia contra acciones de otro poder del Estado, por los canales correspondientes,.
Pero al estilo de las perimidas dictaduras comunistas, Ud. remite una carta a un miembro de otro poder del Estado, “retándolo”. Página 12 titula la noticia: DURA REPRIMENDA DE LA NACION A LOS JUECES POR SALIDAS DE REPRESORES.
Cabe suponer que Ud. trata de amedrentar a los jueces que otorgaron las salidas transitorias a personas procesadas que llevan una exagerada cantidad de años privadas de su libertad, y que deben ser considerados y tratados como inocentes mientras no exista condena firme en su contra. Cabe suponer que Ud. siguiendo el pensamiento de la que quería ser madre adoptiva del parricida Sergio Mauricio Schoklender, también opina que “al enemigo, ni justicia”.
Ud. alude a los episodios de prefuga en que ya incurrieron los condenados y falta doblemente a la verdad, MIENTE. De que episodios de prefuga habla con respecto a María Eva Aebi y Victor Brusa. No aclara a la opinión pública que están condenados, pero sin sentencia firme.
Yo he visitado a Eduardo Ramos cuando estaba detenido en el cuartel de Bomberos Zapadores de Santa Fe, y no se fugaba porque no quería. Creo que hasta hubiera cooperado con él si se hubiera querido fugar. Pero Ramos, como la mayoría de los imputados, aún sabiendo el “circo” que montan en cada juicio, está dispuesto a defenderse dentro de los marcos legales aun a sabiendas de que están siendo juzgados por jueces prevaricadores e intimidados por el poder político. Como ejemplo, traigo a colación la renuncia del Dr. Martín Gutiérrez, que fundamentara "como consecuencia de la VIOLENCIA MORAL y PSIQUICA que me embarga, producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas desde el mismo seno del Estado Nacional.”

La información periodística señala que: las víctimas --que se encuentran "descorazonadas"- esperan una rápida resolución que revoque este beneficio. "No tiene antecedentes, es absolutamente desmesurado. Esperamos una inmediata corrección de Casación. No se le ha concedido a los responsables de ningún tipo de delitos en la Argentina, es inaudito que se aplique para los responsables de los delitos más graves que se han cometido en el país", había indicado a Rosario/12 el abogado querellante Guillermo Munné.
¿Victimas descorazonadas?
¿A qué victimas se refieren? No creo que se refiera a las inocentes víctimas de los miles de atentados terroristas que cometieron los criminales montoneros, erpianos y otros de la misma calaña. Porque estas víctimas y sus deudos, si están verdaderamente descorazonadas, al ver que los sanguinarios terroristas y sus deudos, son beneficiados con jugosas indemnizaciones y acomodados en distintos cargos públicos, mientras a ellos se los sume en el olvido.
Y estos criminales terroristas, no pueden alegar que luchaban contra ninguna dictadura. Su objetivo era la toma del poder para imponer una dictadura marxista. Sus acciones subversivas las cometieron durante gobiernos de facto o de iure.
En estos días se cumplen dos aniversarios de hechos cuya falta de recordación demuestran de manera palmaria, la parcialidad con que se aplica el slogan “verdad y justicia”. Los criminales ataques al Regimiento de Azul, cometido durante la presidencia del Gral. Juan D. Perón y al Regimiento de La Tablada, cometido durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín. En ambos casos, las acciones criminales estuvieron dirigidas por otro “defensor de los derechos humanos”, el delincuente terrorista Gorriarán Merlo. En ambos casos, Perón y Alfonsín, habían sido electos en comicios democráticos.
Su accionar me trae a la memoria expresiones del terrorista Roberto Felicetti, uno de los participantes del asalto al Regimiento de La Tablada, cometido contra el gobierno de Raúl Alfonsín, Presidente electo en comicios democráticos, quien justificando el criminal asalto, manifestó: “que la fuerza de los hechos y nuestro compromiso nos llevaron a tomar esa actitud ante las claudicaciones del gobierno y de la mayoría de la dirigencia política”. Ustedes pisotean la Constitución y las leyes. Resulta obvio que la democracia para ustedes es solo una palabra carente de todo valor.
El Decreto 606/200 de creación de ese Programa, en sus fundamentos acota que: los hechos violentos y amenazas contra personas vinculadas a las causas judiciales en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado han impactado negativamente en la sociedad, y exigen una respuesta estatal enérgica y efectiva que garantice el avance del proceso de verdad y justicia. De esas amenazas, los santafesinos tenemos sobradas experiencias. La Sra. Susana Almeida esposa del Fiscal Federal José Candioti, hizo un escandalete circense al que se sumaron las voces de sus secuaces ideológicos por unas supuestas amenazas que no existieron, pero que sirvieron para que se le concediera el traslado a un destino próximo a su esposo.

Otra “amenazada” fue Patricia Isasa que denunció unas amenazas que no fueron tales y que dieron lugar a que yo mismo la denunciara por falsa denuncia. Sin embargo, los dichos de esta falsa denunciante, sirvieron para que jueces acosados por el poder político, condenaran en primera instancia a acusados por delitos de lesa humanidad.
Por el asesinato de Silvia Suppo, también pretenden tergiversar la investigación para desincriminar a los culpables y condenar a inocentes, buscando la complicidad del Juez Federal de Santa Fe, Reynaldo Rodriguez, quien desde hace años tiene cajoneada una denuncia que involucra a funcionarios políticos y empresarios del transporte.
El mismo decreto establece entre sus funciones “Realizar un seguimiento integral del proceso de verdad y justicia vinculado con la investigación de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado”. Vale decir que solo le importa la mitad de la verdad y la mitad de la justicia.

Hoy usted representa una ideología totalitaria, ajena a la convivencia democrática que anhelamos los argentinos. Los que como yo, amamos la democracia, seguiremos bregando por los caminos legales hasta que usted y los de su calaña sean apartados de los cargos que tan indignamente ocupan.
Dios y la Patria lo demandan

Orlando Agustín Gauna

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Matar al mensajero

2012-01-10T06:35:00.000-03:00

Los hijos de Ernestina no resultaron ser los nietos que buscaban las Abuelas de Plaza de Mayo. Mientras Carlotto daba la noticia, ya había algunos que se preguntaban si podían empezar a putearlos por ser herederos golpistas, mientras otros gritaban "Nietos igual". Falló, pero nadie pidió disculpas y cuestionan al que pregunta qué onda.

Un flaco de 34 pirulos, funcionario público nacional, aparece muerto en su habitación de hotel, en pelotas y ahorcado. El parte oficial no existe. Algunos dicen que se suicidó. Otros, conspiracionistas, sostienen que lo carnearon. Hubo un par que plantearon la posibilidad de una pajota exótica. Quienes preguntaron al respecto, fueron insultados.

Un periódico da a conocer que la Presi se compró un bulincito en Puerto Madero por la módica suma de nueve millones de pesos. Nadie entiende la lógica de Cris: al lado de lo que se patina en Aerolíneas por día ¿Qué son nueve palitos? Un vuelto. Ningún vocero presidencial tiró una línea que pretenda justificar el capricho, pero quienes plantearon sus quejas, fueron agraviados.

Para este gobierno conservador, es mejor decir que un pibe brillante se quitó la vida antes que reconocer que murió mientras disfrutaba de su sexualidad. Un tanto exótica, convengamos, pero su sexualidad al fin. En idéntico sentido, es preferible ningunear el temita de los estudios de filiación negativos de los hijos de Ernestina, antes que reconocer un error. También es mejor irrumpir con Gendarmería en las oficinas de una empresa, basurear a los trabajadores -laburantes como vos y como yo- y armar una campaña antimonopólica, antes que disculparse por haber autorizado por Decreto Presidencial la fusión de las dos megaoperadoras de televisión por cable de Argentina. Obviamente, es mejor cargar contra el diario que dio a conocer la noticia de la nueva escritura de la Presi, que codear al de al lado y hacerle montoncito con los dedos mientras preguntan "¿Qué nos perdimos?". Pero el gobierno no ofrece disculpas y sus militantes no se las exigen. Y ahí están, asesinando mensajeros.

A última hora de anoche, nos enteramos que Cristina tiene carcinoma papilar, lo que antes llamábamos, vulgarmente, cáncer de tiroides. Inmediatamente salieron muchos afiliados al Sindicato de la Culpa Constante a exigir que se deje la política de lado por un tiempo, ante la enfermedad de Cristina. Al igual que con la muerte de Néstor, la caída en desgracia de la intimidad pareciera tener un factor exculpante único, como si en la oficina nos permitieran mandarnos todos los mocos juntos porque estamos dolidos, o si la AFIP no nos preguntara de dónde sacamos esas tres propiedades con nuestro sueldo de barrendero, por el sólo hecho de presentar un certificado médico.

El cáncer ha sido el leit motiv de la parca en mi familia por generaciones, y lo sigue siendo. Lo aclaro porque en tiempos en los que te juzgan desde las más obvias subjetividades, es mejor no dejar nada por supuesto. Dicho esto, debo aclarar, también, que no festejo ni festejaré el cáncer: sólo me pregunto qué catzo tiene que ver que la Presi tenga un carcinoma con que no se la pueda mandar a visitar la entrepierna de su progenitora por seguir forrándose en guita, mientras da discursos contra la clase media egoísta que no quiere entender que hay que compartir para que el modelo llegue a todos.

Sin embargo, ante la patología de la Presi sale a flote esa gran falencia del verso oficial -a esta altura, llamarle relato es demasiado lujo- que es el glorioso sistema de salud argentino. Que Cris elija el Hospital Universitario Austral para atenderse, supera con creces a la Clínica Los Arcos de Néstor, en contraposición al descarte del Hospital Argerich. Preguntar qué pasa que ningún acólito puede explicar cómo es que la líder del movimiento Nac&Pop atiende sus dolencias en el hospital del Opus Dei, es de golpista. No es a nosotros a quienes deberían exigirnos disculpas, sino que deberían preguntarle al gobierno qué onda.

Creo que ahí radica el punto más conflictivo de este entuerto. Que nosotros exijamos disculpas, es casi infantil. No tiene sentido pedir explicaciones razonables a quienes no nos respetan. Y a mi, particularmente, no me importa. No es a nosotros a quienes deberían pedir perdón por restringirnos la compra de dólares, sino a sus seguidores que se creyeron el verso de la economía imbatible. No es a nosotros a quienes deberían pedir perdón por restringir la importación de productos que acá no se fabrican ni se fabricarán, sino a los militantes que se tragaron el verso de la revolución de la industria nacional. No es a los hijos de Ernestina a quienes deberían perdir perdón por haberlos paseado en cámara, haber husmeado sus bombachas y haber tomado prestados sus cepillos de dientes para un examen que de antemano no iba a funcionar, es a los pelotudos que se pasaron gritando "devuelvan a los nietos" detrás de cada móvil de Todo Noticias. No es a nosotros a quienes deben pedir perdón porque la Presi se compró un departamentito de nueve palitos en Puerto Madero imposible de justificar, sino a los monitos que cantan contra el estereotipo de ricachón, el mismo estereotipo en el que Cris cuadra perfectamente. No es a nosotros a quienes deberían pedir perdón por una ley antiterrorista, retrógrada e impuesta por un organismo financiero internacional, sino a todos los boludos a cuerda que repiten hasta el orgasmo que "este gobierno no reprime la protesta social" y que acaban en seco cada vez que la Presi critica a los organismos financieros internacionales.

Se definen como la alegría, pero perdieron el humor que tenían cuando hacían chistes sobre los riñones de Lanata. Se autoproclaman patriotas revolucionarios, mientras sostienen a un gobierno represor de docentes, asesino de indígenas, proteccionistas de megamineras extranjeras y lobbistas de empresas foráneas que monopolizan las comunicaciones. La coherencia se la olvidaron el útero y andan por la vida señalando con el dedo, tanto al que actúa distinto, como al que hace lo mismo que ellos pero desde otra vereda.

Se sintieron muy tranquilos con la fuerza del amor, de Él y del 54% de los votos, sin tener en cuenta que, cuanto mayor es el porcentaje obtenido -y más en una reelección-, menor es la paciencia del electorado a la hora de esperar respuestas. Antes se les plantaba uno o dos impresentables solitarios en alguna comisión de la Cámara de Diputados. En aquellos años del 22% de los votos, donde hasta Clarín era oficialista, el único refugio donde podíamos encontrar voces disonantes era en internet. Ahora, con el furor del triunfazo reeleccionista, se pusieron de culo a todos los que los apoyaron de entrada. Con este panorama, vemos que hasta José Pablo Feinmann se les anima y dice que le gustaría que alguien le explique cuáles fueron los mecanismos con los que el matrimonio Kirchner amasó la tremenda fortuna que ostenta. En pleno siglo XXI, en un país en el que las estadísticas nos cuentan que todos conocemos a alguien que ha fallecido, la está remando o ha sobrevivido al cáncer, imponer el escudo de una patología médica para frenar los "ataques" de los enemigos que ellos mismos construyen -y cuando no están, los inventan- es, cuanto menos, una falta de lógica propia de otro estadio de la evolución de los homínidos.

Exigen respeto, gánenselo.

Último miércoles del año. Mientras yo pensaba todas estas cosas, el programejo televisivo 678 no salió al aire. En su lugar pusieron una repetición que probablemente no revisaron antes: Eduardo Aliverti puteaba a los medios por dudar de la salud de Néstor Kirchner. Y el jodido soy yo...
Falta agregar,el Consul argentino en Bolivia,nombrado hace una semana que apareció ahorcado en el sur de Bolivia.....?????

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Eduardo Ramos solicita pruebas al tribunal prevaricador

2011-11-30T06:52:00.000-03:00

Santa Fe, de noviembre de 2011.

Señora/es

Tribunal Oral Federal de Santa Fe – Secretaría Penal –

Dra/es: Lilia Graciela Carnero, Jorge Benegas Echague y Otmar Osvaldo Paulucci Oro

Eduardo Alberto Ramos, DNI: 11.555.259, alojado en el pabellón tres (anexo) de la cárcel de Las Flores, se dirige al tribunal en causa 540/07 del Juzgado Federal II (Ad Hoc) de Santa Fe, instruida por el abogado de la matrícula Dr. Ricardo Lazzarini, por derecho propio, en uso de su defensa material, solicitando que la presente obre en autos principales y si se considera corresponder se dé traslado a mi defensa técnica para su fundamentación, habida cuenta de mi condición de lego, solicitando se tenga en cuenta mi decisión de apelar ante el superior si a lo peticionado no se hiciera lugar, con el objeto de SOLICITAR PARA LA FORMACION DE LA CONVICCION DEL TRIBUNAL SE TRAIGAN PARA SU CONSIDERACION LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, TESTIMONIALES CIENTIFICA Y MEDIDAS QUE OFREZCO, ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS QUE LA DEFENSA HARA VALER EN EL JUICIO.

Prueba documental:

Mi declaración ante el Juez Gabriel Cavallo con motivo de mi detención durante cuarenta días en la Dirección de Unidades de Información Antiterrorista, en ocasión del pedido de extradición del reino de España en el año 2001 formulado por el ex Juez de la Audiencia Nacional Nro.5 Dr. Baltazar Garzón.

Mi declaración indagatoria ante el Juez Federal de Santa Fe Nro, I Dr. Reinaldo Rodríguez, en ocasión de mi detención ocurrida el día 2 de febrero de 2005.

Mi declaración indagatoria cuando se intentara procesarme por el delito de “Asociación Ilícita” en el Juzgado Federal de Santa Fe.

Mi declaración indagatoria y ampliaciones realizadas cuando se me imputara “Asociación Ilícita” etc… ante el Dr. Ricardo Lazzarini.

Mi declaración indagatoria y ampliaciones realizadas cuando se me imputara “Asociación ilícita” etc… ante el Dr. Carlos Vera Barros.

Mi declaración completa e interrogatorio del Ministerio Público Fiscal, querellantes y defensores a los que acepté responder ( de tres horas y quince minutos) videograbada en el juicio oral ante los Dres. Renna, Arango y Creus.

La documental presentada al Juez Rodríguez durante todo el período instructorio consistente en cientos de fojas y un libro de mi autoría ISBN: 987-43-8484-0.

La documental presentada ante los jueces instructorios Dres. Leandro Corti, Lassaga, Ricardo Lazzarini, Carlos Vera Barros, obrante en autos, incidentes o reservadas por secretaría. Y que idéntico criterio se aplique a toda la documental solicitada.

La documental presentada ante el Tribunal Oral Federal Ad Hoc que me condenara en primera instancia conformado por los abogados de la matrícula Dra. Andrea Alberto de Creus, Carlos Damián Renna y el Juez Federal Dr. Roberto Manuel López Arango. La misma consiste en un organigrama, documentos periodísticos, nóminas, fotografía etc…que superan los treinta elementos de prueba.

La documental de mi impugnación a la actuación del Dr. Reinaldo Rodríguez cuando intentara procesarme por “Asociación Ilícita” y el texto de su inhibición de proseguir en las actuaciones, debiendo apartarse.

La documental de todas las actuaciones obrantes en autos principales, que fueran reservadas por secretaría o resueltas por incidentes de todos los juzgados citados “ut supra” referidas a la causa que por mi denuncia instruye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Expte: P1399/06 y ante la Corte Penal internacional, Expte: OTP-CR 20/08.

La documental del texto del mensaje del Presidente de la Nación Juan Domingo Perón dirigido al pueblo de la Nación Argentina el día 22 de enero de 1974, luego del ataque terrorista al Regimiento 10 de Caballería Blindada, de Azul, producido el 19-10-1974.

La documental de texto del discurso del Presidente de la Nación Juan Domingo Perón dirigido al pueblo de la Nación Argentina el 1 de mayo de 1974.

La documental del texto del Episcopado argentino de junio de 1974 titulado “Los cristianos ante un proyecto nacional de país”.

La documental de las “Ordenes reservadas del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista” en la reunión de Gobernadores del 1 de octubre de 1973 tituladas. “Ante el enemigo común, todo ciudadano es beligerante” y “Somos decididamente antimarxistas”.

La documental (decretos y directivas) del Consejo de Seguridad Interior del año 1975 y l976, integrado por todos los ministros del gabinete nacional, igualmente del Consejo de Defensa Nacional creado el 8 de octubre de 1975 por el Presidente interino Italo Argentino Luder.

Prueba testimonial:

Solicita se cite a prestar declaración testimonial a María Estela Martínez( viuda) de Perón, a Carlos Ruckauf y al Dr. Antonio Cafiero para que refieran a las resoluciones por ellos firmadas para combatir a la subversión en todo el territorio nacional aludidas “ut supra”

sobre su carácter y alcances.

Solicita se cite a prestar declaración testimonial a los Gobernadores de Santa Fe (de jure y de facto) que ocuparon el cargo en el período en que el dicente se desempeñara en el Departamento de Informaciones policiales D-2, desde 1974 hasta el 22 de noviembre de 1977. Para que expliquen cuales eran las órdenes impartidas para reprimir las actividades terroristas y quienes eran los responsables y ejecutores.

Solicita se cite a prestar declaración testimonial a los Ministros de Gobierno de la provincia de Santa Fe (de jure y de facto) que ocuparon el cargo durante el período referido. Para que expliquen cuáles eran las órdenes impartidas para reprimir las actividades terroristas y quienes eran los responsables y ejecutores.

Solicita se cite a prestar declaración testimonial a los Jefes de la Policía de la provincia de Santa fe (policiales e interventores militares) que actuaron durante el período antes mencionado. Para que expliquen cuáles eran las órdenes impartidas para reprimir las actividades terroristas y quienes eran los responsables y ejecutores.

Solicita se cite a prestar declaración testimonial a los Jefes de Departamento de Informaciones policiales que ocuparon el cargo durante el período antes mencionado (1974-nov77). Para que expliquen cuáles eran las órdenes impartidas para reprimir las actividades terroristas y quienes eran los responsables y ejecutores.

Solicita se cite a prestar declaración testimonial a Sr. Ex Arzobispo de Santa Fe Monseñor Edgardo Gabriel Storni. Para que explique su entrevista con el dicente en el Arzobispado y el contenido de la charla mantenida, referida al tema motivo de este juicio.

Solicita se cite a prestar declaración testimonial a Monseñor José María Arancedo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, para que diga si el dicente le remitiera en tres oportunidades cartas denunciando las irregularidades de los procesos judiciales a que se ve sometido.

Solicita se cite a declarar a Joseph Ratzinger – Benedicto XVI- actual Papa, para que responda si el dicente formulara denuncia ante el Vaticano en fecha 14 de mayo de 2011 y los términos de la misma.

Solicita se cite a declarar al personal de INTERPOL que procediera a recibir al dicente cuando éste se presentara en el Arzobispado para ponerse a disposición de las autoridades.

Solicita se cite a declarar al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que diga si durante el período en que se desempeñó como Juez de Sentencia, durante la dictadura militar, cargo que desempeñó ininterrumpidamente hasta 1984, o posteriormente, tuvo conocimiento de los hechos que se investigan y sobre sus responsables si los hubiere. Si en el Código Penal Argentino de l984. Ley 11.179. Ordenado por Decreto b3992/1984, Título V- Imputabilidad- Art 34, se establecía: “ No son punibles”, Inciso 5:” En que obrare en virtud de obediencia debida”. Y al mismo Dr. Zaffaroni para que diga si en el “Tratado de Derecho Penal” de su autoría, él expresara: “Al que ejecuta una orden, le está vedado analizarla, no hay para éste acción, trasladándose la autoría con todas sus consecuencias a quién impartió la orden, éste cumple una acción típicamente antijurídica y culpable, aquel realiza una actividad que ni siquiera le es atribuible, no siendo responsable por el delito, ni por sus consecuencias civiles”.

Asimismo para que testimonie habiendo integrado la comisión Ad Hoc reformadora de la Constitución Nacional en 1994 en representación del FREPASO, que significa el texto del Capítulo Cuarto (Atribuciones del Congreso), Art 75 de la CN, inciso 22 en el cual se establece refiriéndose a los tratados internacionales “…en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…”

Prueba científica:

Solicita ser sometido a la prueba científica del polígrafo para responder con este medio de prueba a todas las preguntas que el tribunal resuelva formularle, asimismo para el Ministerio Público Fiscal. Siendo ésta una prueba de descargo contra el sospechado muy utilizada en países como Estados Unidos, validado por el departamento de Defensa y Justicia de EEUU, fiscalías, etc.. y cuya fiabilidad es del 100% en su versión más moderna. Considerándolo un medio sumamente idóneo y que acorde a la legislación vigente cualquier cosa se puede admitir como prueba, como se admiten filmaciones, grabaciones, fotografías, etc… siendo la prueba científica solicitada de gran importancia para: el pleno convencimiento de la existencia del hecho y de la participación del imputado en el mismo en la formación de la convicción del juez.

Solicita medida:

Se ordenen careos de mi persona con todas y cada una las personas que figuran como denunciantes en esta causa. Habiendo absolutas contradicciones, un denunciante que afirma y un acusado que niega, y debiendo el tribunal ser un tercero imparcial; resulta procedente.

Señora/es del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, no hacer lugar a lo solicitado constituiría un agravio a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (Art. 18 de la Constitución Nacional). “Son las pruebas, no los jueces, las que condenan, ésta es la garantía”, Cafferata Nores, José; “La prueba en le proceso penal, con especial 23.984. Editorial Dopalme Bs. As. 1998, Pág.6. Por lo que hacer lugar a lo peticionado, será justo.

Eduardo A. Ramos Campagnolo

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Al general de brigada Fabián Emilio Alfredo BROWN

2011-09-19T21:01:00.000-03:00

Director General de Educación y Rector del IESE

Durante 13 meses tuve el honor de vestir el uniforme del glorioso ejército argentino, como soldado conscripto de la clase 1944.

Durante los meses que cumplí con el deber cívico del servicio militar obligatorio, llegué a perder la noción de la existencia de la palabra DISCRIMINACIÓN. Los soldados éramos tratados todos de igual modo. Sin distinción de raza, credo, nivel socioeconómico, ni estudios cursados. Todos recibíamos la misma comida, el mismo tipo de ropa de vestir y calzado. Allí nacían amistades sin discriminación alguna, forjándose la solidaridad y el espíritu de cuerpo.

En ese período fuimos imbuidos del amor a la Patria y a nuestra enseña celeste y blanca; y llenos de orgullo juramos seguirla y defenderla hasta perder la vida.

Se nos inculcó el orgullo de ser argentinos y soldados. Aprendimos a no bajar la vista ni tener miedo de hablar. Al superior había que mirarlo a los ojos y hablarle fuerte, si era necesario, cabía la recomendación de hacerse "gárgaras de tachuelas".

Se nos enseñaba a ser hombre de honor, no juguete vulgar de las pasiones ni esclavo servil de los tiranos.

Con el paso del tiempo, veo con profundo dolor que muchos militares han perdido el orgullo de ser argentinos y soldados; que han dejado de ser hombres de honor para ser simples lacayos de los gobernantes de turno.

Los argentinos vimos como el general (con minúscula) Roberto Bendini, como un triste esclavo, ascendía a un banquito para descolgar el cuadro del General Jorge Rafael Videla.

Después nos sorprendimos viendo a miembros del ejército sosteniendo de manera ridícula, pancartas en el Salón “Libertador” del edificio del Ministerio de Defensa, junto a la comunidad homosexual.

Ahora, Ud. rinde homenaje a un grupo de terroristas, que hoy se nos quiere mostrar como inocentes protagonistas de “la noche de los lápices”, que reclamaban el boleto escolar. Olvida Ud. que uno de los “sobrevivientes de esa “noche de los lápices, Pablo Díaz, años después, restablecida la democracia, militaba en el Movimiento “Todos por la Patria”, banda terrorista que a sangre y fuego asaltó el Regimiento de La Tablada, durante la Presidencia del Dr. Raúl Alfonsín. No luchaban contra ninguna dictadura, seguían tratando de imponernos un trapo rojo en lugar de nuestra celeste y blanca.

Lo mas ridículo e indignante es que este homenaje a terroristas lo hizo en el INSTITUTO SOCIAL MILITAR "DR. DÁMASO CENTENO"

Usted no puede ignorar que en 1891 se constituyó la 1ra Comisión Directiva del “Asilo de Huérfanos de Militares”, asociación que actualmente funciona bajo la denominación de “Sociedad Protectora del Instituto Social Militar Dr DÁMASO CENTENO” y que hasta 1947 dirigió, en forma integral, los destinos de la Institución.

Si, asilo de huérfanos de militares. Vaya paradoja, usted rinde homenaje a los cómplices de quienes “fabricaban” huérfanos de militares, en el lugar que se constituyó como asilo de huérfanos de militares.

Tengo la certeza que si usted es capaz de tener actitudes como ésta, debe ser incapaz de imponer que se enseñe a los alumnos de los institutos que usted dependen, sobre los atentados terroristas, robos, secuestros y asesinatos que se cometieron por parte de esas bandas criminales.

Si usted fuera una persona de honor y hubiera cometido este indigno acto en un rapto de debilidad, le acercaría un arma y lo dejaría solo hasta escuchar el sonido del disparo, como corresponde a un hombre de honor que trata lavar su honra quitándose la vida.

Pero eso sería mucho pedir a una persona como usted.

Por ello, solo me queda expresarle públicamente mi desprecio. Ud., Bendini, quienes hacen la payasada de levantar pancartas junto a la comunidad homosexual y otros de conducta similar, deshonran al Ejército Argentino que escribió páginas gloriosas de nuestra historia, logrando nuestra independencia, construyendo puentes y caminos, educando a soldados analfabetos, asistiendo a la población durante terremotos e inundaciones.

Tengo la certeza de que no soy el único que desprecia su conducta.

Que la Patria se lo demande y Dios misericordioso, tenga piedad de su alma…

Orlando Agustín Gauna

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Eduardo Ramos contra la INJUSTICIA

2011-09-19T07:00:00.000-03:00

Santa Fe de la Vera Cruz, 11 de mayo de 2011.-

Ref: Eduardo Alberto Ramos Campagnolo

P-1399-06

Argentina

Señor

Mario López Garelli

p/a Secretario Ejecutivo de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organización de Estados Americanos

Estimado señor:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y a esa CIDH con el objeto de remitirles adjuntas a la presente; en 15 (quince) fojas útiles mis observaciones a la información adicional aportada por el Estado de Argentina, cuyo texto usted me enviara en fecha 3 de mayo 2011 por correo electrónico. Y adjunto además documental complementaria en 4 (cuatro) fojas.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo con distinguida consideración.

Eduardo A. Ramos Campagnolo.-

DNI.11.555.259.-

OBSERVACIONES A LA INFORMACION ADICIONAL PROPORCIONADA POR EL ESTADO DE ARGENTINA EN RELACION A LA PETICION 1399/06 EDUARDO ALBERTO RAMOS CAMPAGNOLO.

Sobre el subtítulo I – Contenido de la petición-

El Gobierno Argentino mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto a través de su Ministro a cargo de la Dirección de Derechos Humanos Eduardo Acevedo Díaz expresa : a) “ … el peticionario no especifica cuáles serían aquellos derechos reconocidos en la Convención Americana cuya presunta violación atribuiría al Estado”. Para, en el mismo párrafo asumir que: “…el peticionario estaría alegando la presunta violación de los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención”. b) En el último párrafo del subtítulo I declara: “…tales violaciones se habrían producido en el contexto de la tramitación de la causa penal seguida en su contra ante la justicia federal …”.

OBSERVACIONES:

Sobre el punto a): Los derechos que se han vulnerado en mi caso, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos son: Artículo 7 –Derecho a la libertad personal- Inciso 3 “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”; Inciso 5: “ Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparencia en el juicio”. Artículo 8-Garantías Judiciales- Inciso 1: “ Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial…” Inciso 2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…” Artículo 9-Principio de legalidad y de retroactividad- “ Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable…” Artículo 24-igualdad ante la ley- “Todas las personas son iguales ante la ley…” Artículo 25 inciso 1-Protección judicial-: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. (Los resaltados del texto me pertenecen).

FUNDAMENTOS.

Mi encarcelamiento ha sido y es arbitrario, es decir injusto, ilegal y abusivo porque: Se produce luego de radicarse la denuncia ante la Audiencia Nacional del Reino de España en el año 1996 y en el curso de ese proceso el Juez Baltasar Garzón, a cargo de la investigación solicita mi extradición, mediante Comisión Rogatoria Internacional del 16 sept 1996, Juzgado Central Nro 5; razón por la que fui detenido durante el período de 28 de septiembre del año 2001 al 7 de noviembre de 2001 en causa 11.781/01 y alojado en la Unidad de investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. El pedido de extradición fue rechazado por Resolución 3462 del 16 nov 2001 y el 26 de nov 2001 ordenado por el Fiscal general de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Dr. Germán Moldes, inicia las actuaciones la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, a cargo del Dr. Eduardo Freiler, registrándose bajo en Nro: 467 (Registro Interno de Fiscalía). El 10 de mayo de 2002 Freiler remite la denuncia a la Fiscalía Federal de Santa Fe, originándose la Causa 311/02. El 2 de febrero del año 2005, el Sr. Juez Federal de Santa Fe Dr. Reinaldo Rubén Rodríguez decide tomarme declaración indagatoria acto para el cual ya me había citado con tres meses de anticipación y hecho que destruye todas las argumentaciones posteriores para denegarme la excarcelaciones presentadas aludiendo “peligro de fuga”. O sea que el Sr. Juez se tomó tres años para decidir mi detención. Desde esa fecha me encuentro detenido sin sentencia firme por el tiempo de seis años y cuatro meses y alojado en la cárcel Las Flores. Al cumplirse los dos años de mi detención ésta se me prorrogó por un año más mediante el Art 1 de la Ley 24.390. Al cumplirse tres años de mi detención se me prorrogó por un año más por Resolución incidental del Tribunal Oral Federal en lo Penal de Santa Fe de fecha 15-02.2008. Al cumplirse cuatros años de mi detención el mismo tribunal la prorroga una año más por Resolución de 04-02-2009, nunca mediando alguna causal que justifique tal decisión. Habiendo interpuesto mi defensa técnica Recurso de Casación y concedido que fuera la Sala II de l Cámara Nacional de Casación Penal resuelve en fecha 18-12-2008 disponer mi libertad bajo caución personal ( por segunda vez, ya que así lo había dispuesto un año antes). El Tribunal Oral de Santa Fe rechaza lo ordenado por su superior argumentando que el juicio oral se iniciará el 1 de septiembre de 2009 (casi siete meses después) y que el mismo finalizaría el día 17 de diciembre.

Toda vez que mi defensa material o técnica interpuso recurso de Habeas Corpus o excarcelaciones, reiteradamente fueron denegadas argumentándose la complejidad de la causa, el peligro de fuga, el monto de la posible pena o la posibilidad del entorpecimiento del trámite judicial, ninguna de las tres causales nunca fueron fundadas y su interpretación demostrativa de parcialidad manifiesta me privó ilegítimamente de mi libertad y me produjo un tormento que hasta hoy lleva seis años y cuatro meses de duración. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y las apreciaciones genéricas que se han utilizado para denegar los habeas corpus y las solicitudes de excarcelaciones cuyas copias he remitido oportunamente por correo postal a esa CIDH formando parte de la evidencia, constituyen la arbitrariedad que denuncio “ut supra” , estipulada en Art 7 Inc. 3 de la CADH, además de traer a esta instancia que también se ha violado los incisos 1,2,3,5 y 6 y consecuentes del citado Artículo de la CADH Estas determinaciones de la justicia argentina federal, carentes de sustento legal, que sufro a partir del vencimiento del tope legal operado el día 02-02-2008 configura una evidente privación de justicia, con la consecuente gravedad institucional que ello implica y la responsabilidad de Estado Argentino por tan anómala situación siendo la coerción personal, esto es la prolongación de la prisión preventiva por seis años y cuatro meses sin sentencia firme una afectación al principio de legalidad, la inviolabilidad en juicio, principio de inocencia y garantía del debido proceso, establecidos en los Arts. 18 y 75 Inc. 22 de la Constitución de la Nación Argentina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en lo tocante a este tema:”…si bien el argumento de seriedad de la infracción como la severidad de la pena pueden en principio ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido, como ambos argumentos se inspiran en criterios de retribución penal, su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la condena, produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convirtiéndola prácticamente en un instituto de la pena privativa de libertad y que el Estado puede adoptar otro tipo de medidas cautelares para asegurar la comparencia del inculpado que no signifiquen mayor restricción de su libertad personal”- Informe de la C.I.D.H. 12/96 reiterado en 2/97.

El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal, Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas, de la C.I.D.H. de la O.E.A. establece en los “Principios Generales del Proceso” punto cuarto, inciso 1: “ El enjuiciamiento y fallo, en materia penal, estarán siempre a cargo de jueces independientes sometidos únicamente a la ley”, Inciso 2: “Los tribunales deberán ser imparciales…” Inciso 3: “ Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los Tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. Punto Sexto: “Todo proceso penal se desarrollará sin dilaciones indebidas…” Punto Vigésimo: “ La prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá ser acordada únicamente como “Ultima ratio”. Sólo podrá ser decretada en los casos que se compruebe peligro concreto de fuga del imputado o de la desaparición o alteración de las pruebas”. La libertad sólo puede restringirse en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación punitiva, así se expresa en el Art. 280 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina y en el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, incorporada a nuestra Constitución Nacional mediante el Art. 75 Inciso 22, aplicable por el principio de “ley posterior más benigna”. Mantener mi situación procesal constituyó y constituye un “anticipo de condena” contrariando al derecho nacional e internacional. Y presumiendo no sólo sin pruebas, sino además sin admitir pruebas en contrario que me abstraeré del accionar de la justicia, violando el principio de inocencia, que solo puede caer mediando una sentencia firme.; de no ser así corresponde el derecho a la libertad ambulatoria durante el proceso. Toda vez que se me han denegado excarcelaciones argumentando el monto de la pena requerida se ha actuado inconstitucionalmente al interpretar al Código de Procedimientos Penales Argentino “juris et de jure” porque no se ha interpretado armónicamente con las Convenciones de Derechos Humanos y no ha habido tiempo racional de detención como lo establece el Art 319 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina.

No escapará a esa C.I.D.H. por la reiteración de casos y la pública trascendencia de los mismos, que en la Argentina actual la justicia está siendo utilizada par fines que le son ajenos.

Sobre el subtítulo II. Observaciones de Estado.

1. El Gobierno Argentino se queja por la extemporaneidad en el traslado de la petición, expresando que si el peticionario hizo su presentación en fecha 13 dic 2006, al Estado Argentino fue trasladada 4 años después. .

2. El Gobierno Argentino expresa que no habiéndose agotado el recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición no debe ser admitida por la Comisión Interamericana.

3. El Gobierno Argentino dice:”Los hechos mencionados por el peticionario no caracterizan una violación de derechos humanos (Art. 47 b de la Convención Americana)

OBSERVACIONES.

Sobre el punto 1 no me corresponde opinar al respecto.

Sobre el punto 2:

Tengo conocimiento que no se ha agotado la vía, pero advierto que no es mi responsabilidad que ello no haya sucedido y que no obstante en el transcurso de lo actuado hasta el momento, a todas luces se han violado sistemáticamente mis derechos humanos, se hayan agotado o no las vías judiciales.

Sobre el punto 3:

En el primer párrafo al decir del Gobierno Argentino que no expongo los hechos me remito a la abundante correspondencia electrónica y evidencia remitida por mí por correo postal a esa C.I.D.H. la que incluye el fallo y sus fundamentos del Tribunal Oral Federal de Santa Fe y la apelación presentada por mi defensa técnica.

En el segundo párrafo redunda lo establecido en el artículo 47 de la C.A.D.H.

En el tercer y cuarto párrafo redunda al referir al agotamiento previo y destaca el carácter subsidiario de la C.I.D.H. y cita:”…la premisa básica de esa fórmula es que la Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención” A lo ya expresado sobre las garantías judiciales que me fueron violadas y a las violaciones a la Convención referidas por mí, debo agregar que no estuve ni estoy siendo juzgado por los jueces naturales, ya que al Tribunal Oral en lo Penal de Santa Fe constituído especialmente para el tratamiento de la causa que me involucra lo integran dos abogados de la matrícula, que no son jueces federales ( Los Dres. Carlos Damián Renna y la Dra. Andrea Alberto de Creus) que tampoco integraban la lista de conjueces, que debe confeccionar el Juez competente y tener visto bueno del inmediato superior, notificada y publicada. Esta anomalía esta expresamente prohibida por el Art. 18 de Constitución de la Nación Argentina.

En el quinto párrafo el Gobierno Nacional admite la competencia de la C.I.D.H. cuando una sentencia judicial ha sido dictada al margen del debido proceso o se hayan violado derechos garantizados en la Convención y que la función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención, asimismo que la Comisión está plenamente facultada para fallar con respecto a supuestas irregularidades de los procedimientos judiciales internos que den lugar a manifiestas violaciones del debido proceso o de cualquiera de los derechos protegidos por la Convención. Deseo acotar que por el mismo hecho se me han iniciado dos procesos nuevos insospechados que por alguna razón u otra se encuentran unidos a la primera actuación que se labra en mi contra, debe además tenerse en cuenta que las órdenes emanadas por el Procurador Fiscal General de la Nación, Dr. Esteban Righi de público conocimiento ordenan celeridad y no desmembramiento del expediente con la consecuente formación de causas por separado; en una de ellas también interviene una abogado de la matrícula, o sea no un juez natural, lo que quizás advirtieran luego de mucho tiempo y designaran en la causa posterior a un Juez Federal, el Dr. Carlos Alberto Vera Barros. Me refiero a la conexidad objetiva y subjetiva de las tres causas que se siguen en mi contra, ambos jueces intervinientes incurren en el mismo error que los que actúan en la primera, solo basta ver las imputaciones y los posibles intervinientes como para darse cuenta que lo que he narrado anteriormente no solamente se persiste en el desapego a la ley sino más allá sus convicciones como hombres del derecho, quizás nos encontremos en el futuro condenados no solamente por jueces naturales sino también por abogados inscriptos que obviamente el Colegio mediante su Tribunal de Ética tomara las medidas que estime corresponder. No solamente es mi expresión de deseo sino que he tenido contacto con profesionales probos en la materia que llegan a mis mismas conclusiones, la nominación sería interminable pero muy fácil de acreditar. Estoy siendo sometido a doble juzgamiento y víctima de prevaricato en estas nuevas causas, que me mantienen en estado de libertad insólitamente.

En el sexto párrafo: Cuando dice el Gobierno Argentino que pude “gozar plenamente del derecho de acceder a órganos jurisdiccionales competentes, independientes e imparciales, que la causa seguida en su contra fue tramitada en un período de tiempo razonable y que se respetaron en un todo las debidas garantías judiciales…” citando palabras del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Dr. Eduardo Luis Duhalde. Debo decir en cuanto a la independencia de los jueces actuantes que el mismo señor Duhalde fue quién pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara proceso de destitución a casi la mitad de los miembros de la Cámara de Casación por haber accedido a liberar a otros que, como yo, llevaban varios años sin condena; y esto motivó que 74 jueces nacionales exigieran a la Comisión permanente de Protección de la Independencia Judicial que se pronunciara contra la persecución contra los jueces amenazados. El señor Duhalde que le escribe a la C.I.D.H “de independencia judicial”, pidió juicio político a los jueces que fallaron de una manera que al gobierno no le gustó. Como será la independencia a la que refiere el Sr. Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación que el día 23 de diciembre del año 2008 uno de los conjueces de la causa que se me lleva se dirige a sus pares del Tribunal Oral de Santa Fe expresando textualmente: “Martín Francisco Gutiérrez, abogado, en mi carácter de conjuez en autos 03/08 vengo a excusarme de seguir entendiendo en el carácter de conjuez en la causa antes citada como consecuencia de la violencia moral y psíquica

que me embarga producto de las recientes declaraciones y amenazas surgidas desde el mismo seno de Estado Nacional…como consecuencia de la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Casación penal disponiendo el cese de la prisión preventiva de imputados por delitos de lesa humanidad, la Presidente de la Nación, como el Secretario de Derechos Humanos de la Nación (Eduardo Luis Duhalde), el Ministro de Defensa de la Nación y la Diputada Diana Conti, entre otros funcionarios y legisladores…que quienes tienen la responsabilidad de entender como el sucripto en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad y cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones condenatorias perseguidas por el Estado Nacional…deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento o a procesos por delitos comunes…las advertencias que en grado de amenazas han vertido estos funcionarios públicos, funcionarios políticos y legisladores que ostentan hoy el poder en el país han ejercido en el suscripto y en mi familia fundamentalmente un grado tal de mortificación, desasosiego, perturbación y violencia moral y psíquica que me impedirán en un futuro …ejercer una adecuada, justa y recta administración de justicia …me obligarían por coacción a tomar en el futuro un solo tipo de decisión judicial, la que resulte contraria a los intereses o derechos de los imputados, aunque pudiera tener la íntima convicción de su injusticia…” En cuanto a la imparcialidad a la que refiere el Gobierno Argentino debo decir que en mi caso se han aplicado retroactivamente las normas jurídicas cuando en derecho constitucional e internacional existe el principio de irretroactividad de las normas (Arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, Art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se ha comprometido la garantía de imparcialidad con la actuación de los jueces y conjueces Dr Reinaldo Rodríguez y Dr. Leandro Corti cuando en la etapa preparatoria demostraron signos claros que generan dudas en cuanto a su imparcialidad teniendo como válidas una serie de afirmaciones fácticas como los testimonios de los denunciantes con lo que han expresado su opinión sobre los presupuestos del caso. Y la imparcialidad también está manifiesta en el monto desmesurado de la pena ( veintitrés años) lo cual me agravia y en el mantenimiento de la prisión preventiva sin sentencia firme durante seis años y cuatro meses, por lo que también expreso mis agravios.

También en el sexto párrafo el Gobierno Argentino refiere que la causa penal seguida en mi contra fue tramitada en un período de tiempo razonable y que se respetaron todas las garantías judiciales; suena a burla para mis oídos. Evidentemente para el Gobierno Argentino tener a un ciudadano seis años y cuatro meses en una cárcel esperando que la justicia decida si es inocente o culpable es un tiempo razonable. En cuanto a “que se respetaron las garantías judiciales” obra en esa C.I.D.H. la documental enviada por mí cuando mis peticiones de careos, inspecciones, y todo tipo de pruebas y medidas procesales era desestimadas con un lacónico “téngase presente” u “oportunamente” y nunca concretadas por la instrucción; o cuando mis Habeas Corpus, Excarcelaciones y Amparos eran denegados.

En el séptimo párrafo:

El Gobierno Argentino en su respuesta se encarga de corroborar lo que en renglones anteriores he afirmado al decir claramente que no respetan la igualdad ante la ley ( establecida en el art. 16 de la Constitución de la Nación Argentina) en los casos de delitos de lesa humanidad ( calificación con la que discrepo), entonces el Gobierno Argentino dice claramente y sin eufemismos que desconoce la Constitución Nacional y el Art. 25 de la Convención Americana de DDHH de 1969. Y admite increíblemente que los criterios aplicables en estos procesos judiciales para las excarcelaciones y las prisiones preventivas no pueden ser los mismos que para los individuos comunes. El Gobierno Argentino señores de la C.I.D.H. me está reconociendo el carácter de PRESO POLITICO.

En el octavo párrafo:

El Gobierno Argentino refiere a la razonabilidad de la prisión preventiva y finaliza el párrafo aludiendo a los instrumentos jurídicos que establecen los requisitos para que tal medida cautelar restrictiva de la libertad sea dispuesta. Además de expresar que miente descaradamente, debo aclararle que la actual tendencia de los máximos tribunales favorecen los principios “pro homine” y “pro libertate” durante el proceso, de igualdad ante la ley, de excepcionalidad de la coerción personal mientras subsista el estado jurídico de inocencia ( conforme lo establece la Constitución Nacional en sus Arts. 14 y 18) y de las garantías de la defensa en juicio y de un recurso contra el encierro cuando se torna indefinido ( Conforme a la C.A.D.H en su Art 7 apartado 6 y P:I.D.C y P. art. 9 apartado 4) para evitar la vulneración a la seguridad jurídica propia de nuestro estado de derecho. Para operar la privación de la libertad durante el transcurso del proceso la decisión debe responder a la racionalidad, sentido común, hechos objetivos, serios y comprobables, sin que se puedan admitir apreciaciones genéricas que constituyan arbitrariedad. Si se esgrime que el imputado podría obstaculizar la investigación debe indicarse concretamente de qué manera lo haría en caso de obtener la libertad o cuales serían las circunstancias a partir de las cuales se pretende inferir que el imputado intentaría eludir el accionar de la justicia. La Cámara Nacional de Casación penal Argentina en el caso “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación con fecha 10 de abril de 2008 la Sala V señaló que; “…el encierro cautelar dispuesto respecto de personas que gozan de la presunción de inocencia hasta tanto no sean declaradas culpables por sentencia firme para estar justificado normativamente debe resultar: A) Necesario, es decir que se apoye en la finalidad que justifica su imposición, los peligros procesales, B) Indispensable, lo que implica que su fines no pueden ser cumplidos de un modo menos lesivo C) De duración razonable, entendiendo por ello que su duración está condicionada a que el estado culmine el proceso en un plazo acorde con la celeridad con que debe actuar y D) Proporcionado, en el sentido de que el gravamen que provoca no puede ser mayor a las posibles consecuencias del juicio que sustentan la medida ( Conforme lo establecen la Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 7.5. 8.2; Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos Arts. 9.3 y 14.2; Declaración Universal de los Derechos Humanos Arts. 9 y 11.1, Constitución Nacional Art 18 y Código Procesal Penal de la Nación argentina Arts. 280 y 319). El argumento fundado de que el acusado pueda evadir la acción de la justicia, obstaculizar la investigación, destruir evidencia o intimidar a testigos no resulta aplicable a mi caso. Al respecto la C.I.D.H. ha expresado en su Informe 12/96 reiterado el 2/97 “…si bien tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido, como ambos argumentos se inspiran en criterios de retribución penal, su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la condena produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convirtiéndola prácticamente en un instituto anticipado de la pena privativa de libertad y que el Estado puede adoptar otro tipo de medidas cautelares para asegurar la comparecencia del inculpado, que no signifiquen mayor restricción de su libertad personal”.

En el noveno párrafo:

El Gobierno Argentino refiere a reglas del Tribunal Internacional para Ruanda, alusión que opino extraña al caso en tratamiento ya que allí se investigaban 800.000 muertes y yo no estoy acusado de ningún homicidio, pero igualmente admite que el acusado puede gozar de libertad provisional con orden de la Sala de Juicio si esta cree que comparecerá a juicio y no existiera peligro para las víctimas. Acotando que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sin votación de la Asamblea General, es decir usurpando su poder, dicho tribunal fue cuestionado por el propio Gobierno de Ruanda por su competencia “ratione temporis”, iniciativa contraria a los principios fundamentales del derecho. Es un organismo de índole extremadamente política, no satisface los requisitos jurídicos básicos en materia de independencia e imparcialidad, es un apéndice de un organismo internacional de coerción ( las N.U.), improvisado y Ad Hoc como Nuremberg. La Carta de las Naciones Unidas po prevee la constitución de tribunales Ad Hoc, es una extralimitación del Consejo de Seguridad, un órgano esencialmente político. ¿ Crearían los Estados miembros del Consejo de Seguridad tribunales Ad Hoc en sus propios países?

En el décimo párrafo:

El Gobierno Argentino menciona, sin reproducir textualmente la jurisprudencia, sino emitiendo opiniones sobre Decisiones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pero al finalizar el párrafo y citando el caso “El fiscal c Nahimana” alude que aun en caso de genocidio y referente a la libertad provisional “…debe llevarse a cabo un balance entre la solicitud del acusado, la comunidad de intereses y la necesidad de complementar el procedimiento en forma ordenada”. Y al citar el caso Bizimungo, el Gobierno Argentino cita la opinión de la parte acusatoria ( el Fiscal) pero la defensa en dicho caso decía: Que la detención provisional por más de tres años y la cooperación en la investigación eran “circunstancias excepcionales” que ameritaban la liberación. Y la Sala observó el derecho del acusado a un juicio sin dilaciones indebidas, garantizado en el Art. 40 4-c del estatuto que se había infringido al estar detenido por más de tres años. Al citar el caso Kanyabashi (Joseph) deseo recordar que los primeros procesos del T.I.P.R. violaron los derechos a la defensa por decisiones infundadas al no permitir consultar expedientes, impedir escuchar testigos y buscar abogados; por lo que los novicios magistrados debieron acatar el respeto a la defensa incorporando abogados extranjeros.

En el decimoprimer párrafo:

El Gobierno Argentino refiere al Art 58 del Estatuto de la Corte Penal Internacional citando que la prisión preventiva amerita cuando: Haya que “Asegurar que la persona comparezca a juicio. Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte. En su caso impedir que la persona siga cometiendo ese crimen…” Debo decir que sostengo mi inocencia en los hechos imputados lo que he demostrado en juicio oral y he remitido videograbación de mi defensa material a esa C.I.D.H que lo prueba y los fundamentos de mi defensa técnica en su apelación del fallo ante el superior, expresando agravios. Que ya he comparecido al juicio, que no solo no he entorpecido la investigación sino que he colaborado con ella en reiteradas oportunidades según consta en las evidencias por mí suministradas. Y que los delitos investigados ocurrieron hace 35 años en ocasión de una guerra revolucionaria y su represión y de ninguna manera un imputado puede repetir tal situación.

En el décimosegundo párrafo:

El Gobierno Argentino menciona un caso “El Fiscal c. Thomas Lubanga Dylo” en el cual había un riesgo sustancial de que el acusado buscara fugarse y en el que la Sala de Cuestiones Preliminares concluye que los acusados tienen derecho a ser juzgados en un tiempo razonable y que la prisión preventiva no puede extenderse en forma injusta y además que la medida restrictiva de la libertad depende de las características particulares de cada caso. Digo al respecto que seis años y cuatro meses, el tiempo que llevo detenido me parecen más que un tiempo razonable y que las características en mi caso ameritan mi libertad por ser ajustada al derecho nacional e internacional humanitario.

En el décimotercer párrafo:

El Gobierno Argentino sostiene que estando yo acusado de delitos de lesa humanidad debo tener derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos sin que ello garantice un resultado favorable, ya que un resultado negativo emanado de un juicio justo no constituye una violación de la C.A.D.H.

Debo decir que el punto de partida de la incorporación de la Convención de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en mi país, comienza con la Ley 25.778, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el día 3 de septiembre de 2003, conforme a lo ordenado mediante Decreto 688/2003 el día 2 de septiembre de 2003 con las firmas de Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Gustavo Béliz. Como la Convención se encuentra incorporada desde esa fecha allí toma fuerza su artículo IV en el que consta el compromiso del Estado Argentino de legislar concreta y formalmente acerca de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, es así que no existen en nuestro derecho penal interno delitos que se puedan calificar como de lesa humanidad o sea distintos en su naturaleza jurídica a los crímenes comunes y por ello no hay delito que sea imprescriptible según el Código Penal. Siendo además la invocación a cualquier otra norma de un derecho imperativo anterior ilegal ante la debida aplicación del principio de la ley más benigna, según el derecho internacional y según el derecho penal argentino que su Código penal Art. 2do dice:”…si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fura distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna…” por todo ello manifiesto la ilegalidad de los juicios que se me siguen, su inconstitucionalidad y su nulidad. El artículo 1ro. De la Convención dice que los crímenes ( de guerra y de lesa humanidad) son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, pero se refiere sin lugar a dudas a cualquier fecha posterior a la entrada en vigor de la norma.

Sobre el segundo asunto del mismo párrafo digo que los procedimientos a los que me somete la justicia argentina no son justos, ni imparciales ni rápidos y que si el resultado es negativo se deberá a las reiteradas violaciones a la legislación internacional humanitaria, a la Constitución Nacional Argentina, al Código Procesal Penal y al Código Penal Argentino.

En el decimocuarto párrafo:

El Gobierno Argentino sostiene que lo expuesto en su respuesta a la información requerida demuestra que no hay elementos de prueba suficientes para imputar al Estado argentino por violación a los derechos consagrados en la Convención Americana y que por lo tanto debe declararse inadmisible mi petición. Al respecto digo que en todos estos procesos irregulares se ha aplicado la doctrina “Dualista” cuando lo que corresponde es la aplicación de la doctrina “Monista”, ya que en los años 70 ningún tratado internacional tenía en la República Argentina jerarquía constitucional y así fue resuelto y quedó firme en la Causa 13/84 del Juicio a las Juntas de Comandantes del proceso Militar de 1976 a 1983. Esta violación sistemática instrumentada desde el Estado argentino ha afectado mis derechos al principio de irretroactividad penal, de inocencia, de legalidad, de duda a favor del reo, de juez natural, de cosa juzgada, de economía procesal, de defensa en juicio, de la ley más benigna y del debido proceso, entre otros. Obran en autos de esa C.I.D.H. un cúmulo de evidencias por mí presentadas, constituídas por documentos, actuaciones, fallos, material periodístico, videograbación del juicio oral, resoluciones de los actuantes que acreditan mis afirmaciones vertidas en esta denuncia, a las que agrego las adjuntadas a la presente.

Habiendo finalizado las observaciones solicitadas, solicito se tengan por presentadas en tiempo y forma, anticipadas por correo electrónico y remitidas en forma escrita por correo postal a esa C.I.D.H. junto a la documental referida en nota cabecera; quedando a la espera de vuestra resolución favorable a mi petición por ser justa, saludo a usted con distinguida consideración.-

Eduardo Ramos Campagnolo

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Antonio Riestra, el Diputado que cambió la historia

2011-09-16T13:19:00.003-03:00

Hoy nos quieren cambiar la historia. Socialistas, progresistas, madres de plaza de mayo, abuelas de plaza de mayo, terroristas y otras yerbas, nos mienten descaradamente y nos cuentan la historia como mejor les parece.

A violentos y sanguinarios terroristas los quieren hacer pasar como jóvenes idealistas. A guerrilleros asesinados por sus propios camaradas los quieren hacer pasar como víctimas del terrorismo de estado. A muertos en violentos enfrentamientos que ellos provocaban los quieren hacer pasar como asesinados por la dictadura. A una mujer que no podía tener hijos, la hija de Estela de Carlotto, después de muerta le inventaron un hijo y fabularon que se lo habían apropiado los militares.

Siguiendo el eslogan nazi, mienten, mienten y así algo va quedando.
Y acudiendo al sitio oficial de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe podemos leer en el informe curricular del diputado provincial Antonio Sabino Riestra, que:
Nació en la ciudad de Santa Fe el 13 de noviembre de 1947. siendo
Militante político y estudiantil, formó parte de la organización Montoneros. Preso político durante la dictadura de Onganía y exiliado en el último golpe militar.
Así encontramos dos pequeñas grandes mentiras.

Primero, no fue ningún preso político, fue un delincuente terrorista hay que se le secuestraron casi 20 toneladas de explosivos que junto a otros cómplices habían robado a un transportista. Con esos explosivos robados se cometieron varios atentados criminales terroristas en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo el atentado contra el edificio en construcción del actual Comisaria 11ª. Por este hecho fue detenido por primera vez en el mes de febrero de 1971. Durante lo que él llama la dictadura de Onganía no estuvo detenido. Miente. Riestra fue detenido por delincuente durante el gobierno de Marcelo Levingston.

Recordando el viejo refrán que dice “Dime con quién andas y te diré quién eres”, cabe preguntarse si los Diputados, pares de Riestra son tan mentirosos como él. Cabe preguntarse también, si no sienten vergüenza de compartir una banca en la legislatura provincial con un ladrón, terrorista y mentiroso. ¿O acaso lo consideran un igual?

Ladrón, terrorista y mentiroso, que con esos atributos hace docencia en establecimientos educativos de Santa Fe. Algo que deberían conocer sus alumnos y toda la comunidad educativa. Podemos preguntarnos que les enseña a sus alumnos. Si les comenta como asesinaron a Rucci, a Vandor, a los inocentes soldados conscriptos traicionados por el terrorista Roberto Mayol. Porque Antonio Riestra sabe mucho sobre los atentados, secuestros y crímenes cometidos por los montoneros y los otros grupos terroristas.

Antonio Sabino Riestra, delincuente terrorista montonero y mendaz, es el candidato a Senador Nacional de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

Orlando Agustín Gauna
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Zaffaroni sabía mas que Graciela Alfano

2011-09-07T14:33:00.000-03:00

Discurso completo del Senador Rodolfo Terragno en la sesión del Senado de la Nación donde se decidió la incorporación del Dr. Zaffaroni a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Antes de analizar el pliego, quiero dejar constancia de mi beneplácito por la sanción del decreto 222/2003, mediante el cual el Presidente de la Nación no sólo limitó sus potestades constitucionales: creó un proceso de preselección, gracias al cual la opinión pública participa en la evaluación de el o los precandidatos a jueces de la Corte.
El método adoptado satisface, con creces, una vieja aspiración compartida por mí con gran parte de la ciudadanía, incluyendo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, organizaciones con las cuales, en 1995, tratamos infructuosamente de ser oídos.
Durante años, cada Presidente nominó sin consultar con nadie y el Senado –cumplido un formal e insuficiente plazo de siete días para oír oposiciones-- prestó acuerdos en sesiones secretas.
Con motivo de la nominación del Dr. Adolfo Vázquez, en 1995 puse en marcha, sin ser miembro del Ejecutivo ni del Legislativo, un procedimiento que podría considerarse un antecedente del que ha impuesto, con la correspondiente autoridad y mayor amplitud, el decreto 222.
En aquella oportunidad, actuando como presidente de la UCR, ordené una exhaustiva investigación sobre los antecedentes del nominado, y el 30 de noviembre de 1995 hice público un pormenorizado informe, que provocó gran polémica y motivó que el pliego fuera tratado, esa vez, en sesión pública.
Sin embargo, mi actitud fue objeto de críticas, que provenían no sólo del oficialismo, sino de legisladores de distintos partidos y comentaristas independientes, quienes consideraron impropio someter a un candidato a una ecografía jurídica, política y moral.
En la época aún se entendía que la facultad de nominar era facultad discrecional del Presidente, y que el Senado podía rechazar el acuerdo, pero no podía someter al nominado a un debate público capaz de afectar su prestigio profesional o –en caso de aceptarse el pliego—resentir su futura autoridad como miembro de la Corte.

No confundir período de oposiciones con campaña electoral
Es cierto lo que ha dicho el Dr. Zaffaroni: el procedimiento, establecido por el decreto 222, “que ofrece una enorme transparencia, también brinda un espacio a la injuria y la calumnia”.
En este caso, hemos recibido acusaciones que, sin duda, estaban inspiradas por el animus injurandi. Sin embargo, la extensión y publicidad del procedimiento ha permitido que el propio Dr. Zaffaroni, en una audiencia pública televisada, pulverizara algunas de las injurias.
El único riesgo que ofrece el procedimiento es ajeno al espíritu y la letra del decreto 222. Es el riesgo de que el fanatismo de ciertos sectores convierta esto, que debería ser un concurso de oposición antecedentes, en una campaña electoral, con los vicios que ni aun las campañas electorales deberían tener.
Lo hemos visto en las últimas semanas. Hubo grupos que actuaron con tal parcialidad y afán mediático que sólo faltaron los spots de televisión, proclamando: “Vote a Zaffaroni” o “Dígale no a Zaffaroni”.
En mi caso, he procurado sopesar, con imparcialidad, los antecedentes –positivos y negativos—del Dr. Zaffaroni.
Aprobar o rechazar un pliego no es una “decisión política”, en el sentido que suele darse a esta expresión. Es lamentable ver cómo, entre nosotros, se tiende a creer que la “política” está por encima de todo; por encima del derecho, de la razón o de la equidad. Yo aspiro a que, en este caso, mi decisión no sea una “decisión política” —en ese sentido perverso— sino una decisión justa.

Perjurio constitucional
Para restarle importancia al hecho de haber jurado por el Estatuto de la última dictadura, el Dr. Zaffaroni dijo en la reciente audiencia pública:
“Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.
Con esa declaración, lejos de introducir un atenuante, expuso un agravante.
El perjurio constitucional no es un antecedente plausible. Cuesta comprender que un hombre de derecho pueda jurar “por lo que venga”, sea una Constitución democrática o las reglas impuestas por tres dictaduras sucesivas.
Veamos cuáles son los actos de avasallamiento a la Constitución que fueron aceptados mediante tales juramentos.
1. L llamada “Revolución Argentina”
El Dr. Zaffaroni se inició en la carrera judicial durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, autotitulada “Revolución Argentina”, que se instaurara en 1966.
Hacia 1969, el Dr. Zaffaroni --que era becario de la OEA en México-- decidió volver al país. Según un semanario, declaró recientemente: “Es cierto que en la Argentina estaba Onganía, pero lo que había visto en México me pareció peor, por eso volví”. En un sentido, el Dr. Zaffaroni ratificó estas declaraciones al afirmar en la audiencia pública: “Por más que había acá un gobierno de facto, la situación mexicana era bastante terrible”.
Se refería, en particular, a los hechos que culminaron con la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando una manifestación estudiantil fue violentamente reprimida, con un saldo de decenas de muertos.
El “cordobazo” –que se produjo más o menos al mismo tiempo que el Dr. Zaffaroni se incorporaba a una Cámara de la Provincia de San Luis-- no sería demasiado diferente a Tlatelolco.
En todo caso nada hay de criticable en que, ante la situación de violencia que se vivía en México, el Dr. Zaffaroni decidiera volver al país. Lo opinable es que haya aceptado que un gobierno inconstitucional lo designara juez.
El gobierno de la llamada Revolución Argentina había destituido a todas las autoridades democráticamente electas, y removido a los miembros de la Corte Suprema. Estaban disueltos los partidos y la actividad política. Regía la Doctrinade la Seguridad Nacional, a la cual Onganía había adherido expresamente antes de dar el golpe, durante una reunión de Jefes de Ejércitos americanos que se celebró en West Point, en 1965. Las universidades nacionales estaban intervenidas. Hacía ya tres años que la Universidad de Buenos Aires había vivido “la noche de los bastones largos”. La provincia de San Luis –como todas las otras— estaba bajo el mando de un interventor. El estado de derecho estaba en suspenso.
En esas condiciones, jurar por el Estatuto de la Revolución Argentina, equivalía a convalidar graves violaciones a la Constitución. De hecho, el propio Estatuto, sancionado por la Junta de Comandantes en Jefe, declaraba que sus disposiciones integraban “la norma legal superior, por encima de la Constitución Nacional”.
2. La reforma constitucional de 1972.
El 24 de agosto de 1972, el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse se arrogó el poder constituyente y modificó la Constitución nacional en varios artículos.
En un sentido, este atropello a la Constitución resultó menos traumático que otros, ya que fue preparatorio de una salida electoral y no afectó a los derechos y garantías, sino que introdujo reformas al régimen electoral, la extensión de los mandatos y el funcionamiento del Congreso. Además, lo que había regido hasta entonces era el Estatuto de la Revolución Argentina, por lo que esta reforma implicaba, en cierta medida, la normalización constitucional.
De todas maneras, no se dispuso el reestablecimiento pleno de la Constitución, y se violó el procedimiento de reforma establecido en el artículo 30, que requiere la intervención del Congreso y la convocatoria de una Constituyente. Se impuso, además, normas que tenían por objeto influir sobre el resultado de la elección presidencial.
Como lo ha reconocido el propio Dr. Zaffaroni, también esta violación fue convalidada por él mediante su juramento a la Constitución reformada.
3. El llamado “Proceso de Reorganización Nacional”
En 1976, días después de derrocado el gobierno constitucional, el Dr. Zaffaroni fue designado Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal por el ex dictador Jorge Rafael Videla. Al asumir el juzgado, juró respetar el Estatuto de la dictadura.
El Dr. Zaffaroni, que había puesto a Dios y la Patria como garantes de su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución nacional, al jurar por el Estatuto de la dictadura, de hecho:
- Aprobó que una Junta Militar asumiera el poder político.
- Aprobó que fueran declarados “caducos” los mandatos de la Presidente y los Gobernadores y Vicegobernadores.
- Aprobó que fueran disueltos el Congreso nacional, las legislaturas provinciales,la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y todos los consejos municipales del país.
- Aprobó que fueran removidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
- Aprobó que fuera removido el Procurador General de la Nación.
- Aprobó que fueran removidos los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las provincias.
- Aprobó que fuera removido el Procurador del Tesoro.
- Aprobó que se suspendiera la actividad política y de los partidos políticos, a nivel nacional, provincial y municipal.
- Aprobó que se suspendieran todas las actividades gremiales.
De acuerdo con el Estatuto por el cual juró el Dr. Zaffaroni, las facultades legislativas fueron asumidas por el ex General Videla, con la asistencia de una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por nueve oficiales superiores, tres por cada arma.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas fueron designados por acuerdo del ex General Videla con los otros dos integrantes de la Junta Militar, el ex almirante Massera y el ex brigadier Agosti.
En su descargo, ha dicho el Dr. Zaffaroni:
- “Esto nos tocó hacer a los que vivimos aquella época y pertenecemos a esa generación, sea al asumir como abogado, sea al desempeñar funciones o al asumir cargos docentes”.
- Evalúo esto “generacionalmente” y “asumo la responsabilidad generacional”.
- “Comparto [esto] con toda mi generación. [Yo] no era un militante político. Era un abogado, un juez, un funcionario. Lo tomábamos como una profesión.
- “Nací y me crié en medio de convulsiones políticas y de tipo institucional, como toda la gente de mi generación”. “Estábamos habituados a ver como normal lo que era anormal”.
- “Los que nacieron o se criaron en los últimos veinte años quizá no lo entiendan. Es una vivencia por la que asumo la responsabilidad, pero junto con toda mi generación”.
- “Desde la perspectiva de esa cultura caótica en la cual nos criamos era distinto.
No es cierto que “nos tocó hacer” esto. Lo hizo quien quiso hacerlo, o quien no tuvo el coraje o la convicción suficiente para sacrificarse.
Es en circunstancias como las que vivió el país a partir de 1976 cuando se pone a prueba el compromiso con la democracia.
La generación de Zaffaroni no estaba compuesta sólo de gente “habituada a ver lo anormal como anormal”. La integraron mujeres y hombres que –por resistirse a la dictadura-- perdieron la libertad, padecieron tormentos, entregaron su vida o vivieron el destierro.
No hablo con desconocimiento o desapego. No pertenezco a una generación distinta: tengo apenas cuatro años menos que el Dr. Zaffaroni. Yo tampoco era un militante político. Yo también era abogado. Como lo era mi esposa. En 1976, ambos renunciamos a nuestra profesión, que nos había dado grandes satisfacciones y un buen pasar, para iniciar un largo exilio signado, al principio, por el desempleo y la incertidumbre.
Nos anticipamos así a una detención inminente, fundada en denuncias públicas que yo había hecho en la revista Cuestionario, acerca de la violación de los derechos humanos. Días antes de iniciar mi exilio, a propósito de una carta del Episcopado, critiqué a quienes defendían “lo indefendible”, y los comparé con los escribas y fariseos que, según Cristo, limpiaban lo de fuera del vaso, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Escribí en nombre de lo que llamé una “sociedad asolada y descreída”, y dije que la Argentina corría el peligro de ser convertida en “un sepulcro blanqueado”.
No quiero ponerme en el centro de la escena. En un artículo publicado en El Diario de Caracas, que originó una extensa polémica con el prestigioso escritor Osvaldo Bayer, sostuve en 1980 que el exilio era un privilegio, y que las verdaderas víctimas de la dictadura no éramos nosotros, quienes estábamos lejos, sino quienes sufrían aquí la persecución y la tortura. Sostuve que los verdaderos héroes eran aquellos que se atrevían a desafiar o denunciar a la dictadura en el mismo escenario del horror, entre los cuales había argentinos que hoy están sentados en estas bancas.
Sin embargo, como señalaba Bayer, el exilio fue también un castigo. En una de mis respuestas al gran escritor, subrayé que el exilio era un privilegio “dentro del infortunio”, y le reconocí: “Viví indocumentado. Me improvisé en oficios que nunca aprenderé. Sentí (siento) los dolores que producen las distancias. Perdí afectos que reclamaban cultivo. Estuve ausente en momentos de partidas que reclamaban mi presencia”.
La generación del Dr. Zaffaroni no estaba compuesta íntegramente por mujeres y hombres “habituados a ver lo anormal como anormal”.
José Ortega y Gasset decía que una generación está formada por el conjunto de individuos que comparten un mismo espacio y tiempo histórico, tienen (casi) la misma edad, y mantienen algún contacto vital. En un sentido más específico, definía a la generación como una minoría culta, sensible a los cambios de las circunstancias que la rodean.
En ese sentido, millares de desaparecidos, torturados, presos o exiliados pertenecían a la misma generación que el Dr. Zaffaroni, y —cada uno a su manera— lucharon por el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos.
Lo diría, años más tarde, la CONADEP en el Nunca Más, refiriéndose a la profesión del Dr. Zaffaroni:
“Las más duras represalias cayeron sobre muchos abogados que asumieron la defensa de sus víctimas [...] Las detenciones arbitrarias, los [...] malos tratos en los organismos de seguridad, la desaparición y hasta la muerte de los abogados defensores, fueron uso corriente en los primeros años del régimen militar.
”Se comenzó por identificar al defensor con su defendido: todo aquel que patrocinara o simplemente pidiera o preguntara por un presunto subversivo” era “sospechado de connivencia con la subversión, y si asumía frontalmente la defensa de un perseguido era considerado integrante de la asociación ilícita”.
”Fueron secuestrados”, y desaparecieron “sin conocerse su suerte hasta hoy”, “no menos de 109 abogados”.
“El 90 % de estas desapariciones se consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976”.
“Más de un centenar de abogados fueron llevados a prisión --la mayoría sin proceso judicial alguno-- y un número mucho más elevado y difícil de precisar buscó salvar la libertad, y quizás su misma vida, en el exilio”.
Alguien podrá decirme que la lucha contra una dictadura no es todo heroísmo o huída. También se necesita que haya quienes luchan desde dentro, sigilosamente, para minar el poder despótico sin llamar la atención de los déspotas. Entonces habrá que examinar qué hizo el Dr. Zaffaroni durante la dictadura.
El mismo nos ha dicho que era “observado por todas las autoridades del Ministerio de Justicia”.
Se trata del Ministerio que ejerció el Brigadier Auditor Julio Arnaldo Gómez (desde el 29 de marzo de 1976 hasta el 6 de noviembre de 1978) y el Dr. Alberto Rodríguez Varela (desde el 6 de noviembre de 1978 hasta el 29 de marzo de 1981), seguido luego por Amadeo Ricardo Frúgoli y Jaime Lucas Lennon.
Esto significa que el Dr. Zaffaroni estuvo, por ejemplo, bajo la observación del Dr. Rodríguez Varela, hoy defensor del ex dictador, a quien Julio Bárbaro alude, en “Pasiones Razonadas”, llamándolo –con la verba inflamada que caracteriza a este autor—“el oscuro y siniestro ministro de Justicia de Videla”.
“HABEAS CORPUS”
¿Pudo el Dr. Zaffaroni, gracias al hecho de haber aceptado la incómoda situación de juez bajo una dictadura, salvar a alguien que, de no haber sido por su actuación como juez pudo haber corrido la misma suerte que millares de ciudadanos?
El 1° de agosto me dirigí a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, solicitando acceso a todos los decisorios del Dr. Zaffaroni, durante el período 1976-1983, en los recursos de habeas corpus interpuestos ante el Juzgado de Sentencia que tuvo a su cargo.
He examinado los 143 recursos, de los cuales separé 15 que, por diversos motivos, fueron resueltos por jueces subrogantes. De los 128 casos resueltos por el Dr. Zaffaroni, hubo
- 38 que resultaron corresponder a infracciones a edictos policiales, que en la época imponían treinta días de arresto, no reemplazables por multa. - 6 casos que fueron desistidos, o se dieron por desistidos al no haberse ratificado la presentación.

Quedan para analizar 84 casos, incluido el caso Inés Ollero, quien había sido detenida por fuerzas policiales en un colectivo. El Dr. Zaffaroni se dirigió a los organismos de seguridad, preguntando si tenían a Ollero y, como le respondieron que no, rechazó el recurso de hábeas corpus. Este fallo, confirmado por la Cámara, fue revocado el 25 de abril de 1978 por la Corte Suprema, según la cual el Dr. Zaffaroni “debió extremar la investigación adoptando las medidas necesarias” a fin de esclarecer qué había pasado con posterioridad a la detención policial. Dijola Corte que “la institución de hábeas corpus, enderezada esencialmente a restituir la libertad en forma inmediata a quien se encontrare ilegítimamente privado de ella, exige se agoten los trámites judiciales que razonablemente aconsejan las circunstancias a fin de hacer eficaz y expeditiva la finalidad del referido instituto establecido por la Constitución y por la ley”.
En la audiencia pública, el Dr. Zaffaroni dijo que “la Corte Suprema del Proceso, ante la inminencia de la llegada de la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos], adoptó una posición más avanzada que la que teníamos los ocho o diez jueces que investigábamos y que abríamos a prueba los hábeas corpus. Quiso salvar su responsabilidad y por ende emitió esa sentencia. Nos criticó a nosotros, cuando nosotros éramos severamente observados por todas las autoridades del Ministerio de Justicia”.
Es probable que haya sido así. Esa Corte era parte de la dictadura. No tengo dudas que, si criticó a un juez por no investigar a fondo las denuncias hechas por familiares de desaparecidos, fue para aparentar independencia ante un organismo internacional; o tal vez porque, en el caso particular, se daba un conflicto entre armas: situación que se produjo, reiteradamente, durante la dictadura.
Ahora bien, lo que importa en este caso no fue qué motivos tuvo la Corte para criticar al Dr. Zaffaroni. Importa saber si los motivos invocados eran ciertos o falsos.
He encontrado que, cuando había detención formal, como en los casos “Santos Aurelio Chaparro” o “René Ernesto Tolara”, el Dr. Zaffaroni solía disponer la libertad, que luego era renovada en instancias superiores.
En cambio, en los casos de desaparición de personas, su desempeño era normalmente pasivo. En 27 casos rechazó la acción y remitió las actuaciones a la Cámara del Crimen de la Capital o al Juzgado de Instrucción competente de la Provincia de Buenos Aires, para que se investigase la privación ilegítima de la libertad; pero no he encontrado ningún ejemplo de actividad judicial del Dr. Zaffaroni que haya puesto en aprietos a las autoridades o permitido salvar una vida.
El Dr. Zaffaroni ha dicho que, en materia de “hábeas corpus”, lo único que pudieron hacer (él y “unos pocos jueces”) fue “inventar” la apertura a prueba, “que no estaba establecida en la ley”. Sostuvo que esa “creación pretoriana” permitió documentar hechos que después de 1983 fueron investigados.
La verdad es que el “hábeas corpus” era, hasta la sanción de la ley 23.098 (y con excepción de los seis años en los que rigió la Constitución de 1949) puramente pretoriano. En la ley no estaba establecida la apertura a prueba ni otra cosa. El “hábeas corpus”, coincidente con el espíritu de la Constitución, fue concebido como un procedimiento sumario, no contradictorio, que se dirige contra el Estado y tiene por objeto obligar a que personas detenidas ilegal o arbitrariamente sean llevadas al juez.

Denuncia de Madres de Plaza de Mayo

Se ha dicho, en defensa del Dr. Zaffaroni, que su nominación es apoyada por familiares de desaparecidos, lo cual sería imposible si él tuviera alguna responsabilidad, por acción o por omisión, en las violaciones de los derechos humanos ocurridos en la década del 70. No niego que el apoyo de esos organismos habla de la intensidad y la congruencia con la que, desde la reinstauración de la democracia, el Dr. Zaffaroni ha participado en la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, nosotros no formamos un tribunal que debe resolver un juicio de acción privada, que se extingue cuando lo decide la parte actora.
Estamos aquí para analizar, como lo quiere el decreto 222, la “trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos” del Dr. Zaffaroni, para determinar si eso lo hace “merecedor” de una función “tan importante” como la de ser custodio de la Constitución.
Por otra parte, quiero destacar algo que he podido comprobar esta misma mañana. En el sitio que la Asociación Madres de Plaza de Mayo tiene en Internet, www.madres.org, aparece un “Proyecto contra la Impunidad” y, como parte de éste, una “denuncia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo a los jueces que juraron por los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1980”.
Se trata de una “denuncia criminal” contra 437 jueces a quienes se identifica como “represores del Poder Judicial”. En esa lista, ordenada alfabéticamente, figura en el puesto 435: “Zaffaroni, Eugenio Raúl”.
Como los otros miembros de esa lista, el Dr. Zaffaroni es acusado de haber sido “partícipe necesario, en los términos del artículo 45 del Código Penal”, de los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros.

En su “doble carácter” (“madres de víctimas” e “integrantes de una asociación civil defensora de los derechos inherentes al ser humano”), las denunciantes imputan al Dr. Zaffaroni y a los otros 437 jueces que hayan prestado juramento al “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional” y hayan sido “conniventes y funcionales a los designios de los usurpadores”.

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EL GRAN ABORTO DEL DOMINGO 14 DE AGOSTO

2011-08-08T18:18:00.001-03:00

Si festejamos ... mintiendo
una victoria ... raída...
... cuando nos vean sonriendo...
la gente ... caerá vencida.
Para los que nada entienden,
será un homenaje al tuerto...
y...aunque nosotros finjamos,
que el catorce ... ya ganamos ...
los bobos...creerán que es cierto

- G.A.B. Poemas de la Argentina trágica

Casi nadie parece haber advertido lo que estos sátrapas están preparando.

La información confidencial mas confiable... e inobjetable, permite saber partes o retazos de una especie de plan secreto... que han imaginado.
Sobre su ejecución, me propongo aquí hacer una especie de ensayo para que sirva de formal pronóstico :Pocos están haciendo el cálculo de este escenario inevitable que describiré.
Un escenario sencillo de diseño, de concepción y de efectos psicológicos especiales.
Para el gobierno... en el peor de los casos... en el más tenebroso y negativo de los casos... ella ocupará el primer puesto el día domingo 14 de agosto.
Por poco... por 6 por 8 por 10.... o por los puntos que sea. No importa.
Pero aparece inexorablemente ella ... como primera ese día.
En verdad, eso también coincide con absolutamente todas las encuestas.
La gente común, así como ignora exactamente para qué rayos se hace ese engendro comicial... ignora también la validez o invalidez de lo que salgan a enarbolar desde allí ...una hora después de abiertas las urnas.
Pues, sin dudas, el 14 de agosto a la noche... ocurrirá un espectáculo único. Véase bien.
Un revoltijo político de mil interpretaciones unilaterales absolutamente absurdas, darán por concretada... casi por decretada... una circunstancia de génesis confusa y de inservible resultado... como si ella fuera una etapa crucial de la historia.
Una furiosa orgía de mil pirañas... peleando por una lonja de carne de esa interpretación se verá en la noche del 14 de agosto en la que todos los filibusteros del poder darán por definido... sólo con eso, el compromiso del día 23 de octubre.

Por qué digo esto :
No pueden ni ebrios ni dormidos, darse el lujo de perder una oportunidad semejante de acción psicológica,... que la coyuntura les ofrece como en bandeja ese día.
Pues tal como lo haría una gavilla y enfundados en el gorro frigio, usarán de este símbolo, para apiñar gente en derredor de los manteles oficiales, atentos a su afán presuroso de alcanzar alguna migaja en la merienda política de rastreros... que allí se ofrezca.   Un espectáculo único.
¿ Acaso no festejaron insólitamente la primera derrota en la Capital del país, arrastrándonos a todos a una segunda vuelta... al precio del reequipamiento de dos hospitales completos ?
¿ Acaso no festejaron la segunda paliza ... sacando las conclusiones más extravagantes sobre los porcentajes ...comparándolos con las urnas de Hipólito Yrigoyen o con cualquier pavada ?
Se los vio alucinados... en volutas de ridiculez total... en las que parecían festejar su propia calamidad.            Cualquier cosa : Haber superado los números de Solano Lima en marzo del 73 o los de Erman González del 93.
Y festejaron el último lugar de Santa Fe... aduciendo, ridículamente que - en términos comparativos - habían retenido Villa Gobernador Gálvez.
Parecían haber consumido algún producto químico. De otro modo no se explica el espectáculo lastimoso de los festejos absurdos de las 3 palizas.
Pues entonces... el 14 a la noche... será su noche de farsa.
El festejo de su enorme aborto de la naturaleza :
Le llaman las "PASO" (Prematuro Anticipo Sicológicamente Orquestado).
Será la imagen ridícula de un nuevo sofisma de bandoleros con la escarapela mutada, ese día, en el distintivo del partido único, con la anuencia de todos... y donde, cada participante... tendrá, sin cargo de conciencia, un precio concreto por su complicidad, por su aplauso y por su ovación.
Perdido todo criterio para juzgar o evaluar la razón de los números que pueden ser favorables a la viuda esa noche, no se dude que habrá fuegos artificiales de los más caros.   Sólo para impactar visualmente a las almas de los ignorantes que suelen metabolizar el estrépito como si fuera éxito.
Habrá fuegos artificiales ... aunque nadie haya ganado nada.
Aunque en ese gran aborto de la naturaleza del 14 de agosto que no sirve para nada, se hayan quemado, entre engaños y trapalonadas... los dineros públicos que servirían otros catorce hospitales nuevos    Pero estos ya no cualesquiera... sino equipados con un tomógrafo cada uno.
Habrá bengalas encendidas por doquier y Fitos Páez o Florencias Peña, ... mostrándonos una sonrisa sardónica.      Miles de Andreas del Boca y Mempos Giardinelli tomando su último minuto de venganza y...todos ellos, embriagándose de voluptuosidad.
Disfrazados de ganadores pro témpore... acaso por la simple ecuación del absurdo... estarán allí festejando su nerviosismo y su desesperanza.
Y el escenario estará montado en cualquier lugar.                En el Hotel Panamericano de Juan Carlos Relats, cajero y adjudicatario de mil obras del gobierno.    Habrá festejos casi sin ningún pudor... sólo para oír las alabanzas mezcladas, hacia la patria y hacia los actores de la comedia que estarán allí, usando... sin reparo... el cotillón barato de la bandera nacional y esa marcha tan esquizoide que combate al capital (y que, por cierto, lo ahuyenta con bastante facilidad).
Y allí estarán también... presentes, casi de prepo,... el temor y la adulación en concurso real, con el servilismo y la complacencia.
Habrá un despliegue de piropos de ida y vuelta, por cuanto no sólo se lanzarán alabanzas a la reina de las utopías.     También habrá cantos laudatorios para el postrado pueblo bajo, en un conocido afán malsano de populismo, sin dudas mucho más denigrante que toda esa farsa.
Un afán vulgar de hacer que se vea clara la presencia cuantitativa de las turbas a las que se han de arrojar otra vez... mil promesas, mentidas todas ellas, desde el disfraz del ideal erigido como dogma infalible.
Elogios y victimizaciones de fábula, dirigidas a una plebe que sabe muy poco... o nada... de descifrar embustes.
Y acaso, de ese modo triste... arrastrada a la ignominia ... no ha de encontrar otra manera que responder que con mil aplausos y con un clamor de contagio obligatorio, con que, en ese sitio... entre los pliegues de una turbamulta coactiva, callar podrá ser un suicidio.
Un sofisma ciego.
Casi cohonestado como "el día virtual de la patria y del poder" por cuanto la hora los favorecerá para que se les confunda a los estúpidos de siempre cierta ventaja en los números con una segura victoria en octubre.
Necesitan eso... para que la gente termine de una vez de tapar su ineptitud con lirismo y su vanidad con decoro.
Un día en el que la irresponsabilidad del conjunto ha de borrar la cuota individual del error.
Y no habrá mucho para decir, que no haya sido dicho.
Tributarios todos ellos... de la simbología de los contrastes con el pasado, sabrán en esa hora, desde su palio henchido, que podría ser suficiente con un solo guiño para que, todos allí, giren sobre sus talones y vayan a destruir cualquier vida... o cualquier obra.
Sólo gestos de revancha y sonrisas tan sobrefacturadas como las cuentas que supieron desfalcar de la ayuda social.
Brazos en alto, y manos abiertas desde una gran imagen puesta en un cuadro... con la cara de su "prócer" fallecido, multimillonario histórico del país... y locatario casual de los espacios vacíos y de las oportunidades.
Ignorante eterno... de que la mortaja... no tenía bolsillos.
En suma... una fiesta sin fundamento alguno... de ideologías bifrontes, que ni han definido antes, ni ahora, para seguir navegando impunes en el privilegio inmoral de la ilusión de los ignorantes.
Frases muy cortas, armadas para la ocasión, agotando los últimos recursos de su incompetencia y haciendo allí mil cabriolas para disimular su compulsión proscriptora de la dignidad y los ideales.
Un espectáculo único.
Con todos los canales del país, enviados a enfocar su júbilo falsificado.
Allí estará una plétora de sujetos de toda laya, en un curioso torneo de advenedizos y acróbatas de la dignidad comercializada por frente y por retaguardia.       Lacayos confesos... muchos de ellos, de la conveniencia personal y tributarios de las contorsiones más indignas, atentos siempre a la posición de la veleta política, pero jamás a cualquiera de los valores supremos que los obliga al bien común.
Un torneo de las dimensiones de una rara alfombra en la que puede convertirse un ser humano, cuando decide ser, antes que nada, un gran mercader de la deshonra.
Un torneo por la cantidad, la calidad, la entonación y la disciplina del ganado de ovejas que hayan logrado arrear a ese lugar, el día del aborto ...
Pues el gran aborto del domingo 14 de agosto... ha de ser eso :
El holograma de una victoria aprovechada en su cáscara.
Un pañuelo de colores... perdido en la galera de los magos de la rapiña...
para que una multitud de giles...
...compren la imagen de un falso 23 ...consumado 70 días antes.

Lic. Gustavo Adolfo Bunse
gabunse@yahoo.com.ar
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Prohíben el Rubro 59

2011-07-07T08:10:00.000-03:00

Quien le pone el cascabel al gato?

Todas las ratas, nos muestran y ofrecen vistosos cascabeles, pero ninguna hace nada para ponerle el cascabel al gato.

La prostitución, hasta hace pocos años, era ejercida por mujeres explotadas por su pareja. Éste ejercía el papel de “fiolo”, la “cuidaba” y vigilaba. El fiolo, por su holgazanería, era de vientre prominente y se lo conocía como “panzón”.

Algunos fiolos, por tener mayor poder económico, o un lugar más adecuado para conseguir “clientes”, regenteaban prostitutas de otros fiolos. De este modo surgen las “plazas”, prostíbulos donde ejercen el “vil comercio” distintas mujeres, por periodos que no exceden del mes, de manera que los “clientes” vean renovada la oferta sexual. El fiolo deja a su “mina” en una “plaza” y transcurrido el periodo de ocupación, la retira y percibe el producto de la ganancia, con los descuentos de la “parte” del regente del lugar y de una mínima parte que se le permitió retirar a la mujer para sus pequeños vicios (cigarrillos, etc.).

En la actualidad, la mujer se ha emancipado totalmente. Salvo circunstancias excepcionales, no admite tener que mantener a un hombre. Si no tiene prejuicios sexuales, y tiene demasiadas ambiciones dinerarias, aceptan salir con hombres que les hacen “regalos” (o políticos que les consiguen un empleo público o trabajo de “ñoqui”).

Esta escasez de prostitutas dio lugar a otra modalidad, “importar” mujeres centroamericanas que para facilitar su radicación, contraían matrimonio con argentinos que se prestaban para ello mediante una suma de dinero y habiendo pre acordado el divorcio.

Pero hoy con la promoción de la pornografía se ha incrementado la demanda sexual y ha disminuido la oferta. Esto ha llevado a los traficantes del sexo a secuestrar personas para someterlas a la esclavitud sexual y poder satisfacer la creciente demanda. Ejemplos hay muchos. Chicas desaparecidas, miles…

En el mes de enero de 2006, en el Barrio Barranquitas de la Ciudad de Santa Fe, la joven Romina Gamarra es obligada a subir a un automóvil y ante su secuestro, la familia realizó la denuncia identificando al secuestrador.

Ocho meses después, Romina, que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución, logra comunicarse con su familia a través del celular de un “cliente” y brinda datos para poder ser rescatada. Sin poder confiar en las fuerzas policiales, el padre se traslada en auto hasta Santiago del Estero y espera en el lugar acordado. Romina, prisionera bajo llave, aguardaba sigilosa la llegada de la mujer que realizaba la limpieza y abriera la puerta de su cautiverio para ingresar. Cuando eso ocurre, le da un empellón y escapa con otra esclava sexual, también oriunda de su barrio natal, María Cristina Ojeda. Luego hacen lo correcto, denuncian la explotación sexual, la identidad de sus captores y todos los datos de interés para una eficaz investigación. Por razones de competencia, interviene la Justicia Federal, el Juez Reinaldo Rodríguez y la entonces Fiscal y hoy Vice Gobernadora, Dra. Griselda Tessio. Y como no podía ser de otra manera, luego de unos días, ambas jóvenes se presentaron al Juzgado Federal Nº 1 a rectificar sus dichos, auto incriminándose de falsa denuncia.

En su momento, con sendas notas a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Santa Fe, las Diputadas Lucrecia Aranda (socialista) y Alicia Gutiérrez (ARI), exigían la constatación, por parte de las autoridades, de la situación de Ojeda, con datos de su domicilio actual, garantías de su libertad ambulatoria e integridad física; protección integral para Romina Gamarra y su familia, incluyendo la supervivencia económica, atención psicológica, seguridad para su vida e integridad física y la captura de los prófugos que, "no sólo permanecen en libertad, sino que parecieran seguir operando y presionando a las víctimas, a sus familias, y con influencia en medios de comunicación". Las diputadas también solicitaron una investigación de las vinculaciones que los prófugos podrían tener con redes locales e internacionales de proxenetismo y trata de personas. Gamarra y Ojeda habían denunciado a varios proxenetas de Santa Fe como responsables de su presunto secuestro y traslado a otras provincias (Santiago del Estero, Buenos Aires y Entre Ríos), donde fueron obligadas a ejercer la prostitución, con restricción severa a su libertad. "Sus denuncias demuestran la presencia de una red que, con lazos en varias provincias, estaría funcionando también en Santa Fe, y cuyo accionar tendría similitudes con comportamientos mafiosos, de presión y chantaje", afirmaban las legisladoras. Ambas legisladoras se dieron el gusto de salir en los medios diciendo palabras muy bonitas sobre lo escrito en papeles que no sirven para nada.

¿Cómo siguió esta historia? Es probable que el Juez Federal Reinaldo Rodríguez, la ex Fiscal Griselda Tessio o las Diputadas Aranda y Gutiérrez puedan responder este interrogante.

Lo más probable es que ambas chicas engrosen la lista de desaparecidos sin derechos humanos.

Otro caso que cobró notoriedad periodística fue el de Marita Verón. Su madre, logró en favor de víctimas de los tratantes de personas, mucho más que los funcionarios públicos, ejecutivos, legislativos y judiciales. Una vergüenza para estos últimos. Tras un cuarto de siglo de democracia, el flagelo se agrava día a día. A muchos políticos les gusta emular al “tío” Cámpora, y “salir de putas”. No quieren que les falten putas, cuando mas chicas mejor.

Hoy la presidencia la ejerce una mujer. Con reflejos un poco lentos, al concluir su mandato se da cuenta de que el “rubro 59” promociona prostíbulos prohibidos por ley (art. 15 de la Ley 12.331). Para ello bastaba hacer un breve seguimiento de los números telefónicos de los avisos y constatar que las “Bebota”, “Pechugona”, “Infartante”, “Lili” se ofrecen en los mismos números. La Presidente no sabe que la oferta también se realiza por internet, con fotos incluidas.

Sin buscar mucho, encuentro el diario Uno de Santa Fe del 23 de enero de 2011, con nueve (9) avisos distintos, referidos a la oferta sexual que remiten al teléfono fijo 0342 4599850. Sin mucho esfuerzo se verifica que la línea telefónica se encuentra ubicada en Avda. Urquiza Nº 2023, Dep. 2, a nombre de Gerardo J. Melo.

En la Ciudad de Santa Fe, la Concejala Adriana Molina, según la prensa, aplaudió el decreto que prohíbe la publicación de avisos clasificados que ofrezcan servicios sexuales y recordó que desde hace mucho tiempo se viene trabajando desde el Concejo en pos de combatir este flagelo.

Yo la invito a la Concejala Adriana Molina y a cualquier otro funcionario que tan ligeramente se refieren al tema, que recorran en auto y atentamente las calles de la ciudad y verán a pequeñas niñas y jovencitas, ofreciéndose en plena luz del día. Circulen por avenida Freyre desde Gral. López al Sur y las encontrará ofreciéndose al reparo del solcito mañanero. Observe en calle H. Irigoyen y Rivadavia y las verá levantar clientes y encaminarse “marcando” el camino, seguidas a prudencial distancia por el “punto”, hasta un hotel próximo al lugar. Son incontables las esquinas donde aparentando esperar un colectivo, chicas casi niñas ofrecen sus cuerpitos ante la pasividad de las autoridades.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asistencia y Seguridad Social de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, JOSÉ RAMÓN BAUCERO, asegura que en el Departamento que representa, existe una PROSTITUCIÓN DIGNA y que es, debido a los índices de desocupación. Hipócrita. Que han hecho en 25 años de democracia, además de llenarse los bolsillos.

Las integrantes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales ¿hablan por si, o por imposición de “panzones” que las explotan?

La presidente, en su perorata televisiva afirmó que 2.221 personas fueron rescatadas del delito de trata en el país en los últimos 3 años. 1.044 en los últimos 5 meses. Omitió referirse al número e identidad de los detenidos y condenados por esta explotación. Los números moverían a risa o a espanto. ¡¡¡Hipócrita!!!.

Hace pocos meses, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en sendos juicios, condenó a dos personas de pobre condición económica, por la captación y entrega de menores al ambiente prostibulario. Yo pregunto: ¿Qué pasó con los traficantes que regentean explotan los prostíbulos donde estuvieron esclavizadas estas mujeres?

El negocio es demasiado grande. Miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los órdenes Nacional, provinciales y municipales, son cómplices por acción u omisión, hasta que sientan en carne propia, el dolor que siente la madre de Marita Verón. Entonces, los afectados exigirán justicia hasta las últimas consecuencias.

Para el resto de la sociedad, justicia hasta ahí nomas. La justicia que todos conocemos.

Orlando Agustín Gauna

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El juez Procusto

2011-06-15T08:46:00.000-03:00

Se contabilizan para imputarle a toda la constelación de involucrados una cantidad importante de delitos - según abogados expertos - de los cuales 9 merecen penas de mas de 3 años de prisión.
Los funcionarios de la escala jerárquica completa, al menos 3 Secretarios de estado y 2 Ministros están, ahora si, metidos en esto hasta las orejas.
El juez Procusto, tal como se le ha indicado, todavía no encontró ninguno.

Rápido y diestro para meter preso a Momo Venegas, veloz para procesar a Macri y asombrosamente expeditivo para enjuagarse las manos... sin dudas es muy afortunado para que le toque sacar cualquier premio de la quiniela poceada y, por ejemplo, salir electo - en mil sorteos - 999 veces.
Ya tiene 180 kilos de material secuestrado y un equipo de gente a la que se ocupa de elogiar, que ni saben siquiera donde duerme el parricida.
La denuncia de Barcesat, presentada tardíamente y con el único objeto de mostrar que "ellas" son otra cosa, es un verdadero embrollo.
El parricida, un verdadero record absoluto de las personas encubiertas en forma alevosa por un gobierno, ya no resiste una sola sospecha más.
En los últimos minutos.... la Presidente de la Nación lo llamó a Procusto para decirle que apenas pueda proceda a sacrificar al joven.
Este magistrado, con sus puños de encaje de Calais ... afiló entonces su cuchilla preferida : la figura de asociación ilícita.
Pero atención con esto : Siendo ahora denunciante la "madre"... seguro que entre los asociados ilícitos... no estaría incluida justamente ella.
Sólo el joven, su hermanito, el piloto millonario,... tres testaferros y otros siete directores de empresas armadas para la estafa del siglo.
El parricida, amigo dilecto y muy fluido de 42 miembros conspicuos del gobierno, destacadísimo invitado a la casa del famoso Guillermo Moreno y asiduo concurrente a las oficinas de Abel Fatala, no ha sido citado aún por la AFIP pese a exhibir un verdadero desastre fiscal en sus cuentas.
Obviamente si cualquiera de nosotros osamos retrasarnos apenas en una semana en el pago del formulario 931, ...o nos están golpeando la puerta al día siguiente o nos mandan una carta de esas que redacta un monarca dirigiéndose a un criminal... dentro de la cual hay siempre una rara multa extravagante y unilateral.
A este joven, no.
A este cara de mármol que se ha paseado por varios medios dando rienda suelta a su mitomanía, negando ser dueño de MELDOREK ... y explicando enojado... sus funciones de detalle en la organización de las madres, la AFIP lo tiene fuera de la mira.             Y debe ponerse atención especial en esto, por cuanto la gran organización de aprietes especiales del gobierno suele mostrar siempre su gran eficiencia en situaciones mucho menores dándonos informe ex - cathedra   de las cosas que, muy velozmente, va descubriendo (véase el sector cerealero).
El contralor de la distribución de fondos públicos... que es la obligación constitucional irrenunciable de los tres poderes de la República, se halla hoy mismo en estado de completa fulminación.

Veamos con detalle el decálogo de las fulminaciones más notables :

1) Los controles ministeriales de la Cartera de Desarrollo Social, se hallan fulminados y no han actuado, en este caso, de ningún modo.

2) Los controles del Ministerio de Planificación Federal también se hallan fulminados y, por el propio Fatala, nos hemos enterado que no actuaron.

3) Los controles de la AFIP, no solamente no han funcionado, sino que, lo más grave... lucen ahora mismo distraídos.       Ergo parecen fulminados de un modo contumaz (ex - ante y ex - post )

4) La Secretaria general de la presidencia se encolumna detrás de la propia presidente a la que hubo de trasladarle alarmas de muy graves y advertencias cuando se decidió organizar el saneamiento enviándoles a las madres a una experta en bolsas de plástico expulsada de su cargo.

5) La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) se halla vacante desde que separaron al molesto Dr Garrido.    Ergo, ese contralor especial se halla fulminado.   Lisa y llanamente... está cerrada.

6) La Defensoría del Pueblo se halla vacante desde que Mondino sin pena ni gloria, se fue a actuar en política. Ergo ese contralor se halla fulminado

7) La Auditoría General de la Nación, por razones que están vinculadas absolutamente al nepotismo, no ha intervenido ni controlado nada.
Es otro de los controles de la República que se halla fulminado.

8) El Ministerio Público fiscal, raramente para este caso, entró en estado de catalepsia y sólo quiso salir de su letargo cuando las aguas llegaron a sus escritorios.       Ese control no solamente falló, sino que ahora mismo no se le oye en absoluto impulsar la causa... como es su deber.

9) El Juez Procusto... nuevo campeón de la tómbola de todas las loterías, adjudicatario de lo que se le antoje a la presidente, está allí... ahora, para armar una asociación ilícita tal como se arma una pizza mitad y mitad y que quede afuera la mayor inocente de la historia nacional.
Entiéndase bien que si Procusto avanza, según aquella orden... lo ha de hacer en la dirección que más convenga para calmar las aguas.

10) La propia presidente, en esto, luce fulminada.       Y puesta a la cabeza de todos los responsables pasa a ser cómplice directa e inexcusable por la Carta Magna, pues el catálogo completo de los anteriores nueve... es un claro resorte jurisdiccional de su exclusiva férula de control.

Todo el mundo sabe hoy, que algunos sujetos prominentes y conspicuos del Gobierno, han robado.
Ya ni siquiera la distracción o la ingenuidad... les puede conferir el beneficio de la duda.
Y así como en el caso de las coimas del Honorable Senado, la valija de Antonini y la bolsa de Felisa, etc ...   una conocida cáfila de ladrones va a permanecer impune, también en este caso. Pues todo se va encaminando a que el esfuerzo del aparato gubernamental... cumpla con su objetivo de cubrir las espaldas de todos estos sujetos y crucifique solamente a los que sirvan para tapar salpicaduras.
El gran caso "SCHOKLENDER", no tiene ni siquiera la prolijidad de las ingenierías de latrocinio a las que nos tuvieron acostumbrados los dirigentes políticos de los últimos 50 años.
Es, por decirlo de un modo magnánimo, una simple irrupción de tres carteristas en un pasillo sin salida.
Pero además, este gobierno de abigeos tiene una liturgia en la que resulta impensable que alguien pueda actuar en forma autónoma.
En otras palabras, por estar hoy preso de su autocracia, nadie le creería a este gobierno que ha dejado descentralizar iniciativas de cualquier nivel, simplemente porque su estilo soviético es que todos respiren al ritmo de nuestra heresiarca enlutada y que además, agradezcan... cada día, que se les permita hacer eso.
Antes bien, ni es posible que haya habido libre iniciativa de una sola de las funciones del Estado a través alguna de las carteras ministeriales, ni tampoco, parejamente, es posible que se haya podido descentralizar el robo en cualquiera de sus formas.
Solo ella autoriza. Y que no haya dudas con esto.
Autoriza, distribuye y encubre
Y eso, en el Gobierno, es algo mucho más incorporado a los ojos y a los oídos de todos los funcionarios, que el propio uso de los símbolos que deben usar como disfraz obligatorio cada mañana.
El escudo, la escarapela y el Himno Nacional, pueden olvidarse en un escritorio como se olvida un antifaz, pero es imposible que alguien se atreva a dejar de tener en cuenta que :
Nadie, sin el guiño de ella, puede actuar.
Podría, si funcionara en otro sentido ideal, servir para que no existan dudas de la autoría de los supuestos logros en cualquier área del progreso económico social.
Su gran autocracia, - hipotéticamente - provocaría tan terrible concentración de responsabilidades, que nadie podría dudar en reconocerle el bronce de la historia, toda vez que, por suerte o por casualidad, lo que haya podido hacerse, tuvo una mano única muy visible en el timón.
Pero la autocracia... le funciona mucho mejor para lo inverso.
Es decir, ninguna trapisonda es imaginable a la sombra de un personaje que mantiene duros y escayolados hasta a sus hombres más distantes.
Sólo ella las autoriza.
A nadie se le cruzaría por la imaginación insinuar algo diferente.
"Nadie sin ella, actúa" es una ley no escrita que aceptan se les grabe en su piel con fuego, en la yerra rigurosa del ingreso al Palacio Real.
El latrocinio de nuestra madre putativa y su hijo pródigo, puede ser hoy tranquilamente la tumba política de un Gobierno que no puede excusarse en absoluto, si algunos sujetos, de entre sus filas, han organizado este robo... pues lo han hecho a su sombra y bajo su dinastía.
La estadística dice, sin embargo, que hay una enorme chance de que todo quede impune.        Pero hay un dato que es mucho mas grave que todo lo dicho: Hay más de 50 organizaciones no gubernamentales y Fundaciones hasta para el apoyo a las reservas indígenas, que funcionan con estas hermosas partidas dinerarias y sin el menor control.
Es un cráter insondable
No es...   el despojo de los terrenos de El Calafate, ni el uso ilegal de los aviones oficiales para trasladar a la niña Florencia o al niño Máximo, ni mucho menos el plexo de las comisiones negras de los Fondos de Santa Cruz.
No es la Obra Pública asignada a dedo a Capitanich en el Chaco... o al gobernador Peralta en Santa Cruz, ni es tampoco el epicentro de salud asignado al Intendente del Partido de Malvinas Argentinas.
No es el gran abigeato tarifario de las concesiones de los peajes, ni las indemnizaciones por las ulteriores rescisiones de esos contratos, ni el drenaje discrecional de la ANSES, ni es tampoco la chequera para los cinco sindicalistas que son controlados por Moyano.
No es la sponsorización de la campaña presidencial con los fondos del narcotraficante Sebastián Forza,   ni la jocunda amistad de dos ministros con Néstor Lorenzo y Néstor Vázquez, dueños ambos de las droguerías que ayudaron con fondos a ella para llegar al poder, ni tampoco es el invento del gasoducto trans amazónico, ni son los docientos complejos habitacionales falsamente inaugurados
No.
Todo eso es un cuento del Pato Donald.... aisladamente o en conjunto frente al proceso de descontrol generalizado durante casi 8 años.
Se verá en breve :
Lo que ha empezado a saberse a través de este desfalco ... es apenas el barniz de los puntales que han venido sosteniendo la gran estructura armada para perpetrar la obra principal de nuestro gobierno :

            "La fulminación de los controles del Estado Nacional"

Lic. Gustavo A. Bunse
gabunse@yahoo.com.ar

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La esfinge histérica

2011-05-26T06:45:00.000-03:00

Al cierre de este número, el pobre país ficticio de las mayorías volubles y extraviadas, sigue pendiente de la decisión hamletiana de Madame Wilhelm: ser o no ser presidenta. Como la vetusta esfinge —esto es, como un demonio de destrucción y mala suerte— ella alimenta el juego cruel del acertijo, más ridículo que el enunciado por Diodoro Sículo cuando le hacía inquirir a la monstruosa imagen cuál era el ser a la vez bípedo, cuadrúpedo y parlante. En este caso, hay tantos de esos seres a la vista y olfato, que ni al consuelo de un incisivo y descifrador Edipo podría aspirar la módica esfinge kirchnerista.

Sin embargo, no es este oficio de mal agüero el que nos irrita en Cristina. Porque cuanto más lo abraza y practica más al descubierto queda su indigencia moral. Degradada a la condición de un objeto de encuestas, presionada por las culatas de camiones camorreros y de una corte inconmensurable de hampones que supo encumbrar e integrar, su vida ya no es humana sino un mero instinto animal de poder, resentimiento y codicia. Un dígito en la tómbola depravada de la democracia. Una cosa en el engranaje grasiento del Régimen.

Lo que nos fastidia, decimos, es que pretenda hacerle creer al gentío que su mester de gobernanta es similar al de un galeote: entretejido de penurias, sacrificios, grandes esfuerzos físicos, y una abnegación en virtud de la cual se habría entregado por la nación hasta extenuarse. De resultas, ella nos haría el favor de seguir conduciéndonos; y si los extorsionadores —hasta hoy sus activos aliados— se salieran de madre, nos castigaría con la mano de hiel de su ausencia en los próximos carnavales octubrinos. Al igual que el occiso Néstor, el de los garfios ligeros, la viuda aspira al procerato en vida, y cree tener un destino de estatuaria con botox incluido.
A tan burda maniobra —que encubre con el halo de un servicio a la patria jamás prestado, los que fueron años de enriquecimiento ilícito, frivolidad, corrupción, homicidio y despilfarro burgués— le han puesto el nombre de Operativo Clamor. Otro es su nombre, que pocos osan decir por temor o pacatería. Y ese nombre es histeria.
Usamos el nombre con la mayor propiedad que nos es posible siendo legos en la materia. Pero la mujer que se pavonea por la cadena nacional, ora inaugurando una cámara séptica, ora un ascensor descompuesto o una recepción a terrroristas asilados, tiene todos los rasgos de tan fea neurosis. Lloriqueos, gritos disfónicos, movimientos convulsos, crispaciones de puños, índices acusadores señalando el vacío, arremolinamientos bruscos de la pelambre, alguna coz involuntaria contra el piso, y un rictus agresivo que le cuelga del belfo, mitad risa, mitad congoja, y en su conjunto mueca descangallada.
Desbordada en privado y en público, eufórica, lela, virulenta, suplicante, cursi y amenazante a la vez, tamaño manojo de pasiones intemperadas dicen que puede ser reelegida. ¿Alguien se ha detenido a meditar, más allá de lo ideológico, el riesgo que comporta el ejercicio de un poder omnímodo en manos de una desequilibrada? Si la histeria es política de Estado, lo menos que debería declararse es un estado de alerta colectivo.
Tiene además, la señora, en tanto histérica, graves trastornos disociativos. Como la amnesia, que le impide recordar el sinfín inenarrable de perrerías consumadas, desde la falsificación de la historia hasta la legalización de las fornicaciones contranatura. Amnesia vuelta a veces fuga de la realidad, y otras una demente construcción de personalidades múltiples.
Cristina, en efecto, cree ser a la par una galería de féminas ilustres, según el cartabón de las izquierdas, y ha ordenado romper los espejos que podrían mostrarla con todo el patetismo de su rusticidad, incultura, delito y jactancia.
La Argentina, quede en claro, nada le debe a los Kirchner, que no sea devastación espiritual y material. Sumatoria de despojos, que tanto tienen putrefacto al cuerpo como al alma de la patria aherrojada. Si está en los planes de Dios que le sea restituido su decoro, no en venideros comicios sino en heroica reconquista, la memoria genuina sabrá grabar con el mote de malnacidos a quienes tanto daño le hicieron. Será el fin de la histeria y el primado de la cordura.
Un verdadero Operativo Clamor está pendiente. Alguna vez esta última palabra se usó en nuestro pasado para rememorar a quienes alcanzó injustísima muerte. Se use ahora y en adelante para anhelar la resurrección “de la pálida patria, patria enferma”, según la retratara hace tanto los versos inolvidables del Padre Castellani.

Antonio Caponnetto

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El cartero llama dos veces

2011-05-18T06:54:00.000-03:00

Un Cuento Socialista de Hermes Binner para Policías:

Hermes Binner quería ser gobernador de la provincia de Santa Fe.

Sabía que el voto que podía hacer realidad su deseo estaba en la familia policial.

Decidió entonces enviar una carta a cada uno de los integrantes de la Institución donde se comprometía a realizar cambios en su beneficio.

Los policías cometieron el error de creerle, así fue que lo votaron esperanzados en las promesas de campaña que como tales nunca se cumplen.

La creencia de que la firma de Binner la constituía un documento inapelable cuyos puntos se cumplirían a rajatabla fue decisiva a la hora de votar.

Casi ningún policía prestó atención que Binner hacía campaña con la música escrita por León Gieco “El Ángel de la Bicicleta ”, donde se insulta a la policía por la muerte del activista Pocho Lepratti.

Y así llegó a la gobernación el Partido Socialista.

Pasaron casi cuatro años, nada se cumplió de lo prometido.

Ahora que vuelven los tiempos de elecciones, el cinismo socialista con un desparpajo total produce otra carta y la envía a esos mismos policías defraudados por las promesas incumplidas, por supuesto también firmadas por Hermes Binner.

El cartero llama dos veces,(título de una vieja película).

En esta nueva misiva habla de las transformaciones logradas, manifiesta que ha incluido a los empleados policiales en todos los aumentos que ha dado a la administración pública ¿los policías no son empleados públicos?

De todos son los peores pagos, trabajan más horas, no tienen domingos ni feriados, no se les dan uniformes salvo que protesten, arriesgan sus vidas y quedan gracias a Binner en disponibilidad inmediata ante la mínima denuncia o error violándose sus derechos constitucionales, es decir se los declara culpables de antemano y “por las dudas”.

Del acceso a una vivienda digna (ni no digna) se olvidó por completo.

Dice que se resolvió la deuda histórica de los ochenta, una mentira absoluta, ofrecieron un pago mínimo en cuotas y bonos que quita un 80% de lo adeudado por lo cual el cuestionado Dr. Cullen no pudo reunir el 70% de los damnificados para poder cerrar el trato con el gobierno.

Cuenta que se hicieron cargo en el 2007 y regularizaron los ascensos paralizados en el 2005, hoy ellos están regularizando los del 2009 y 2010 ¿qué han hecho de diferente?

Sigue la carta diciendo que la puesta en funcionamiento del 911 es un logro para una eficaz respuesta para combatir la delincuencia, en verdad no hay diferencia con el antiguo 101 salvo el cambio de número.

Sobre el equipamiento con vehículos y armamento es lo mismo que han venido haciendo en tiempo y forma otros gobiernos.

La frutilla del postre como se dice comúnmente es la magnificación del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), aberrante elemento destructivo para la formación de los policías.

Para ello se debe saber que reemplazó a la Escuela de Oficiales, instituto donde ingresaban los Cadetes que tenían una formación académica acorde a la futura tarea a desempeñar.

Todo Cadete que finalizaba el curso de tres años era destinado a las distintas dependencias de todas las Unidades Regionales de la provincia.

Mientras en la Jefatura de Policía los Aspirantes a Agentes y Suboficiales realizaban los cursos correspondientes en la Escuela a tal fin , al finalizar eran destinados de igual manera que los Oficiales.

El famoso Instituto creado por los Socialistas concreta el plan destinado a destruir la fuerza policial.

Actualmente conviven dos Leyes de Personal Policial, los policías son y no son Suboficiales y Oficiales.

Quienes hacen el curso de dos años en el ISEP no tienen garantizado el cargo en la Repartición , así se dan casos de hasta doscientos o más alumnos que luego de sacrificarse para

recibirse no son designados quedando en la calle.

Binner pide el voto para Bonfatti para continuar el cambio o sea la desaparición de la Institución Policial.

Es evidente el menosprecio hacia la inteligencia y memoria de los hombres y mujeres que integran la Policía.

El cartero llama dos veces…

…esta vez tirá la carta a la basura.

Dario

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Nueva carta abierta a la señora Presidente de la Nación

2011-05-16T17:42:00.000-03:00

Pero ella no era diosa, y su deseo fue en vano

Laura Esquivel

Estimada señora:

Lo de nueva se debe a que, el 7 de noviembre de 2010, ya le había escrito (http://tinyurl.com/3mjtznk) , sugiriéndole la adopción de una serie de medidas que, lamentablemente, no resultaron de su gusto; si hubiera aceptado mis consejos de entonces, el país entero sería otro y usted podría retirarse con la seguridad de figurar, en letras de molde, en el libro de la historia grande de la Argentina.

Esa carta anterior se generó, obviamente, a partir de la muerte de don Néstor (q.e.p.d.). Cuando se produjo su fallecimiento, pronostiqué en un artículo Muchos muertos en uno, (http://tinyurl.com/258rm29)- que de todos los que roles que ocupaba su marido en ese momento, el único que le iba a resultar irremplazable (no me refiero, obviamente, a los aspectos estrictamente personales de su duelo) sería el de gran articulador, el equilibrista permanente que podía mantener pegoteadas a la nueva izquierda de la billetera y los cargos y a la CGT delincuencial. Lo sucedido en las últimas semanas parece haberme dado la razón.

Que don Huguito se transformaría en una enorme roca en su zapato, también se lo avisé (http://tinyurl.com/2g4t9fx) con tiempo, pero era la época en que usted prefería seguir entregándole cuotas crecientes de poder, y tampoco me escuchó.

No soy, señora, ni más inteligente ni más culto que nadie; tengo sí, aparentemente, algo más de sentido común que muchos de los que la rodean, aunque éstos sean cada vez menos.

Pero no vale la pena llorar sobre la leche derramada, y hacer historia contrafáctica no reporta utilidad alguna. Elucubrar acerca de qué hubiera pasado si &, no solamente carece de sentido sino que puede ser considerado un vicio adolescente y, como tal, condenable.

Por lo que usted misma informó al país el jueves, no se muere fea imagen, a la cual los argentinos somos tan adictos- usted por la Presidencia, y ha dado todo lo que podía dar. Reconozcamos, además, que la política le ha dado, también, todo lo que podía recibir, que no ha sido poco, en ningún sentido.

Reflexionemos juntos, entonces, sobre ambos aspectos, es decir, sobre su papel, en caso de ser reelecta, y su capacidad como mujer y, sobre todo, como madre.

Como no la considero tonta y, con seguridad, su información real es mucho más ajustada a la realidad que la mía, no dudo acerca de su conocimiento sobre dónde se encuentra su modelo. Dramáticamente y después de ocho años, ha llegado el momento de pagar la cuenta de la fiesta que organizó con don Néstor (q.e.p.d.) para festejar el éxito del viaje de su pareja desde la lejana Patagonia a la tan iluminada Buenos Aires.

No debería, entonces, hacerlo pero, como se trata de una carta abierta que será leída, seguramente, por alguien más, enumeraré sólo los títulos de los problemas a los que se enfrentaría si decidiera reincidir: tarifas, tipo de cambio, energía, subsidios, planes, inflación, inseguridad, Justicia, narcotráfico, defensa nacional, puja redistributiva, poder gremial, falta de inversión, fuga de capitales, conflictos internacionales.

Como usted y yo sabemos, sobre todo después de habernos peleado con Brasil, que se niega a aceptar que nosotros podemos frenar las importaciones y ellos no, sólo le quedaría, como arma para enfrentar esos problemas, el maldito yuyo. En serio, señora, me parece un poco poco.

Si puede evitar hacerlo, saliendo a tiempo del restaurant por la puerta grande, ¿para qué pagar la cuenta? Déjele ese muerto (¡otra vez esa imagen!) a su sucesor, cualquiera que éste sea, y que los ex jóvenes idealistas se las arreglen como puedan.

No me diga, señora, que su lealtad hacia sus cómplices la llevaría a inmolarse para protegerlos porque, sinceramente, no le creería.

Desde otro ángulo, ¿cuánto crédito da usted a las encuestas tan favorables que le acercan esos futuros ni-ni (ni curro ni libertad)? Porque, convengamos, la última vez que puso usted en juego su capacidad de convocatoria, dos nadies derrotaron a esa armada Brancaleone formada por su marido, don Danielito, los intendentes, los ministros y los artistas testimoniales.

Además me pregunto, ¿para qué organizar otra vez el zafarrancho de las listas colectoras si sus cómplices están tan convencidos de ese imparable triunfo en octubre?

En el campo, gran artífice de su victoria de 2007, siguen sin quererla ver ni en figuritas. Es posible que, en los pueblos del interior, su imagen haya mejorado un poco, pero dependen mucho de sus clientes y éstos, como sabemos, la sola posibilidad de su reelección les provoca una reacción imposible de expresar en palabras; tanto usted como don Néstor (q.e.p.d.) hicieron todo lo posible, a fuerza de agravios gratuitos, para merecerlo.

La clase media, esa que su gobierno está intentando convencer de las virtudes del modelo a fuerza de plasmas y automóviles, de tarifas regaladas de luz y de gas (especialmente, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores), también es la más preparada y ha descubierto que esta película ya la vio y, peor aún, sabe cómo termina. Por otra parte, los muchachos de la Cámpora, ciertamente efusivos y entusiastas, no son tantos como para asegurar el triunfo.

Centrar la fuerza del ya ganó en el negro que adoptó después de la muerte de su marido suena, al menos contradictorio. Si don Néstor (q.e.p.d.) era el prócer que ahora quiere instalar en nuestra historia, ¿por qué el índice de confianza y su imagen positiva sufrió un alza de tal magnitud cuando desapareció? Desde otro ángulo, ¿cuánto tiempo más puede durar el efecto benéfico de su viudez sobre la intención de voto de sus conciudadanos?

Finalmente, señora, piense en sus hijos. La ilimitada voracidad por más poder y más dinero costó la vida de su padre y, con total seguridad, las luces del centro los deben haber encandilado, después de una vida entera en Santa Cruz.

Don Néstor (q.e.p.d.) y usted, que nunca habían salido del país hasta 2003, tampoco hicieron nada para que, al menos, los chicos pudieran aprovechar la enorme fortuna personal que habían generado, curiosamente, desde puestos públicos.

Esa situación los debe haber llevado, sin dudas, a buscar límites, intentando golpear con paredes que la actividad política de sus padres les imponía colocar en su camino. ¡Vaya uno a saber cómo son, en realidad, las vidas de Máximo y de Florencia!

Usted, como madre, tiene una natural y primigenia obligación con ellos. Vuelva entonces a su casa, edúquelos, conténgalos y, sobre todo, corrija las eventuales desviaciones de cualquier tipo en la que pudieran haber caído.

Finalmente, doña Cristina, debe usted tomar las riendas de su salud. Algunos médicos, expertos en la dolencia que la aqueja, me dijeron que ya no está usted en condiciones de ejercer la actual Presidencia, ni qué hablar de una futura.

Estoy convencido si leyera mis notas sabría cuánto hace- que, finalmente, decidirá no presentarse a las elecciones; también entiendo que esa resolución tendrá que ser comunicada a la banda delictual que la rodea lo más tarde posible, para evitar que el desmadre que producirá inevitablemente la noticia golpee a su gobierno con demasiada anticipación.

Acertar en esta predicción no me producirá alegría alguna, porque quisiera que, alguna vez, la Argentina pueda hacer juicios de residencia a los funcionarios salientes, cualquiera fuera su nivel de responsabilidad. Sin embargo, debo priorizar el bien del país que, de triunfar usted o alguien de su entorno en la contienda, se verá inmerso en el socialismo del siglo XXI que tan pocos éxitos le ha llevado a su amigo, el papagayo caribeño y que tantos males ha producido a Venezuela y a América del Sur.

El objeto de esta carta ha sido, simplemente, procurarle una ayuda-de-memoria para el momento en que deba explicar su renunciamiento final. Para llevarla al atril habitual, bastará con agrandar la letra.

Me despido con cortesía, pero sin afecto alguno.

Bs.As., 15 May 11

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Gral. Martín Balza, el represor impune

2011-05-12T16:23:00.000-03:00

Señora Juez Federal:

Eduardo Sinforiano San Emeterio, Abogado, (CSJN Tº XII Fº 93, CFALP Tº 201 Fº 389), con domicilio real que denuncio en la Avenida Santa Fe 1380, 7º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y constituyendo domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre 918, de Paso de los Libres, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

LEGITIMACIÓN:

Que como abogado de la Matrícula Federal, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cumplimiento de las obligaciones éticas contenidas en los artículos 6º, 7º y 8º del Código de Ética, me encuentro legitimado para solicitar se instaure causa penal a fin de investigar la participación de los delitos que se investigan en los “SR. PROCURADOR FISCAL SOLICITA FORMACIÓN DE CAUSA DELITOS DE LESA HUMANIDAD” Expte. N° 1-19.361/07, respecto del Señor Martín Antonio Balza, militar retirado, argentino, viudo, nacido el 13 de junio de 1934, con domicilio en la Embajada Argentina en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde actualmente se desempeña como Embajador Argentino ante este país.

El trámite procesal que se solicita, y en cuanto a los requerimientos de la petición que lo provoca, no plantea obstáculos insalvables respecto de reglas de substanciación toda vez que el contenido mismo fluye del ‘derecho internacional de los derechos humanos’ con la operatividad que surge del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.

Las normas internacionales disponen, en lo que concierne al tema, no menos de tres principios básicos.

En primer lugar, que el peticionante sea oído por un juez competente para la determinación de esos derechos de orden civil, laboral, fiscal ‘o de cualquier otra índole’, aunque en el orden interno de los Estados ‘no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter’ (conf. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Parte II, arts. 2 y 3, Parte III, art. 14, inc. 1, aprobado por ley 23.313). Disposiciones que, por fin consagran el ´debido proceso legal´ para asegurar la adecuada defensa de los derechos u obligaciones reclamados en la jurisdicción (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87, entre otras).

En segundo lugar, que el peticionante sea escuchado en un procedimiento ‘sencillo y rápido’ (conf. art. 8 inc. 1, art. 25 inc. 1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado por ley 23.054), es decir, un trámite jurisdiccional amplio, desformalizado y de duración razonable. Este recaudo cobra particular relevancia en el caso como habrá de verse más abajo.

En tercer lugar, no obstante los señalados principios esenciales para la defensa de los derechos, las normas internacionales establecen una garantía de realización concreta, que eviten cualquier duda sobre la operatividad en la oportunidad que sea requerida.

Dicha garantía se entiende -según el citado art. 25- como “derecho a una tutela judicial efectiva”.

Ella comprende acceso libre y el desenvolvimiento amplio del trámite procesal atinente a la pretensión deducida, respecto de la cual el tribunal habrá de expedirse sobre el mérito mediante conclusiones razonadas (conf. Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos 1995. Comp. Informe Anual Nº 5/96, en el caso 10.970, Perú, del 1 de marzo de 1996).

Estas pautas reconocidas, vale la pena recordarlas, significan un compromiso ineludible y el franco respeto a los Estados partes (art. 1, inc. 1, del Pacto de San José de Costa Rica).

De suerte que el ‘trámite’ existe y, como tal, debe observársele en su letra y espíritu. Estas, en todo caso, enderezan a minimizar las formas y el tiempo empleado a favor de la calidad del derecho pretendido. Directivas que, por otro lado, han sido entendidas con un criterio amplio de operatividad y primacía de los tratados (conf. CSJN, causa ‘Ekmekdjian’ Fallos 315:1492), según la Convención de Viena (art. 27).

DELITOS QUE DEBEN SER INVESTIGADOS

El Señor Martín Antonio Balza, con el grado de Teniente Coronel del arma de Artillería, se desempeñó como Jefe del Grupo de Artillería 3 desde diciembre de 1979 hasta agosto de 1982, en la ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes.

En el marco de la causa referida, y en la cual se encuentran procesados y detenidos el General de División D. Llamil Reston y el Comandante Principal D. Domingo José Issler, y procesado sin detención los Coroneles Julio Santiago Canteros, Duilio Martínez, Reynaldo Treviranus, Julio Plazaola, (a la sazón Tenientes 1º Canteros y Martínez, Mayor, Treviranus, y Subteniente, Plazaola).

El señor Balza, como ya se refirió, se desempeñaba como Jefe del Gpo 3 de Artillería, donde según investigación formalizada por el periodista Carlos Rodríguez, en una publicación de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, en el ámbito judicial la investigación comenzó por indagar sobre los asesinatos de Carlos Marcón, Ricardo Zucker -hijo del actor Marcos Zucker- y de Lorenzo Viñas -hijo del escritor David Viñas-, quienes pasaron por el LRD conocido como “La Polaca”.

“La Polaca” es el nombre de una antigua estancia privada ubicada en Paso de los Libres, y que era utilizada por el Ejército.

Durante décadas, fue un secreto a viva voz que el lugar tuvo la función de encierros y torturas en el último período de la dictadura. Pero fue recién en 1998 cuando apareció la primera publicación periodística (en el desaparecido matutino “El Diario” de Corrientes) donde se daba cuenta de la existencia de un Centro de Clandestino de Detención (CCD) por el que habrían pasado centenares de prisioneros y que tenía estrecha vinculación con Campo de Mayo, eje de operaciones del Ejército a nivel nacional.

El predio está conformado por unas 40 hectáreas en un paraje rural, a pocos kilómetros del puente que une Paso de los Libres con Uruguayana. Esa ubicación fue elegida como uno de los puntos estratégicos del Plan Cóndor, y del llamado “Operativo Murciélago”, para detener militantes de la agrupación Montoneros que intentaban regresar al país a principios de los años ’80.

El secuestro de Viñas se produjo el 26 de julio de 1980, posiblemente en Paso de los Libres o en Uruguayana. Lo detuvieron junto con el sacerdote Jorge Adur. A partir de la declaración de una ex detenida en Campo de Mayo, se supo que tanto Viñas como Adur estuvieron con ella en ese lugar, que mantenía una fluida comunicación con Paso de los Libres.

En el año 2004, la investigación recobró vigencia tras conocerse un archivo privado donde, Carlos Waern, describía el funcionamiento de La Polaca. Tras conocerse el documento, Waern contó en una entrevista periodística el modo en que se realizaban los operativos que obligaban a los secuestrados a “marcar” a sus compañeros que intentaban cruzar la frontera. El “Operativo Murciélago” se comandaba desde la Jefatura II de Inteligencia del Ejército y se instrumentaba desde el Batallón de Inteligencia 601, en colaboración con el Grupo 3 de Artillería, al mando del denunciado Balza.

La confirmación de las fechas en las desapariciones de Viñas, Adur y Marcón comprometió seriamente al ex jefe de la Gendarmería, Pedro Pasteris, que en enero del ’80 –según figuraba en su propio legajo publicado en la página web de la fuerza– se hizo cargo de la jefatura del destacamento ubicado sobre el puente internacional. Esa información motivó el relevo del gendarme durante la anterior presidencia de Néstor Kirchner.

En la causa fueron procesados, entre otros, Jorge Oscar Félix Riu y Antonio Herminio Simón (Jefes del Destacamento 123), Ricardo Fernández (Encargado de La Polaca), Héctor Mario Juan Filippo (Oficial del Destacamento de Inteligencia 123).

La causa Waern, es la causa madre, y en ella, están imputados, el Gral. Reston, los Coroneles Duilio Martínez, Julio Canteros, Julio Plazaola, Reynaldo Treviranus, el Comandante General Domingo Issler, -todos defendidos míos- y otros más que no represento.

Ahora bien, si esto, el llamado “Operativo Murciélago”, el retorno de los Montoneros por el puente Paso de los Libres-Uruguayana, se produjo coincidente con las fechas de las detenciones, la de Viñas se produjo el 26 de julio de 1980, posiblemente en Paso de los Libres. Lo detuvieron junto con el sacerdote Jorge Adur, quien cruzó el puente con documentos falsos.

La inmensa mayoría de las causas no fue analizada, ni por la Fiscalía ni por este Tribunal a pesar de haber tomado conocimiento ambos de estos ilícitos cometidos por el denunciado y haber debido accionar de oficio.

Es decir se ha coartado la acción punitiva del estado en exclusivo beneficio del señor Balza, es decir ha logrado la impunidad total.

Independientemente de la posibilidad de aplicar sanciones a los autores de estos crímenes queda subsistente el derecho de los familiares y de la sociedad toda a la efectiva averiguación de la verdad.

Este derecho deviene como parte inseparable del ´derecho a la justicia´, tanto en el ordenamiento interno como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal en pleno, con fecha 20 de Abril de 1995, en “Mignone Emilio F. S/presentación en causa 761 E.S.M.A.” entendió que el derecho a la verdad constituye uno de los fines inmediatos específicos del proceso penal y refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Suprema recordó que: ´...los jueces tienen el deber de resguardar, dentro del marco constitucional estricto, la razón de justicia que exige que el delito comprobado no rinda beneficios´ (caso Tiboldi, José, Fallos 254-320, consid. 13)

Igualmente la Cámara citó en su apoyo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU (´Stone vs. Powel, 428 US 485, 1978), considerando que el procedimiento penal tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado el interés público que reclama ´la determinación de la verdad en el juicio, ya que aquel no es sino el medio para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia´.

Este derecho en este caso, no significa otra cosa que la obligación por parte del Estado de proporcionar todos los mecanismos que están a su disposición para determinar cómo ocurrieron y la búsqueda del responsable de los hechos ocurridos entre los años 1976 y 1983.

Es así, la obligación del Estado de reconstruir el pasado a través de medios legales que permitan descubrir la realidad de lo sucedido y de esta manera dar una respuesta a los familiares y a la sociedad, es incuestionable desde el punto de vista de la finalidad perseguida por el procedimiento penal.

Siendo el derecho a la verdad una parte del más amplio derecho a la justicia, cabe indicar que las obligaciones que tienen los Estados a raíz de estos crímenes son diversas:

A) obligación de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente (verdad);

B) obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia);

C) obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados (reparación).

Estas obligaciones no son alternativas ni son optativas, el Estado responsable debe cumplir cada una de ellas, y si bien son interdependientes, cada obligación admite un cumplimiento separado.

No es permitido que el Estado elija cuál de esas obligaciones habrá de cumplir, pero si -por hipótesis- una de ellas se tornara de cumplimiento imposible, las otras siguen en plena vigencia.

Nuestro país, al suscribir tratados internacionales, se comprometió a que las disposiciones contenidas en ellos se conviertan en derecho interno, aún mas, las incorporó a la Constitución Nacional por vía del art. 75 inc. 22.

Ahora bien, la obligación de investigar y revelar la verdad sobre las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos fundamentales, puede ser cumplida por la vía administrativa, la judicial o la del Poder Legislativa, o aún por las tres de manera simultánea, lo que importa es que el Estado cumpla, que lo haga de buena fe y en forma completa.

Ante esta obvia y clara obligación, del estado, ejercido a través del Ministerio Público Fiscal, y aún de oficio por V.S. deberá citar al señor Martín Antonio Balza, e indagarlo por los hechos investigados en el período por el cual los señores oficiales del ejército que se encuentran detenidos, con la injusta diferencia de grado y autoridad de comando que poseían en esa época, eran subtenientes, y tenientes, mientras que el denunciado revestía el grado de Teniente Coronel, y Jefe de un unidad de combate.

Cabe formularse el siguiente cuestionamiento a fin de buscar responsabilidades, ¿qué hizo el entonces Teniente Coronel Martín A. Balza? ¿Desconocía la existencia del LRD “La Polaca”? ¿Desconocía la existencia de detenidos en su jurisdicción? ¿Participó en el llamado Operativo Murciélago? ¿Supo el destino de los detenidos en dicho operativo?

Estas son sólo algunas de las respuestas que el señor Balza deberá contestar, para lo cual deberá ser llamado a indagatoria sin dilación alguna.

Este Oficial Jefe, como miembro de la Comunidad Informativa, poseía el pleno “DOMINIO DE LOS HECHOS”.

Intenta inculpar a Oficiales y Suboficiales de la propia fuerza que comandó por más de ocho años, y hace descaradamente un “mea culpa”, ¿ajena? ¿o tal vez propia?

El señor Balza deslinda responsabilidades y transfiere a otros la propia, siendo que es él, el principal responsable.

No es lo que ocurrió durante 1979 y pueden resultar testigos los hombres que integraban a esa fecha la guarnición Paso de los Libres.

Esto me permite deducir, que el entonces Teniente Coronel Balza que integraba el Área, por su jerarquía y cargo, estaba en ese entonces en estrecho contacto con la inteligencia, tanto de Paso de los Libres como del G2 del Comando de Cuerpo, del Batallón 601, y Jefatura II Icia del EMGE

Como auxiliar de la justicia, y por obligación profesional, que he jurado por la Constitución Nacional, formulo denuncia penal contra el señor Martín Antonio Balza por los delitos cometidos en ejercicio de su cargo y en el marco de la investigación de la lucha contra la subversión.

Para el hipotético y muy supuesto caso que tanto V.S. como el Ministerio Público Fiscal no dieran trámite a la presente denuncia de delito de acción e instancia pública, formulo reserva de recurrir ante la Excma. Cámara de Alzada, Casación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Consejo de la Magistratura.

CONTEXTO HISTÓRICO – RESPONSABILIDAD MEDIATA

En primer término debo aclarar que el contexto histórico al cual haré referencia, es el invocado por V.S. al momento del dictado de los procesamientos de mis prohijados, lo cual no infiere que esta defensa comparta este pensamiento, muy por el contrario, entiendo que el contexto histórico ha sido muy diferente, pero a los fines de investigar la conducta desplegada por el ahora denunciado Martín Balza, es el que debe ser tenido en cuenta, ya que la ley debe ser aplicada a todos por igual, y si mis asistidos son juzgados en este contexto, Balza también lo debe ser.

A los fines de efectuar un análisis detallado de la participación que les cupo al señor Martín Antonio Balza en la presente causa, corresponde efectuar una descripción somera del modo de funcionamiento de la estructura de poder que funcionó en la Argentina.

En tal sentido V.S. dijo: “… En este contexto, la Junta Militar dictó el Acta, el Estatuto y el Reglamento del “Proceso de Reorganización Nacional” y se relegó la Constitución Nacional a la categoría de “texto supletorio”.

Es de público conocimiento que en la causa N° 13/84, donde se juzgó la responsabilidad de los integrantes de las Juntas Militares que gobernaron el país desde 1976 hasta 1983 se dijo. “... en una fecha cercana al 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas derrocaron a las autoridades constitucionales y se hicieron cargo del Gobierno, algunos de los procesados en su calidad de Comandantes en Jefe de sus respectivas Fuerzas, ordenaron una manera de luchar contra la subversión terrorista que básicamente consistía en: a) capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia; b) conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares o bajo su dependencia; c) una vez allí, interrogarlos bajo tormentos, a fin de obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas, con el objeto de quebrar su resistencia moral; e) efectuar todo lo descripto anteriormente en la clandestinidad más absoluta, para lo cual los secuestradores debían ocultar su identidad; realizar los operativos preferentemente en horas de la noche, las víctimas debían permanecer totalmente incomunicadas, con los ojos vendados y se debía negar a cualquier autoridad, familiar o allegado, la existencia del secuestrado y la de eventuales lugares de alojamiento; f) amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o bien eliminado físicamente. Los hechos enunciados debían ser realizados en el marco de las disposiciones legales existentes sobre la lucha contra la subversión, pero dejando sin cumplir aquéllas reglas que se opusieran a lo expuesto anteriormente. Además, integraba el sistema ordenado la garantía de impunidad que se aseguraba a los ejecutores, por vía de lograr que los organismos legales de prevención del delito no interfirieran en la realización de los procedimientos, negando y ocultando la realidad de los hechos ante los pedidos de los jueces, organizaciones, familiares y gobiernos extranjeros, efectuando remedos de investigaciones sobre lo que ocurría y utilizando al poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera de que las denuncias eran falsas y que respondían a una campaña orquestada de desprestigio al gobierno.

Que conforme lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal en su solicitud de acumulación de causas, y las constancias de los autos caratulados “WAERN, CARLOS FIDEL Y OTROS S/ SUP. COMISIÓN DELITOS DE LESA HUMANIDAD” Expte 1-18239/04, la provincia de Corrientes, junto a las de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa, dependía del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. A su vez, la provincia estaba comprendida en las subzonas 23 y 24 del Segundo Cuerpo de Ejército.

Esta forma de organización de las fuerzas armadas, quedó plasmado en la sentencia del caso conocido como “Contraofensiva” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, (sentencia dictada el 18 de diciembre de 2007 en el expediente nro. 16307/06 caratulado “Guerrieri, Pascual Oscar y otros s/ privación ilegal de la libertad personal”. Allí quedó establecido: “Paralelamente al comando de cada zona había un denominador común para cada una de ellas, constituida por los centros de inteligencia, que tenían como centro de recepción y remisión de información, el llamado Batallón de Inteligencia 601, que a su vez dependía de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Y se agrega: “La intervención en los hechos del personal del Batallón de Inteligencia 601 y la forma en que desarrollaban las tareas surge del memorando fechado en el mes de abril de 1980, aportado por el departamento de estado del gobierno de los Estados Unidos de América, en el que consta que las personas que habían sido capturadas al reingresar al país habían sido trasladadas a Campo de Mayo…” (B. Materialidad particular, 2. Contexto Histórico. División del país entre los años 1976-1983 en zonas, subzonas y áreas).”

El Consejo de Defensa emitió el dictamen 1/75 y el Comandante General del Ejército la Directiva 404/75, mediante las cuales se mantuvo la distribución territorial del país para las operaciones necesarias, estableciendo quienes serían los responsables de éstas y las formas de su realización. La directiva 1/75 instrumentó el empleo de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales y demás organismos puestos a su disposición en forma conjunta, y adjudicó al Ejército la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el territorio de la Nación, la conducción de la comunidad informativa y el control operacional sobre la Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales. A su vez, la directiva 404/75 fijó las zonas prioritarias de lucha, dividió la maniobra estratégica en fases y mantuvo la organización territorial dividida en cuatro zonas, con subzonas, áreas y subáreas.

En relación a este esquema organizativo la provincia de Corrientes -junto a las de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa- estaba dentro del territorio que dominaba el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. A su vez, la provincia estaba comprendida en las subzonas 23 y 24 del Segundo Cuerpo de Ejército.

Que en esta jurisdicción se encontraba organizada la subzona 24, cuya jefatura estaba en la Brigada de Infantería III con asiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá (Ctes.), en tanto abarcaba la totalidad de la jurisdicción de Paso de los Libres, Mercedes, Monte Caseros, Corrientes (Ctes.)

La subzona 24 estaba dividida en las áreas militares: 241, 242, 243, 244, y 245. El área 241, se encontraba a cargo del Batallón Logístico 3 con asiento en la localidad de Curuzú Cuatiá (Ctes.); el área 242 estaba a cargo del Regimiento de Infantería 4 ubicado en el departamento de Monte Caseros (Ctes.); mientras que en el área 243 funcionaban el Regimiento de Infantería 5, el Grupo de Artillería 3 y el ya mencionado Destacamento de Inteligencia 123, todos ellos con asiento en Paso de los Libres y finalmente el área 245 estuvo a cargo del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 3 ubicado en Santo Tomé-Ctes.

Dable es reseñar que la Subzona 24, a cargo del Comandante de la III Brigada de Infantería con asiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá estuvo al mando de Rafael Zabala Carbo, desde diciembre de 1975, hasta diciembre de 1976 fecha en que asumió la jefatura el Comandante LLamil Reston, hasta enero de 1979 dejando al mando la Unidad a Mario Alfredo Piotti. El Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 3 habría estado a cargo de los Tenientes Coroneles Jorge Raúl Spinetta, desde 1975; Erasmo Rodolfo Barrios Rodrigo desde 1976, Elisardo Rogelio López, desde octubre de 1977; Guillermo Vicente Zuviría, desde octubre de 1979 y Félix Alberto Valenti Figueroa desde septiembre de 1981 y el Regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres, estuvo a cargo desde diciembre de 1976 a diciembre de 1978 del General Guillermo Añaños. …” (SIC AUTO DE PROCESAMIENTO DEL GENERAL LLAMIL RESTON, en autos: “SR. PROCURADOR FISCAL SOLICITA FORMACIÓN DE CAUSA DELITOS DE LESA HUMANIDAD” Expte. N° 1-19.361/07”.

Debemos agregar que el Grupo 3 de Artillería estuvo al mando del Teniente Coronel Martín Balza desde el 03 de diciembre de 1979 hasta agosto de 1982, período en el que se desarrolló la llamada “Contraofensiva” montonera, y de la cual no puede resultar ajeno el entonces Jefe del Grupo de Artillería Martín Balza, por el grado y la jefatura que ejercía en ese momento.

V.S. en la resolución referida sostuvo: “…Esta estructura de mandos, es la que llevó adelante el plan implementado por el Proceso de Reorganización Nacional en los hechos aquí investigados, con el fin de asegurar los fines propuestos en sus actas y estatutos. Que resulta necesario reparar que el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos -más de treinta años-, hace que para la reconstrucción de la verdad histórica, sea necesaria una especial valoración de los elementos de juicio, ya que el testimonio de quienes vivieron aquellos momentos se traduce en una oportunidad irreemplazable para conocer y profundizar sobre cómo habrían ocurrido, debiéndose considerar en forma comprensiva a tales circunstancias, todas las pruebas reunidas, para poder sostener la convicción que concluya en una resolución ajustada a derecho, siendo en este contexto en el cual tienen que ser apreciados los testimonios y en conjunto con la restante prueba obtenida.

Que tal como se ha expuesto dentro del contexto histórico, los hechos delictivos investigados fueron cometidos dentro de un plan sistemático cuya estructura respondía al poder del estado, y estuvo orientado en parte a implementar el terror, en la lucha contra la subversión, teniendo como nota característica de este obrar criminal que: a) los secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad que adoptaban precauciones para no ser identificados; b) en el secuestro solía intervenir un número considerable de personas fuertemente armadas; c) las autoridades con jurisdicción en el lugar solían estar avisadas del secuestro, apoyando -incluso- en ocasiones el obrar de esos grupos armados; d) los secuestros frecuentemente se realizaban por la noche en los domicilios de las víctimas y, en determinados casos, también se sustraían los bienes de la vivienda; e) las víctimas del secuestro eran posteriormente trasladadas en vehículos, se les impedía ver y comunicarse y se las ocultaba, circunstancias patentes en el caso de autos. (Véase Capítulos VII, VIII, IX y X del considerando Segundo de la causa 13/84 y capítulo I “La acción represiva” del informe efectuado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas).

En este orden de ideas y dadas las características de los sucesos investigados, cobra principal importancia la prueba testimonial. “La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de su privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios. En la especie, la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus autores, avala el aserto. No debe extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron como órgano de prueba revistan la calidad de parientes o de víctimas. Son testigos necesarios” (considerando Tercero, punto h de la causa 13/84).

Que ante la ausencia de testigos presenciales, este juzgado considera valido la valoración de testigos indirectos, en tales supuestos, la convicción respecto de la ocurrencia de la hipótesis delictiva se logra -junto con las circunstancias recién reseñadas- a través de otros medios probatorios o, básicamente, mediante indicios (en su mayoría, testigos de oídas).

Vale aclarar, sobre este punto, que el indicio “es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro”. “Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el hecho ´indiciario´ no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el ´indicado´: es lo que se llama ´univocidad´ del indicio. Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto del indicado, o al menos no es óbice para ella, la relación entre ambos será contingente: es lo que se llama ´indicio anfibológico´”.

“Puesto que el valor probatorio del indicio es más experimental que lógico, sólo el [indicio] unívoco podrá producir certeza, en tanto que el [indicio] anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá ser fundada sólo en aquél; el otro permitirá, a lo sumo, basar en él un auto de procesamiento o la elevación de la causa a juicio” (ver Cafferata Nores, ob. cit. pág. 179 y ss.).

Es así que, descartar o poner en tela de juicio la prueba testimonial prestada por victimas dentro de este tipo de proceso y valorando el contexto en el cual fueron cometidos las mismos, en tanto resulten éstos testimonios coincidentes y concordantes entre sí y con los demás elementos indiciarios, constituye un acto judicial excesivamente dogmático que afecta el fin mismo del proceso y de la justicia en su misma esencia.

Que los argumentos expuestos en relación a la valoración de la prueba, reflejan el sustento necesario -convicción- para el dictado de un auto de mérito dentro de las circunstancias en donde se produjo el supuesto hecho imputable. …” (SIC AUTO DE PROCESAMIENTO DEL GENERAL LLAMIL RESTON, en autos: “SR. PROCURADOR FISCAL SOLICITA FORMACIÓN DE CAUSA DELITOS DE LESA HUMANIDAD” Expte. N° 1-19.361/07,”

En el mismo sentido V.S. en los autos caratulados: “INVESTIGACIÓN DELITOS DE LESA HUMANIDAD-VICTIMAS RAMÓN AGUIRRE Y OTROS” Expte Nº 1-1586/77, y respecto de la autoría mediata sostuvo: “…V -Autoría Mediata-. En atención a las características de ejecución de los hechos delictivos tenidos por acreditados y la imputación efectuada al momento de la audiencia indagatoria de Reston y Añaños, atañe considerar la autoría mediata como elemento de imputación, esto es, analizar las reglas de imputación que posibilitan considerar responsables a los indagados de autos, y en especial a quienes no se encuentran involucrados en la ejecución directa y material del ilícito.

En oportunidad de expedirse en la sentencia del juicio a las juntas militares que usurparon el poder en Argentina entre los años 1976 y 1983 (conocida como causa 13/84), el tribunal interviniente se pronunció a favor del dominio del hecho como elemento idóneo para caracterizar al autor de un delito.

En este sentido, y luego de describir la evolución doctrinaria sobre el punto, la Cámara dijo que “...[e]n la República Argentina, si bien un número importante de autores siguió los lineamientos de la teoría formal-objetiva en materia de autoría...., se advierte un notable giro de la doctrina más moderna hacia la teoría del dominio del hecho lo que permite suponer su definitiva aceptación, especialmente en punto a la autoría mediata” (considerando séptimo, punto 3, a de la causa 13/84).

Puntualmente sobre la autoría mediata, y con base en lo señalado anteriormente, el Tribunal sostuvo que “...la forma que asume el dominio del hecho en la autoría mediata es la del dominio de la voluntad del ejecutor, a diferencia del dominio de la acción, propio de la autoría directa, y del dominio funcional, que caracteriza a la coautoría. En la autoría mediata el autor, pese a no realizar conducta típica, mantiene el dominio del hecho a través de un tercero cuya voluntad, por alguna razón, se encuentra sometida a sus designios. Se acepta un supuesto en el que puede coexistir la autoría mediata con un ejecutor responsable. Según Claus Roxin, junto al dominio de la voluntad por miedo o por error, hay que contemplar la del dominio de la voluntad a través de un aparato organizado de poder. Lo característico es la fungibilidad del ejecutor, quien no opera como una persona individual sino como un engranaje mecánico. Al autor le basta con controlar los resortes del aparato, pues si alguno de los ejecutores elude la tarea aparecerá otro inmediatamente en su lugar que lo hará sin que se perjudique la realización del plan total” (considerando séptimo, punto 5, a de la causa 13/84).

Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ocasión de revisar la sentencia de dicho Tribunal, que “...los superiores conservan el dominio de los acontecimientos a través de la utilización de una estructura organizada de poder, circunstancia que los constituye en autores mediatos de los delitos así cometidos. Son características relevantes de esta forma de aparición de la autoría mediata, el dominio que posee quien maneja discrecionalmente el sistema, no ya sobre una voluntad concreta, sino sobre una voluntad indeterminada puesto que, cualquiera sea el ejecutor de la orden delictiva, el hecho se producirá.”

Que las notas salientes de esta forma de autoría es la fungibilidad del ejecutor, quien no opera individualmente, sino como engranaje dentro del sistema, bastándole al autor con controlar los resortes de la estructura pues, aun cuando alguno de los ejecutores eluda la tarea, será reemplazado en forma inmediata por otro, que la efectuará. Esta concepción de la autoría mediata es plenamente aplicable a la causa, ya que la estructura jerárquica de la institución militar posibilita, a quien se encuentra en su vértice, la utilización de todo o parte de las fuerzas bajo su mando, en la comisión de hechos ilícitos” (Fallos: 309:1689, considerando 15 del voto de los Ministros Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué).

Así, el autor mediato o directo se sirve y utiliza el aparato de poder del cual el autor directo es meramente una pieza intercambiable o reemplazable.

En relación con ello, se trata de casos en los que “el plan de acción sólo puede ser puesto en ejecución por la voluntad de quien manda, y es controlado por él como jefe de una estructura organizada, cuyos escalones inferiores son fácilmente reemplazables por un número muy amplio de ejecutores directos, para el caso de que uno de ellos se negara a la realización de un acto individual” (Cfr. Sancinetti, Marcelo, Derechos humanos en la Argentina Post Dictatorial, Lerner, Buenos Aires, 1988, Pág. 27). Como puede observarse, en el aparato organizado de poder el dominio del hecho supone no el dominio de la acción como sucede en los casos de autoría directa o el dominio funcional, propio de la coautoría, sino principalmente el dominio de la voluntad del ejecutor. “El autor, pese a no realizar conducta típica alguna, mantiene el dominio del hecho a través de un tercero cuya voluntad, por alguna razón, se encuentra sometida a sus designios”. (Cfr. Op. cit. La Sentencia, p. 799).

En conclusión y sin necesidad de recurrir a mayores fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales, este Juzgado comparte dicho criterio, en cuanto puede considerarse autor mediato de un hecho criminal al jefe y la cadena de mandos que a través de un aparato de poder, domina la voluntad del ejecutor (subordinado a la estructura jerárquica). Asimismo debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que las órdenes ilícitas impartidas descendían por la cadena de mandos de cada arma traspasando desde las jerarquías superiores, a través de los cuadros intermedios, hasta llegar al ejecutor directo. Es por ello que, a excepción del autor material, los demás integrantes de la cadena de mandos y, con motivo de las funciones propias que tenían asignadas en el plan criminal, son autores mediatos de los delitos cometidos.

De hecho, los militares con intervención y en ejercicio de la comandancia al momento de los sucesos, mantuvieron el dominio de los crímenes que se producían bajo su esfera de mando, tenían plena disposición de los factores necesarios (como armas, automóviles, hombres, etc.) para llevarlos a cabo, se valieron del sistema, implementado lo que les permitía contar con hombres fungibles para su realización y, además, respecto de los detenidos ilegalmente a su cargo, más allá del conocimiento en particular de cada uno de ellos, tuvieron en sus manos la posibilidad de evitar la consumación de los delitos.

En conclusión, quienes ocupaban un rol jerárquico en la organización criminal deben responder en calidad de autores mediatos en razón de la supervisión y control que tenían sobre los hechos ocurridos bajo la órbita de la Sub Zona 24, lugar que ejercía el control operacional de las áreas, en la denominada guerra contra la subversión. En tal sentido Los Jefes de Subzona han obrado de “autores detrás del autor” o, como mejor señala Marcelo Sancinetti de “autores sobre el autor” y “... las órdenes impartidas ya constituyen un comienzo de ejecución de todo el plan, para el autor mediato. Entonces, a partir de este momento, el autor mediato es responsable con dolo directo o eventual de la tentativa de todos los hechos que podrían ser derivados de la ejecución, aunque finalmente no se produjeran todos los resultados previstos.” (“Derechos Humanos en la Argentina Post-Dictatorial”, Marcelo Sancinetti, Lerner Editores Asociados, Buenos Aires, 1988)…”

Con lo dicho por V.S. resulta autosuficiente para llamar a indagatoria al señor Martín Antonio Balza y no es necesario contar con pruebas directas que lleven a la certeza.

Esta certeza o convencimiento es requerido para dictar condena pero no para adoptar durante la instrucción una medida cautelar, respecto de la cual basta un juicio de probabilidad sobre la participación del imputado en los hechos.

En el marco de lo expuesto es que efectuará la valoración probatoria del objeto procesal con el fin de determinar la responsabilidad penal de Balza.

DELITOS IMPUTADOS

El Teniente General Martín Antonio Balza, y siguiendo el criterio de V.S. en las causas que se han invocado, sería responsable a título de autor mediato de los siguientes delitos, y que deben ser calificados -reitero a criterio de V.S.- como de lesa humanidad y enmarcados en las previsiones de los arts. 142, incs. 1º y 5º (texto según ley 21.338); 143, inc. 2º; 144; 144 bis, inc. 1º y último párrafo, y 144 ter, inc. 1º, del C.P., de acuerdo al texto de la ley 14.616, vigente al momento de los hechos, y en consideración que el denunciado Balza, no sólo habría participado y aún ordenado los delitos denunciados, bajo su comando, sino que también por haber podido tener conocimiento de estos, por su cargo de Jefe de la Unidad, con lo cual a lo menos, habría incurrido también en el delito de encubrimiento, bajo la modalidad de favorecimiento personal a sus subordinados (art. 277, inc. 2º del CP, texto L. 23.077) y omisión de denuncia art. 277 inc. 6º del mismo texto y ley, en función del art. 164 del viejo CPMP, Ley 2372.

Sin duda, de su arrepentimiento público efectuado, se infiere que para ello debe haber conocido las circunstancias del tiempo modo y lugar de los hechos por los cuales pidió perdón a la sociedad argentina, “quien se excusa se acusa”, nadie puede pedir perdón por algo que no ha cometido a título personal.

PETITUM

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

a) Tenga por instaurada formal denuncia contra el Teniente General (RE) Martín Antonio Balza.

b) Se fije audiencia a fin de ratificar la denuncia efectuada.

c) Se de intervención a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, corriéndosele vista al Dr. Eduardo Luis Duhalde, a fin que formule su adhesión por la tipificación de los delitos que se denuncian.

d) Se corra vista al Ministerio Público Fiscal.

e) Oportunamente se cite a indagatoria al denunciado Balza y en mérito de ello se disponga: a) la prohibición inmediata de salida del país librándose los correspondientes oficios a Dirección Nacional de Migraciones, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria b) Se ordene la detención del denunciado y puesta a disposición del tribunal.

f) Se requiera a la Dirección de Asuntos Humanitarios el legajo personal del Tte. Gral. Balza, como así también el Libro Histórico del Grupo 3 de Artillería de Paso de los Libres.

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Senador Provincial José Baucero y la PROSTITUCIÓN DIGNA

2011-05-10T16:57:00.001-03:00

El Senador Provincial por el Departamento San Javier, JOSÉ RAMÓN BAUCERO, nació y se domicilia en San Javier. Durante 2 años fue Concejal de esa Ciudad e Intendente por 4 años. Además, desde 2003, es Senador por ese Departamento de la costa santafesina.
Y muy suelto de cuerpo asegura que en esa localidad no existe la prostitución infantil. Pero aclara que si existe una PROSTITUCIÓN DIGNA.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asistencia y Seguridad Social de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, JOSÉ RAMÓN BAUCERO, asegura que en el Departamento que representa, existe una PROSTITUCIÓN DIGNA y que es, debido a los índices de desocupación. http://www.lt10digital.com.ar/noticia/idnot/110479/niegan-la-existencia-de-turismo-sexual-infantil--en-san-javier.html

Entonces surgen espontáneamente tres preguntas:

¿Qué ha hecho el Senador Provincial JOSÉ BAUCERO durante estos ocho años en ese cargo, para disminuir la desocupación en el Departamento al que representa? Por los datos actuales, parece que menos que nada.

¿Qué elementos hacen a la dignidad de la PROSTITUCIÓN?
¿La edad de la prostituida? ¿La prosapia de la familia der la prostituida? ¿Piensa promocionar el turismo sexual con PROSTITUCIÓN DIGNA? ¿A su familia, la va a promover a participar de esa PROSTITUCIÓN DIGNA?

Por último: ¿Qué investigación realizó para aseverar que no hay oferta de prostitución infantil en San Javier?

No debe haberse enterado el Senador JOSÉ BAUCERO que el Diputado Enrique Marín a expresado: “Cuando hablamos de caza también hablamos, muchas veces, de prostitución aunque parezca mentira. No es sólo la alegría del cazador o del turista, cuántas veces hemos escuchado que a San Javier vienen extranjeros organizados por empresas que además le ofrecen turismo sexual con menores. Y hasta ahora no se logró, no se quiso o no se pudo ponerle una mano encima a toda esta estructura que no deja de ser una estructura mafiosa.” http://edicion4.com.ar/index.php/component/content/article/36-online/1475-cuando-hablamos-de-caza-tambien-hablamos-de-prostitucion.html

Acaso ignora el Senador JOSÉ BAUCERO que Adriana Romero, del Foro de Profesionales de Turismo, asegura que estas ofertas “no pasan por el circuito de comercialización legal y tradicional de ningún hotel, no lo vas a encontrar en este circuito. Una oferta así forma parte de la ilegalidad.”
http://www.apropol.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7533&Itemid=84

El que califica como digna a la prostitución, JOSÉ BAUCERO desconoce que Viviana Caminos, de la Red Alto al Tráfico y la Trata de niños, niñas y adolescentes, sostuvo que la situación en el área metropolitana "es complicada respecto al turismo sexual con chicos" y mencionó que "se habla de 13 pibes captados por día para este negocio, pero el fenómeno involucra a todo el país". "En determinadas ciudades del interior, existe una aceitada vinculación entre remiseros, hoteleros y redes de trata para satisfacer los pedidos de los pedófilos que llegan al país"
En tanto, la Asociación Civil Casa Encuentro señaló que las principales provincias de reclutamiento serían Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, además de las mujeres ingresadas desde Paraguay, Bolivia y República Dominicana, entre otros sitios.
http://www.turisticaonline.com/6/noticias/3476/advierten_por_el_crecimiento_del_turismo_sexual_en_el_pais.html

Parece ignorar el Senador Provincial JOSE BAUDERO que desde Misiones Claudia Lascano, de la Coalición Alto al Tráfico y la Trata, afirma: “No hay una oferta de los hoteleros, ni tampoco por Internet. En Corrientes, el problema no está en las cabañas para los pescadores, que son gerenciadas por los dueños o por personas muy cercanas, ni en los hoteleros. El problema más grave es la naturalización de la explotación sexual de niñas : conserjes, remiseros, taxistas y mozos, sí la están ofreciendo mucho”.
http://mx.groups.yahoo.com/group/catwlac/message/11072?l=1

Acaso el Senador JOSÉ BAUCERO no se ha enterado que Rosa Acosta, Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, dice: “No obstante, hay departamentos del norte provincial donde la prostitución, que si bien no es un delito, es parte de la cultura. Acosta revela que esto ocurre en el departamento San Javier o en otras zonas cercanas. “Hemos visto casos de familias enteras que servían a gente poderosa en el trabajo doméstico, y donde era común que una niña del núcleo familiar se prostituya en manos de sus patrones. Y ahora, al desarrollarse otras actividades, como el turismo, se utilizan a los niños como medio para el placer.” http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=143548

Es imposible creer que el Senador JOSÉ BAUCERO ignora esta realidad. Entonces debemos sospechar que el Senador JOSÉ BAUCERO, está tratando de proteger estas prácticas atentatorias contra la dignidad de la mujer y contra los derechos humanos de niños, a los que el General Juan Domingo Perón consideraba que eran los únicos privilegiados. Cabe sospechar que el Senador JOSÉ BAUCERO considera que se debe privilegiar la prostitución que dignifica a la mujer.

Se debe presumir que el Senador JOSÉ BAUCERO, con sus afirmaciones, trata de desalentar cualquier investigación contra los secuestradores, traficantes y explotadores de esclavas sexuales.

Dios demandará sus acciones. Sus pares tienen la opción de repudiar sus expresiones y su conducta, o encubrirlo con su silencio.

Pero nadie lo felicitará por sus dichos.

Orlando Agustín Gauna

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Votá a Agustín Rossi Gobernador

2011-05-06T20:23:00.001-03:00

Agustín Rossi votó y fundamentó su voto a favor del matrimonio entre homosexuales, y ahora manifestó su compromiso con las minorías sexuales, por lo que lesbianas y gays tienen a quién votar para que los apoye en sus reclamos y reivindicaciones. Podrán reclamar baños públicos para “Lesbianas” y Gays”, del mismo modo que hoy existen para “Damas” y “Caballeros”. También podrán reclamar el cupo lésbico y gay, con el mismo derecho que el cupo femenino en las listas electorales.

Los católicos, los cristianos, los que apostamos a la vida y a la familia, nunca votaríamos a Agustín Rossi.

Pero hombres y mujeres, gays y lesbianas, cualquiera sea su concepción sobre las diferencias sexuales, deben pensarlo bien antes de votar a Agustín Rossi para Gobernador.

No supo administrar AQRO CONSTRUCCIONES S.R.L. Empresa constructora y quiere administrar la provincia de Santa Fe.

En el año 2005 la página Tercer Mundo online publicaba:

Una investigación de TM, revela que Rossi fue gerente de AQRO CONSTRUCCIONES S.R.L. Empresa constructora inhabilitada por el BCRA a operar en todo el país, en Febrero de 2001, por la liberación de 374 cheques sin fondos por un total de $ 314.129,15. Rossi, además, es conminado, el 23 de diciembre de 2003, por el API a pagar multas por omisión de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos y aportes sociales- Ley 5110 correspondiente a los años 1997,1998, 1999, 2001 y 2002. Fragmento TM papel.
Simultáneamente a su función pública como Concejal de la ciudad de Rosario, períodos 1987- 1991, 2002-2005, Agustín Oscar Rossi, era gerente de la empresa AQRO CONSTRUCCIONES S.R.L., junto a sus socios Dionildo Aquino, D.N.I. Nº 8.040.028 y Mario Ceferino Urbano DNI 10.926. 873.
La irregular quiebra de AQRO SRL, teniendo en cuenta que su titular, hasta octubre de 2001 (fecha en la que Rossi transfirió su cuota parte a Mario Ceferino Urbano por la irrisoria suma de $ 2500), se concreta con la ejecución de los bienes de AQRO SRL realizada en agosto de 2003. A la fecha, la deuda impaga por cheques emitidos porAgustin Rossi a nombre de AQRO SRL, es de $ 314.129,15 de los cuales sólo 73 han sido recuperados por un valor de apenas $ 57.926,52.
Estas operaciones, realizadas por el candidato, llevaron a la Sociedad, por él regenteada, a la “inhabilitación en todo el país para operar en Cta. Cte, dispuesta por el BCRA”. Situación de insolvencia patrimonial que culminó con la quiebra de la sociedad, en diciembre de 2002, que dejó el tendal de acreedores sin poder cobrarse. Rossi, emitió cheques sin fondos en forma sistemática desde el 13 de febrero de 2001, hasta el 20 de diciembre de 2001. Los cheques rechazados, 374, lo que hace un promedio de, aproximadamente 2 cheques emitidos sin respaldo, por día. Otro dato es que, luego de ceder su cuota societaria, Agustin Rossi emite, personalmente, 5 cheques sin fondos por un valor de $ 3.421,8 En su declaración a la Fundación Ejercicio Ciudadano, Rossi poco aportó a la consigna de la ONG que era “Cómo ver claro en el cuarto oscuro”. A la hora de reconocer sus deudas apenas enunció un crédito contraído con GMAC Financiera del cuál resta abonar 14.000, con el cuál adquirió, en octubre 2004, su Chevrolet Meriva 1,8, Mod. 2004, patente ERF 916. Pero hay más, las cuentas del Señor Rossi, además de su saldo deudor y sus deudas con el fisco provincial, deparan otras sorpresas de quien desea representar los interesas ciudadanos de los argentinos como Diputado Nacional. Los números y sociedad turbias del Candidato podrá usted leerlo en la Revista TM, por estos días en la calle.
Fuentes: BCRA (Banco Central de la República Argentina, base de datos Número de CUIT 20 136518772 Central de Riesgo) - Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe API (Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe) - Registro Público de Comercio Jurisdicción Rosario - Fundación Ejercicio Ciudadano - Registro Propiedad Automotor A todos aquellos que quieran difundir esta información, rogamos citar fuente.

Este Señor no tiene ninguna autoridad moral para decirle nada a ninguna iglesia del planeta, y si este pais no fuera Argentina, estaría, al menos, purgando servicios comunitarios, pero tiene la suerte de ser Diputado de la Nación.

¡Yo no lo voto!

Orlando Agustín Gauna

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